INVESTIGACIÓN

Multa millonaria y dos años de cárcel por fraude al fundador de la 'Garantía de Alquiler'

Mario Navarro-Rubio y su exmujer, Mónica Cobián, han sido condenados a pagar una multa de 3,2 millones de euros y a dos años de cárcel cada uno por intentar sortear el pago de las cuotas a la Seguridad Social

Hace una década crearon un producto llamado 'Garantía de Alquiler' que acabó en los tribunales con más de un centenar de denuncias por estafa

Mario Navarro-Rubio, uno de los responsables de la Garantía de Alquiler, ha sido condenado a pagar 3,2 millones de euros por defraudador

Mario Navarro-Rubio, uno de los responsables de la Garantía de Alquiler, ha sido condenado a pagar 3,2 millones de euros por defraudador / Nacho García

Alberto Muñoz

Alberto Muñoz

Mario Navarro-Rubio y su exmujer, Mónica Cobián, vendieron 'tranquilidad' a principio de los 2000. Lo hicieron a través de un seguro frente al impago de los inquilinos llamado Garantía de Alquiler, que, con el tiempo, acabó en cientos de reclamaciones ante la Justicia y en una plataforma de afectados que sigue activa años después. A pesar de que por el momento los tribunales no les han dado la razón, de aquella venta de 'tranquilidad' sí que ha resultado una condena por fraude en su contra. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de condenar a Navarro-Rubio y a Cobián a pagar una multa de 3,2 millones de euros y a dos años de cárcel cada uno por crear un entramado de entidades para sortear el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Así lo ha decretado una sentencia del pasado 10 de enero a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Contra el dictamen, que confirma un fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid de septiembre de 2022, todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

A partir el año 2000, Mario Navarro-Rubio, junto a Mónica Cobián, su exmujer, y a Pilar Rodríguez, su madre, empezó a comercializar un producto llamado Garantía de Alquiler. Se promocionaba en los medios de comunicación, lo recomendaban las agencias inmobiliarias y hasta se vendía en los estancos: por un módico precio inicial de 42 euros, se 'compraba la tranquilidad' de que, en caso de impago de la renta por parte del inquilino, el contencioso se sometería a un arbitraje independiente que ahorraría el tiempo y el dinero de un proceso judicial.

Intentaron eludir el pago de más de un millón de euros

Lo que en ese momento parecía una panacea, con el tiempo se convirtió en más de 200 reclamaciones ante la Justicia por estafa, aunque la Audiencia Provincial de Madrid, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, decidió desestimar el caso en 2020. En ese momento, sin embargo, Cobián y Navarro-Rubio ya habían utilizado un entramado societario del que se valieron, según el TSJ de Madrid, para intentar eludir el pago de más de un millón de euros en cuotas a la Seguridad Social.

Según constató a finales de septiembre del año pasado la Audiencia Provincial, juntos "crearon un entramado de 17 sociedades y asociaciones que venían a constituir de facto un grupo empresarial". Lo hicieron, además, "ocultándoselo a la Tesorería General de la Seguridad Social con la finalidad de dificultar a los servicios de inspección el conocimiento tanto del importe de las cuotas debidas como de los sujetos deudores, obstaculizando objetivamente la actividad inspectora".

De esta forma, explica la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, entre 2015 y 2018 las diferentes sociedades fueron generando una deuda propia por falta de pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Al fragmentar las cantidades entre tantas empresas y en cuatro ejercicios fiscales diferentes, hay cantidades muy pequeñas, como la deuda que generó la Empresa Promotora Española de Cortes de Arbitraje en 2015, que fue únicamente de 626 euros. Sin embargo, hay sociedades en las que los impagos adquieren una dimensión mayor. Por ejemplo, la empresa NCR Servicios Jurídicos dejó de pagar a la Seguridad Social por sí misma 234.559 euros entre 2015 y 2018, mientras que a través de Avantis Pólizas intentaron sortear la cotización de 408.811 euros en el mismo periodo de tiempo.

En total, sumando todas las empresas cobijadas bajo el paraguas de Navarro-Rubio y Cobián, la Audiencia Provincial de Madrid calculó impagos por valor de 1.079.477 euros. Exactamente esa cifra es la que tanto ese tribunal como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han condenado a pagar en concepto de indemnización a la Tesorería General de la Seguridad Social.

A eso, además, habría que sumarle una multa de 2.158.935 euros porque, según expresa la juez, el hecho de crear esas sociedades "implica el conocimiento y la voluntad por parte de los acusados de eludir el pago de cuotas y de evitar sufrir las consecuencias derivadas del impago mediante un mecanismo defraudatorio, evidenciando su actuación dolosa".

Aseguran que no les quedó otro remedio que ir "constituyendo empresas que se fueron arruinando"

El argumento esgrimido por la defensa para sustentar la creación de ese entramado societario del que habla la Audiencia Provincial es que, ante el "ataque sistemático" contra Mario Navarro-Rubio y sus empresas, no les quedó otro remedio que ir "constituyendo empresas que se fueron arruinando a medida que se dirigían contra ellas los ataques en redes sociales".

Garantía de Alquiler

Precisamente NCR Servicios Jurídicos, la de los más de 200.000 euros en cuotas impagadas, fue, junto a Avantis Legal, una de las dos empresas que se encargaron de reactivar la infructuosa Garantía de Alquiler. Años después de dejar de venderse este producto, ya en 2014, estas dos sociedades pantalla, constituidas supuestamente como despachos de abogados independientes, se pusieron en contacto con los clientes para disculparse por los "inconvenientes" que había causado otra empresa del trío formado por Cobián, Navarro-Rubio y la madre de este.

Bajo la apariencia de dos entidades nuevas, NCR y Avantis Legal aseguraban que habían investigado a los inquilinos morosos y que, a cambio de 345 euros, se podría reactivar el procedimiento para intentar recuperar el dinero que se les adeudaba. Un año después de, de nuevo, no cumplir con lo prometido en cuanto al cobro de esas deudas, según la versión de los afectados recabada en 2016 por El Confidencial, les llegó a todos una factura de 2.600 euros por los servicios jurídicos supuestamente prestados. Si no pagaban inmediatamente, eran presionados por teléfono y por correo electrónico.

"Ha habido tandas de SMS que son puro acoso: siete SMS en cuatro días, 11 emails en apenas dos meses en los que decían que nos habían metido en la lista de morosos. Hay gente a la que esto le afecta mucho psicológicamente", explicó una de las afectadas al citado medio. Este periódico ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con Navarro-Rubio para recabar su versión de los hechos.