Los sindicatos mantienen la presión en la calle, mientras Macron rechaza negociar sobre las pensiones

Los sindicatos franceses mantienen la presión este martes contra la reforma de las pensiones, mientras empieza a agrietarse el enroque del Gobierno de Emmanuel Macron. La coalición unitaria sindical organiza la décima jornada de movilizaciones —la octava bajo el marco de una huelga general— desde el 19 de enero contra la impopular subida de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años (con 43 años cotizados para recibir una pensión completa).

Pese a la dificultad evidente de impulsar este tipo convocatorias todas las semanas, aún más en estos tiempos de inflación, las organizaciones de trabajadores confían en la carta de los jóvenes —cada vez más movilizados— para que las protestas no pierdan fuelle. 

Más de 500 institutos —100 más que en la huelga general del jueves pasado— estaban bloqueados este martes por la mañana. Sciences Po París, la Sorbona, la Universidad de Nanterre, Dauphine, pero también la facultad de Lille 1, Lyon 2, Toulouse 2… Es larga la lista de centros universitarios que no abrieron las puertas. Desde la imposición el 16 de marzo de la reforma a través de un polémico decreto, y sin una votación parlamentaria, la contestación social de la medida derivó a una indignación más generalizada, canalizada contra el presidente Macron.

Este sentimiento de falta de democracia empujó la implicación de los jóvenes y aportó savia nueva a las protestas. El sector ferroviario —cerca de un 50% de los trenes han sido cancelados—, la recogida de basuras o las refinerías de combustible —en un 30% de las gasolineras de la región parisina hay problemas de escasez de gasolina— continúan movilizados. Más de 200 protestas tienen lugar en todo el país. Los servicios de inteligencia calculan que habrá entre 650.000 y 900.000 manifestantes. Es decir, una participación inferior a la huelga general de la semana pasada, que fue una de las más masivas y tensas de la actual oleada de protestas, la más multitudinaria en el siglo XXI en el bullicioso país vecino.

Clima tenso por la violencia de manifestantes y policías

Tras los numerosos disturbios y la dura respuesta policial del pasado jueves, el Ministerio del Interior anunció el despliegue de 13.000 agentes (5.500 de ellos en París). Se trata de la cifra más elevada de policías desplegados en la actual oleada de protestas, aunque lejos de los cerca de 90.000 policías en la calle en una de las protestas más tensas de los chalecos amarillos.

Después de la aprobación del texto a través de un decretazo, el pulso por las pensiones se ha endurecido. El clima social se ha vuelto inflamable, casi con tintes insurreccionales, aunque sin llegar a lo vivido con la revuelta de finales de 2018. Las autoridades informaron de cerca de 900 antidisturbios heridos desde el 16 de marzo, aunque la mayoría de ellos de manera leve. 

También se multiplicaron los casos de un uso abusivo de la fuerza policial. Por ejemplo, un sindicalista de la empresa ferroviaria SNCF perdió un ojo, una manifestante se quedó sin un dedo debido a una granada policial, jóvenes denunciaron tocamientos en sus partes sexuales por parte de agentes o un manifestante fue atropellado por agentes en moto.

A eso se le sumaron los duros enfrentamientos del sábado entre militantes ecologistas y la policía durante una manifestación contra unos grandes embalses en Saint-Solines, en el centro-oeste del territorio galo. Los manifestantes lanzaron piedras y cócteles molotov, los antidisturbios recurrieron a las balas de goma y utilizaron más de 4.000 granadas policiales. Actualmente, dos manifestantes heridos se encuentran en coma y su vida corre peligro.

“Macron no es De Gaulle”

“Macron no es De Gaulle y no tengo nada claro que esta estrategia de putrefacción de la movilización social le funcione esta vez”, explica a 'EL PERIÓDICO', del grupo Prensa Ibérica, el sociólogo Karel Yon, especialista en el movimiento sindical e investigador en el CNRS y la Universidad de Nanterre. El dirigente centrista logró en 2019 darle la vuelta a la revuelta de los chalecos amarillos gracias a la cronificación de la violencia y presentándose como el "partido del orden". Pero no está nada claro que suceda lo mismo esta vez. Hasta el 70% de los franceses apoyan las protestas, según los últimos sondeos. En ellos se observa el respaldo más elevado a las manifestaciones desde que empezó el pulso social.

Tras haber tenido un tono más bien chulesco en su entrevista del 22 de marzo, Macron moduló un poco su discurso y dijo el viernes que estaba dispuesto a reunirse con los sindicatos, pero con la condición de no hablar sobre la reforma de las pensiones. La primera ministra Élisabeth Borne prometió que no volvería a utilizar el polémico artículo 49.3, “salvo por las leyes presupuestarias”. Unas declaraciones que generaron cierta estupefacción, incluso en el Elíseo. 

Los dirigentes sindicales no son ingenuos y ven en estas declaraciones un postureo por parte de Macron, cuya inflexibilidad ha abocado su popularidad a los niveles más bajos desde la revuelta de los chalecos amarillos. “Hemos propuesto al Gobierno (…) que posponga su proyecto y nombre a un mediador, como en cualquier conflicto social”, declaró este martes Philippe Martinez, secretario general de la CGT. La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar: “No necesitamos a un mediador”, ha afirmado Olivier Véran, portavoz gubernamental. 

No obstante, este enroque del macronismo por las pensiones empieza a mostrar sus primeras grietas. El MoDem, uno de los partidos que componen la mayoría presidencial, sí que es partidario de esta mediación. Además, tanto los sindicatos como el Gobierno tienen puestas sus miradas en la decisión del Consejo Constitucional, equivalente del Tribunal Constitucional.

Según varios expertos, este organismo podría censurar parcialmente la ley debido a los múltiples mecanismos utilizados para acelerar los debates parlamentarios. Pero no se pronunciará hasta dentro de unas semanas. El pulso entre Macron, los sindicatos y la calle está lejos de haberse terminado.