Los sindicatos franceses vuelven a la calle por la reforma de las pensiones con la mirada puesta en el Parlamento

El deporte preferido de los franceses no es jugar al fútbol ni al rugby, sino manifestarse. En Francia, suele hacerse esta broma sobre la tradición contestataria —en parte, gracias a ella han conservado uno de los estados del bienestar más avanzados en Europa— del bullicioso país vecino. Tras unos últimos años marcados por la letargia en la calle que impuso la pandemia, los sindicatos galos han reanudado esta vocación con la oleada de protestas contra la reforma de las pensiones, la más multitudinaria desde 2010.

Este jueves impulsan la quinta jornada de huelgas y manifestaciones en el conjunto del territorio francés contra el aumento de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años (con 42 o 43 años cotizados para recibir una pensión completa). Unas protestas que se producen en un momento de impás en el intenso pulso entre los sindicatos y el Gobierno de Emmanuel Macron. Las organizaciones de trabajadores hicieron en el último mes una demostración de fuerza con hasta tres movilizaciones (19 y 31 de enero y el 11 de febrero) con alrededor de un millón de personas en la calle, según los datos austeros de las fuerzas de seguridad. Pese a esta oleada contestataria, el presidente Macron no parece dispuesto a ceder.

Calentamiento antes de las huelgas en marzo

Por consiguiente, los sindicatos han advertido que a partir del 7 de marzo intentarán “paralizar Francia”, si el Gobierno mantiene la impopular medida, rechazada por el 67% de los franceses, según el último sondeo del instituto CSA. Quieren que ese día empiecen huelgas ilimitadas en sectores clave de la economía y la vida colectiva, como los transportes o la recogida de basuras, entre otros. Como sus esfuerzos están puestos en endurecer los paros laborales a partir del mes que viene, las movilizaciones de este jueves han quedado en un rango inferior. Representan un simple calentamiento antes de los idus de marzo.

Su seguimiento está siendo menor en comparación con las precedentes. El tráfico ferroviario se ha visto menos afectado: circulan el 50% de los trenes regionales y el 80% de los de alta velocidad. El metro en París funciona con cierta normalidad. Un 30% de los vuelos en el aeropuerto de Orly han sido cancelados.

Según el Ministerio de Educación, el 7,7% de los maestros y profesores respaldan el paro nacional de este jueves, lo que representa la mitad en comparación con la huelga general del 7 de febrero. Además de la dificultad de ausentarse de su puesto de trabajo todas las semanas —aún más en tiempos de inflación— y que los sindicatos tienen la mirada puesta en marzo, otro de los motivos del seguimiento inferior son las vacaciones escolares invernales, que tienen lugar actualmente en más de la mitad del territorio galo.

“Mientras el Gobierno no retire su reforma, la movilización continuará. Pensamos que después de este periodo de vacaciones escolares, tendremos que alzar la voz”, aseguró este jueves Philippe Martinez, secretario general de la CGT, uno de los sindicatos con un mayor número de afiliados en Francia. Junto con Laurent Berger, secretario general de la moderada CFDT, Martinez lleva las riendas de esta oleada de protestas. Ambos participan este jueves en la manifestación en Albi (sur del país) en aras de mostrar el importante seguimiento en localidades pequeñas y medianas. “El Gobierno estaría completamente loco si sigue haciéndose el sordo ante tal contestación”, ha advertido Berger.

Tensión en la Asamblea Nacional

Pese a la fuerte presión social, el examen de la reforma avanza en la Asamblea Nacional. Como la medida no ha sido elaborada como un proyecto de ley tradicional, sino dentro del presupuesto rectificativo de la Seguridad Social, su paso por la cámara baja debe durar apenas once días. Los debates se terminarán este viernes y luego pasarán al Senado. 

Esta discusión parlamentaria ha quedado marcada por la fuerte crispación. Un diputado de la Francia Insumisa (afines a Podemos) tachó de "asesino" al ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, mientras que un representante de un partido afín a Macron amenazó al número dos de la derecha republicana de “romperle los dientes” durante una acalorada discusión la semana pasada en el hemiciclo, según informó el semanario de investigación Le Canard enchaîné.

El Ejecutivo macronista, que no dispone de mayoría absoluta y depende respecto a esta reforma de una frágil alianza con Los Republicanos (LR, afines al PP), sufrió un primer revés el martes cuando la mayoría de diputados votaron contra el artículo 2, que obligaba a las empresas a informar sobre su porcentaje de trabajadores de más de 50 años. Las miradas están puestas ahora en si llegará a debatirse antes del viernes a medianoche el artículo 7, que retrasa la edad mínima de jubilación. 

Si Macron sufriera otro revés en este sentido, esto no supondría el adiós definitivo del polémico texto. En el sistema político galo, el poder ejecutivo tiene mucho más poder que el legislativo y el presidente siempre podría aprobarlo por decreto, a través del polémico artículo 49.3. Pero el Gobierno prefiere evitar pagar este coste ante la opinión pública, ya de por sí muy hostil ante el aumento hasta 64 años de la edad legal de jubilación. Independientemente de cuál sea el desenlace de este pulso con los sindicatos, el dirigente centrista saldrá probablemente debilitado. Todo ello en plena guerra de Ucrania y en medio de las turbulencias económicas por la crisis energética y la inflación.