La "paz total" de Petro en Colombia choca con numerosos obstáculos

La decisión del presidente Gustavo Petro

 de suspender el alto el fuego con el llamado 'Clan del Golfo', la agrupación criminal más grande y estructurada en Colombia, abrió un enorme signo de interrogación en relación a la viabilidad de su ambiciosa "paz total". El Defensor del Pueblo ha asegurado que el 'Clan', como se conoce al resultado de la confluencia de varias formaciones de ultraderecha que no solo trafican droga sino que han entrado a punta de pistola en la minería ilegal, ha burlado en varias oportunidades el cese de actividades armadas y mantiene acciones hostiles hacia la población civil.

"La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa", ha dicho el mandatario colombiano. El Estado, dijo el lunes, tomará medidas para que "el oro no sea de los que lavan dinero y del narcotráfico". El 'Clan del Golfo' hizo saber a través de su abogado, Ricardo Giraldo, que ha respetado la tregua acordada y no es el responsable de las manifestaciones violentas que se les atribuyen. "Estamos dispuestos a dialogar con las instancias oficiales correspondientes", dijo el grupo ilegal, según su letrado.

En este contexto comienzan a escucharse con mayor intensidad ciertos reparos al programa pacificador de Petro. "Impunidad total", opinó el expresidente,

Iván Duque

. "¿Tiene futuro la política de paz total?", se pregunta la revista 'Cambio'. De acuerdo con la publicación, "el Gobierno sigue siendo optimista" en relación a la posibilidad de hacer llegar a buen puerto su programa, pero -añade- "los observadores del conflicto temen que el presidente, por un intento noble de firmar la paz con todo el mundo, se quede sin el pan y sin el queso".

Los riesgos

El desafío que se plantea Petro es mayúsculo. Se trata de un camino sinuoso, propicio al tropezón. Para 'Cambio', la situación es "cuanto menos, poco alentadora" porque el 'Clan del Golfo' se ha fortalecido y las disidencias de las 

FARC

 intuyen que están en mejores condiciones para negociar con el Estado después de lo que ha sucedido recientemente en México durante las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla guevarista en activo.

"El ELN le metió todos los goles al Gobierno", sostuvo el comisionado de Paz de Juan Manuel Santos, Sergio Jaramillo. La semana pasada, esa insurgencia logró que se la considere una "organización armada rebelde". Lo pactado, sostuvo Jaramillo, no le da incentivos a esa guerrilla para que deja las armas. Hasta Roy Barreras, el presidente del Congreso, alineado con el programa de Petro, reconoció que hubo una "entrega prematura de beneficios" al ELN.

El pasado miércoles, el Gobierno presentó ante el Congreso su ley de sometimiento. Se busca a través de ese instrumento que narcos y bandas criminales se sometan a la justicia, confiesen sus delitos y suspendan sus actividades a cambio de un tratamiento penal especial, que incluye hasta ocho años de cárcel. "No hay diálogo ni negociación... ni ningún tipo de prebenda al narcotráfico", explicó el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil al presentar el proyecto a los legisladores. "No voy a permitir que pase esa ley", dijo el fiscal Francisco Barbosa.

El problema de las disidencias

La necesidad de alcanzar acuerdos con los grupos en activo parece haber relegado a un segundo plano la necesidad de velar por el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC. Santos, quien obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su papel en ese proceso, criticó a Petro por no cumplir el compromiso de campaña de llevar a cabo el pacto de La Habana descuidado por la Administración anterior. "Sin la implementación del acuerdo de paz con las FARC, cualquier intento de paz con otros grupos queda muy difícil", dijo.

Rodrigo Londoño, el excomandante de esa guerrilla y actual líder de Comunes, el partido heredero de las FARC, expresó a su vez su rechazo a la intención de la actual autoridad ejecutiva de negociar la paz con los integrantes de ese grupo que no aceptaron el acuerdo de 2016. "La implementación del Acuerdo corre grave peligro" escribió Londoño, alias 'Timochenko', en Twitter. "Estamos esperando que usted nos reciba para exponerle nuestras inquietudes y propuestas", añadió. Aseguró a su vez, sobre las disidencias de las FARC, que "la acción de este grupo y de otros con los que usted pretende llegar a un acuerdo para la paz total han apropiado el deseo de hacer trizas el acuerdo de paz. Increíblemente, todo ello pasa y es del conocimiento de funcionarios de su Gobierno”.

Desde noviembre de 2016 fueron asesinados 348 integrantes de la insurgencia que habían entregado las armas. El horizonte de altas expectativas de Petro se choca con la Colombia real, aquella donde, contabilizó el instituto de estudios para el desarrollo y la paz , 30 líderes sociales perdieron la vida a balazos en lo que va del año. Solo en 2022 tuvieron la misma suerte otros 215 dirigentes humanitarios, representantes comunales y sindicalistas.