La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Putin por presuntos crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este viernes una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como presunto responsable de crímenes de guerra por la deportación y el traslado ilegal de niños de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación rusa. Además de la orden contra Putin, el TPI también ha emitido una segunda orden de arresto contra la comisionada presidencial para los derechos del niño de la oficina del presidente, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por la misma acusación.

“Este es un momento importante en el proceso de justicia ante el CPI. Los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal (Karim Khan) y han determinado que existen acusaciones creíbles contra estas personas por los presuntos crímenes”, ha anunciado el presidente de la corte, Piotr Hofmanski. Aunque el CPI no ha aportado cifras ni ha cuantificado el número de niños afectados, el Partido Popular Europeo ha cuantificado en 16.200 menores los niños deportados de forma forzada a Rusia -la cifra que baraja el Gobierno de Volodimir Zelenski- desde el inicio de la guerra hace poco más de un año.

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Según la corte, con sede en La Haya, los crímenes se habrían cometido “presuntamente en los territorios ocupados de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022”, fecha del inicio de la guerra lanzada por el Kremlin. “Existen motivos razonables para creer que el señor Putin es responsable penalmente a título individual de los crímenes mencionados”, ha señalado el tribunal en un comunicado en el que considera hay “motivos razonables” para pensar que el máximo dirigente ruso ha cometido los actos de los que se le acusa “directamente, conjuntamente con otros y/o por medio de otros” y de “no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos” o que “permitieron su comisión y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”.

Aunque las órdenes son secretas para proteger a víctimas y testigos y para salvaguardar la investigación, el tribunal considera que dado que los presuntos crímenes son continuados y que la publicación de las mismas puede contribuir a evitar que se sigan cometiendo los delitos, es en interés de la justicia autorizar la divulgación pública de “la existencia de las órdenes, el nombre de los sospechosos, los delitos por los que se dictan las órdenes y los modos de responsabilidad. El anuncio del TPI ha sido recibido con plena satisfacción desde Kiev. El fiscal general, Andriy Kostin, ha calificado la decisión de “histórica” para su país y para el sistema de derecho internacional mientras que el jefe del estado mayor presidencial, Andriy Yermak, ha avisado de que esto es “solo el principio”.