Debate sobre las lenguas cooficiales
¿Qué se puede hacer ahora en catalán, gallego y euskera en la Unión Europea?
La posibilidad de utilizar las tres lenguas cooficiales se limita a comunicaciones con las instituciones y a intervenciones orales ante el Consejo y el Comité de las Regiones

Imagen de archivo que muestra varias banderas de la Unión Europea (UE) en Bruselas (Bélgica).
La posibilidad de utilizar el catalán, euskera y gallego en las instituciones de la Unión Europea es a día de hoy limitada. Se circunscribe a la correspondencia de los ciudadanos con las instituciones europeas, a unas pocas intervenciones orales en el Consejo -que reúne a los Estados miembros aunque en las reuniones participan en ocasiones consejeros autonómicos- y el Comité de las regiones -el órgano en el que están representados los entes locales y regionales- siempre que se solicite con un plazo de antelación “razonable” y condicionada a la existencia de los medios de interpretación necesarios, así como a la publicación de algunos textos legales.
Fue durante el mandato de otro presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, a mediados de 2005, cuando las tres lenguas cooficiales lograron la visibilidad que tienen hoy en día. La solicitud inicial, lo mismo que la cursada este verano por el Gobierno de Pedro Sánchez, apostaba por modificar el reglamento para reconocer oficialmente, en plena igualdad de condiciones, a las lenguas distintas del castellano que cuentan con estatus oficial en España y que citaron entonces como “el euskera, el gallego y la lengua que se denomina catalán en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la de las Islas Baleares y que se denomina valenciano en la Comunidad Valenciana”.
1,5 millones al año
La iniciativa chocó entonces con las reservas de otras delegaciones aunque el Consejo de Asuntos Generales (CAG en sus siglas en inglés) sí aceptó mejorar el reconocimiento por medio de acuerdos administrativos entre España y las instituciones europeas. Eso sí, para lograr luz verde, el Gobierno español tuvo que asumir los gastos administrativos de la interpretación y traducción y estimados en aquel entonces por el Gobierno de Rodríguez Zapatero entorno al medio millón de euros anuales para cada una de las tres lenguas, es decir 1,5 millones de euros al año.
A raíz de dicho pacto, España logró firmar acuerdos con el Consejo (2005), la Comisión Europea (2005), el Comité de las Regiones (2005), el Consejo Económico y Social (2005), el Defensor del Pueblo (2006) y el Tribunal de Justicia de la UE (2009) para posibilitar las traducciones en las comunicaciones e incluso la interpretación en algunas reuniones del Consejo y el Comité de las Regiones (CdR), lo que ha permitido que consejeros y representantes autonómicos puedan hablar euskera, gallego y catalán en reuniones oficiales y en los plenarios del CdR.
Revés en la Eurocámara
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Durante los dos primeros años en los que se admitió el uso de las tres lenguas en la correspondencia con el Parlamento Europeo, desde mediados de 2006 a mediados de 2008, no llegó ni una sola misiva, propuesta o queja en euskera mientras que en gallego fue recibida 1 sola petición y unas 40 en catalán. Desde entonces ha situación ha mejorado aunque solo ligeramente. Desde 2017, según los datos de los que dispone la Eurocámara, el número de las solicitudes de ciudadanos recibidas en alguna de las tres lenguas asciende a 687, todas ellas en catalán: 223 en 2017, 51 en 2018, 118 en 2019, 9 en 2020, 13 en 2021, ninguna en 2022 y 273 en 2023. La delegación del Parlamento Europeo en Cataluña traduce además notas de prensa y presentaciones al catalán lo mismo que la oficina de la Comisión Europea cuya web y notas de prensa también están en catalán.
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