España defiende su abstención sobre la investigación de la Corte Penal Internacional contra Israel

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene abierta una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el Ejército israelí y por milicias palestinas. “Estoy convencida de que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén Este”, dijo en 2019 la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. Es una batalla legal y diplomática internacional en marcha y de alta intensidad, que se libra no sólo en La Haya (sede del alto tribunal internacional), sino también en la de Naciones Unidas en Nueva York, en las distintas cancillerías europeas y en Bruselas. 

España se abstuvo el pasado 30 de diciembre en la votación de una resolución que pedía a la corte internacional pronunciarse sobre la legalidad de los 55 años de ocupación israelí de Palestina. El Ministerio de Exteriores ha defendido ahora esa posición en una respuesta parlamentaria escrita, a la que ha tenido acceso este diario. “España mantiene un firme compromiso con el Tribunal Internacional de Justicia”, dice el Departamento de José Manuel Albares, que al mismo tiempo recuerda que “el pasado 16 de enero, España se adhirió, junto con una mayoría de Estados Miembros de la Unión Europea, a la declaración propuesta por Palestina en Nueva York en la que reiteró su firme compromiso con el Tribunal Internacional de Justicia, el derecho internacional y el multilateralismo como eje del sistema internacional”. En esa declaración, votada a favor por España, se "rechazaban las medidas punitivas impuestas por el Gobierno israelí contra los palestinos y su liderazgo y sociedad en respuesta a la adopción de la Asamblea General de una resolución pidiendo opinión a la Corte Penal Internacional".

En este contexto, altos directivos del Ministerio han recibido esta semana al abogado palestino Raji Sourani (Gaza, 1953), que lleva -con su organización Centro Palestino para los Derechos Humanos- centenares de esos casos de crímenes de guerra contra militares israelíes en La Haya. En esa reunión han insistido en que España defiende su apoyo a la solución de dos estados, pero no han justificado por qué se abstuvo en la histórica votación de diciembre. Otros grandes países de la UE como Francia también se abstuvieron;  Alemania y Reino Unido, además de Estados Unidos, votaron en contra; Bélgica, Portugal o Polonia, a favor. La resolución se aprobó finalmente, por 87 frente a 26, y 53 abstenciones. 

“España se abstuvo ante una resolución que sólo pedía una mera opinión consultiva sobre la naturaleza de la ocupación, si es una ocupación prolongada y beligerante, sobre la política de asentamientos”, dice Sourani en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Sourani es un jurista que vive en Gaza y es conocido internacionalmente porque ha recibido el premio Robert F. Kennedy a los Derechos Humanos y el “Nobel alternativo” Right Livelihood. Es, además, miembro de la Comisión Internacional de Juristas. 

Israel y la Corte Penal Internacional

La pelea de Palestina por llevar los crímenes israelíes a juicio en el tribunal de La Haya ha sido un camino tortuoso. Finalmente, en 2021, la Corte Penal Internacional dictaminó en 2021 que tenía jurisdicción para juzgar los crímenes cometidos en territorio palestino (Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este). Abrió una investigación por los posibles delitos cometidos por militares y políticos de Israel y milicianos palestinos en los enfrentamientos en el eterno conflicto de Oriente Próximo. Todo lo ocurrido desde 2015, cuando se aceptó a Palestina como país adherido al Tratado de Roma, que es la base sobre la que se fundó en 2002 la Corte Penal Internacional. Los palestinos quieren que se incluya también la guerra de Gaza de 2014. Aquel año, Israel bombardeó la franja cercada y dejó más de 2.200 muertos, en su mayoría civiles, y medio millón de desplazados, además de 66 soldados israelíes fallecidos.

Sourani y el Centro Palestino por los Derechos Humanos documentan, desde hace años, posibles casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad para presentarlos a la CPI. Buscan fotografías, planos de las casas destruidas, los datos de los misiles utilizados, testimonios de los testigos, o los detalles de la cadena de mando para identificar al acusado, por ejemplo los comandantes del Ejército israelí que han ordenado bombardear zonas civiles muy pobladas. Todo lo hacen en representación de sus clientes, que son las víctimas de los bombardeos o de la ocupación, o sus familiares, si estas han fallecido. Luego las agrupan bajo epígrafes concretos, antes de llevar el caso al tribunal internacional: la propia ofensiva contra Gaza de 2014; el bloqueo de Gaza [cerrado por tierra, mar y aire por Israel]; el “pillaje” de los recursos palestinos, como el agua; o la política de asentamientos, las miles de colonias ilegales que pueblan Cisjordania, explica el abogado palestino. 

Sin embargo, los avances en la investigación están siendo escasos y muy lentos. Según Raji Sourani, el nuevo fiscal, el británico Karim Khan, ha frenado el caso que construyó su predecesora Fatou Bensouda. “Creo firmemente que Khan ni es capaz ni quiere avanzar en la investigación”, dice Sourani. “Ha politizado la CPI, y selecciona los casos. Cuando Ucrania fue invadida y ocupada por Rusia, él reaccionó perfectamente, rápidamente… En menos de dos meses, tiene un equipo de 53 personas, ha visitado Ucrania siete veces, hace declaraciones diarias y entrevistas. Sobre Palestina no ha dicho ni una sola palabra”.

Es complicado que ningún responsable de los crímenes contra civiles de Israel (o de Hamás) se termine sentando en el banquillo de los acusados de La Haya. De las 26 órdenes de arresto emitidas por la CPI en estas dos décadas, el grueso son de casos relacionados con África o la ex Yugoslavia. Sin embargo, el impacto colateral de una investigación o una condena es muy elevado: pone a los denunciados en riesgo de ser detenidos si viajan al extranjero. Además, supone una reprimenda moral internacional que Israel trata de evitar a toda costa.