Violencia contra las mujeres en la UE

La persistente violencia contra las mujeres es una de las asignaturas pendientes más graves de la Unión Europea (UE). El 33% de las mujeres mayores de 15 años de la UE ha sido víctima de violencia física o sexual y cada día son asesinadas como mínimo dos mujeres por su pareja o por un familiar, según los 788 feminicidios contabilizados en 2020 en los únicos 17 estados de la UE que facilitan datos.

Un instrumento clave para luchar contra esa lacra es el Convenio de Estambul, un tratado internacional del Consejo de Europea de 2011 que establece un marco para prevenir y luchar contra todo tipo de violencia contra las mujeres, proteger a las víctimas y perseguir a los agresores. Pero el convenio ha tropezado con una fuerte oposición en siete estados de la UE. El otro instrumento clave es la directiva europea para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que fue propuesta por la Comisión Europea en marzo de 2022 para cubrir el gran vacío legislativo existente en la UE. Pero la directiva lleva más de un año encallada en las discusiones de los grupos técnicos del Consejo de Ministros de la UE, debido también a las reservas de diferentes estados.

El Convenio de Estambul no ha sido ratificado a nivel nacional por Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia a causa de los planteamientos conservadores de sus gobiernos. Por su parte, en Polonia, el Gobierno ultraderechista de Ley y Justicia (PiS), hizo aprobar en el Parlamento en diciembre de 2020 una ley para limitar la efectividad de las medidas del Convenio de Estambul y evitar, por ejemplo, que pueda investigarse de oficio las agresiones físicas contra las mujeres en el ámbito doméstico.

Los obstáculos de Hungría y Polonia

El Gobierno polaco ha cuestionado además que el citado convenio sea compatible con la Constitución ante el Tribunal Constitucional, una institución obediente a las directrices gubernamentales y que ya se ha distinguido negativamente por declarar inconstitucional el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y rechazar la primacía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. En Bulgaria, el Gobierno de Boyko Borissov del Partido Popular Europeo, ya logró en 2018 que el Convenio de Estambul fuera declarado inconstitucional.

Ante el bloqueo creado por los citados estados, el Parlamento Europeo planteó en 2019 al Tribunal de Justicia de la UE la posibilidad de que el Consejo de la UE pudiera ratificar y adherirse al Convenio de Estambul por mayoría cualificada, sin esperar a la unanimidad y a la ratificación por cada uno de los estados miembros. El Tribunal de la UE avaló esa posibilidad en una sentencia de octubre de 2021 y esta semana los eurodiputados han ratificado formalmente el convenio con el objetivo de que el Consejo de la UE también lo haga en junio. La ministra alemana de la Familia, Lisa Paus, y la ministra francesa de Igualdad, Isabelle Lonvis-Rome, han urgido esta semana a que la UE complete sin más demoras esa ratificación y han denunciado las maniobras de los grupos ultraconservadores para obstaculizar con falsos pretextos la lucha contra todas las formas de violencia que sufren las mujeres.

La ratificación y adhesión global de la UE al Convenio de Estambul no sustituirá la no ratificación de los seis estados de la UE pendientes, ni los obstáculos creados por Polonia, y sus efectos se limitan a los ámbitos de competencias europeas. Pero reforzará el marco jurídico legal de la UE contra la violencia a las mujeres, en opinión del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea.

La directiva europea propuesta para luchar contra la violencia a las mujeres y la violencia doméstica es fruto de las reiteradas peticiones del Parlamento Europeo y la constatación por parte de la Comisión Europea de que no existe ningún instrumento jurídico específico en la UE que aborde ese grave problema y de que la aplicación del Convenio de Estambul a nivel nacional se ha revelado deficiente. La directiva establece normas mínimas a nivel nacional sobre definiciones de los diferentes tipos delitos de violencia contra las mujeres, una sanciones penales mínimas y los correspondientes agravantes, un alargamiento de los plazos de prescripción de los delitos, y amplias garantías sobre los derechos y la protección de las víctimas. Mientras el trámite de la directiva está avanzado en el Parlamento Europeo, con la incorporación de enmiendas para reforzar su contenido a nivel de comités, va muy atrasado en el Consejo de Ministros de la UE, como si no fuera prioritario.