Lula decide expulsar a la minería ilegal que subyuga a los indígenas yanomami

'Garimpo' es el modo en el que se denomina a la minería ilegal en Brasil, un estrago que creció durante el Gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro hasta el punto de ocupar 196.000 hectáreas del territorio, una superficie tan grande como la ciudad de São Paulo. El recién estrenado presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha decidido esta vez tomar medidas más enérgicas contra esa actividad, desarrollada en parte en zonas indígenas, entre ellas las de los Yanomami.

La muerte de 99 niños de la comunidad originaria yanomami durante la era de Jair Bolsonaro activó en las actuales autoridades la decisión de expulsar a casi 20.000 'garimpeiros' de esas zonas ricas en oro. La operación que se está llevando a cabo estos días por fuerzas de seguridad, el Instituto Socioambiental y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) no tiene precedentes. "Ya hemos llevado a cabo acciones de destrucción del material y hemos arrestado personas", dijo el comisario de la Policía Federal Humberto Freire. La policía se ha incautado de un avión, botes, armas y depósitos de gasolina con el propósito de detener la maquinaria de la extracción.

Brasil y el riesgo del bolsonarismo

"El hecho de que sea ministra, y el hecho de que hayamos visitado una tierra yanomami en Roraima y hayamos visto la desgracia que está ocurriendo con ese pueblo abandonado, nos llevó a firmar ayer un decreto para sacar definitivamente a las mineras ilegales de las tierras indígenas de este país", explicó Sonia Guajajara, la titular del ministerio de Pueblos Indígenas, el pasado 21 de enero. “No habrá más sobrevuelos, ni más barcazas", dijo, por su parte, Lula.

Escape masivo

Los medios de prensa brasileños han divulgado fotografías y videos con la huida masiva de 'garimpeiros'. El objetivo principal del Gobierno, explicó el ministro de Justicia Flávio Dino, es expulsarlos sin recurrir a la fuerza para evitar que se agrave la situación entre los mineros ilegales y los indígenas. Dino ha asegurado que parte de los invasores han pedido el apoyo del Gobierno Federal para abandonar esas regiones que son sobrevoladas por aviones de la Fuerza Aérea Brasileña.

Existe otra razón por la cual el Gobierno intenta no recurrir a la violencia y fue explicada por el ministro de Defensa, José Mucio Monteiro. Alrededor de los 'garimpeiros' hay muchas personas "inocentes" que "trabajan en las minas para mantenerse" y que son las esposas e hijos de los mineros ilegales.

Temor a los contagios

Lucia Alberta Andrade, de la FUNAI, expresó su temor a que la salida en masa de esas personas derive en la invasión de otras zonas protegidas, no solo en Roraima, sino también en el estado de Pará. De acuerdo con el diario paulista' Folha', estos invasores podrían "entrar en contacto con pueblos aislados" que ni siquiera tienen contacto con los yanomami. "El acercamiento de los mineros ilegales puede llevar agentes patógenos a estas poblaciones, que no tienen inmunidad contra muchas enfermedades". Andrade advirtió al respecto: "cualquier contacto puede desencadenar un genocidio".

La cuestión de fondo

El 'garimpo' es una "historia de oro y sangre", sostiene el exsecretario de Política Económica del primer Gobierno de Lula, Marcos Lisboa. "La tragedia contra el pueblo yanomami ha despertado finalmente la indignación y la solidaridad. Las tasas de homicidio han aumentado alrededor de un 20%". Según la revista 'Piauí' ese territorio ha sido uno de los más afectados por el devastador crecimiento de la minería.

Iami Gerbase, periodista y activista de la organización de defensa de los derechos indígenas Survival International, a su vez, dijo a 'Folha' que las personas que están abandonando la extensa reserva yanomami, que usan maquinarias muy costosas, aviones y helicópteros, son apenas la punta del iceberg de "un enorme y millonario plan minero coordinado y financiado por empresarios muy ricos". El gobernador de Roraima, Antonio Denarium , un entusiasta seguidor de Bolsonaro, funcionó como garante de la actividad a partir de varias leyes. Los especialistas recuerdan que el Gobierno petista de la destituida presidenta Dilma Rousseff -que gobernó de 2010 a 2016- fue también indulgente con el "garimpo"; una ley de 2013 reconocía la posibilidad de la "buena fe" en las transacciones comerciales de oro de las minas.

Larissa Rodrigues, del Instituto Escolhas, documentó el impresionante entramado de empresas de los principales compradores de oro de Brasil: más del 50% procede de fuentes ilegales. Por eso, el comisario Freire sostiene que financistas y encargados de blanquear el dinero proveniente de un negocio ilícito deben cargar con las sanciones mayores. "Ellos tienen una responsabilidad mucho mayor", señala. El Gobierno parece tener el mismo razonamiento. El ministro Dino aseguró que el Estado buscará a los propietarios de las minas ilegales y quienes blanquean su dinero, así como a los responsables de los daños ambientales. Según indica, "estas personas están siendo identificadas por imágenes y serán objeto de la investigación policial".