PRESUNTA CORRUPCIÓN EN LA UE

El Parlamento Europeo activa el procedimiento para retirar la inmunidad a dos eurodiputados salpicados por el Qatargate

El inicio del trámite responde a la solicitud realizada por las autoridades belgas a principios de año

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante su rueda de prensa de este lunes.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante su rueda de prensa de este lunes. / FREDERICK FLORIN

Silvia Martínez

Un mes después del estallido del Qatargate, el presunto escándalo de corrupción que ha golpeado de lleno al Parlamento Europeo, esta institución empieza a tomar medidas para atajar el problema y evitar que vuelva a repetirse. Además del plan de reforma para reforzar la transparencia y “restaurar la confianza” de los ciudadanos, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha comunicado este lunes al pleno de la Eurocámara el inicio del procedimiento para retirar la inmunidad parlamentaria a dos eurodiputados socialdemócratas salpicados por el caso: el belga Marc Tarabella, cuyo domicilio fue registrado en diciembre ante la presencia de Metsola -tal y como requiere la legislación belga- y el italiano Andrea Cozzolino

La petición se produce tras la solicitud cursada por las autoridades judiciales de Bélgica. La maltesa ha urgido a todos los servicios y comisiones responsables a que den prioridad a este procedimiento para llegar a una conclusión en un plazo de un mes. Este mismo lunes, de hecho, los coordinadores de la comisión de asuntos jurídicos han designado a la francesa Manon Aubry, de la Izquierda Europea, como ponente de preparar la recomendación que, en última instancia, tendrá que votar el pleno del Parlamento Europeo. "Haré este trabajo con rigor para que la justicia avance con la eficacia y rapidez que se necesita", ha dicho la eurodiputada de Francia Insumisa.

El primer debate sobre la retirada de la inmunidad podría tener lugar en la reunión de la comisión de asuntos jurídicos prevista para el 23 y 24 de febrero. Tanto Tarabella como Cozzolino, suspendidos por sus respectivos partidos tras estallar el escándalo, podrán solicitar intervenir en la misma y ser escuchados, un derecho que al menos el italiano, según han anunciado sus abogados, tiene intención de ejercer. Con la información recabada, los ponentes elaborarán un informe de recomendación que someterán a voto -se aprueba por mayoría simple- en la siguiente sesión plenaria.

Decisión en febrero

Según los plazos con los que trabajan en la Eurocámara, dado que el siguiente pleno del Parlamento Europeo tendrá lugar del 13 al 16 de febrero, la comisión parlamentaria podría convocar una reunión extraordinaria durante la primera quincena de febrero para votar los informes y que puedan ser presentados en esa sesión. Si el pleno levanta la inmunidad parlamentaria de ambos eurodiputados las autoridades belgas podrán investigar y presentar cargos contra ambos políticos. “Desde el inicio de la investigación, Marc Tarabella ha reiterado que está a disposición de la justicia y ha pedido ser interrogado para poder defenderse. También ha dicho que no se esconderá detrás de su inmunidad parlamentaria”, decía recientemente su abogado Maxim Töller que este domingo insistía en la cadena belga RTL TVi que su cliente no ha recibido ni promesas, ni dinero ni regalos por apoyar a Qatar. 

Si reconoce, en cambio, que Tarabella no habría cumplimentado el formulario, como está obligado, sobre un viaje a Qatar efectuado a comienzos de 2020. “Se trata de un viaje pagado por la comisión de los derechos del hombre de Qatar -avión y cuatro noches de hotel- para asistir a una conferencia coorganizada por el Parlamento Europeo sobre redes sociales y su vínculo con la libertad de expresión y la protección de activistas”, explicó Töller. Según este abogado, ni Tarabella ni otros cuatro eurodiputados habrían rellenado la declaración a tiempo. Cozzolino, que ha dimitido de la comisión que investiga el escándalo Pegasus y de la comisión UE-Marruecos, también ha reivindicado su inocencia a través de sus abogados que han indicado que defenderá su inocencia a la comisión de asuntos jurídicos y responderá a todas las preguntas.

Además de comunicar la petición de las autoridades belgas, la presidenta Metsola también ha informado al resto de eurodiputados el plan de medidas con el que aspira a atajar los problemas destapados por el Qatargate y que incluyen una prohibición de cualquier actividad que pueda entrar en colisión con las actividades del Parlamento Europeo, garantizar más información al público, más formación sobre denunciantes y el refuerzo de las medidas de lucha contra la corrupción. "Cualquier abuso y mal uso de las herramientas tiene que ser abordado", ha dicho Metsola. "Estas medidas son solo el principio, no el final. Vamos a empezar por las cosas que se pueden aplicar con rapidez pero vamos a ver cómo hacer más reformas en profundidad", ha añadido.

Cuatro imputados por ahora

Hasta el momento hay cuatro personas inculpadas por el escándalo del Qatargate, acusadas de corrupción, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal en una supuesta trama de compra de favores a cambio de influir en decisiones políticas y económicas del Parlamento Europeo que investigan las autoridades belgas. En primer lugar se encuentra la socialista griega Eva Kaili, arrestada el pasado 9 de diciembre y despojada del título de vicepresidenta de la Eurocámara el 13 de diciembre en un voto aprobado prácticamente por unanimidad, y que no pudo beneficiarse de la inmunidad parlamentaria que le confiere el cargo porque las autoridades constataron la existencia de un “flagrante delito”. En su casa se encontraron bolsas llenas de dinero y está en prisión preventiva desde que estalló el escándalo. 

Es el caso también de su pareja, el italiano Francesco Giorgi, asistente parlamentario de Andrea Cozzolino, y con vínculos con la oenegé Fight Impunity, que dirige a su vez el ex eurodiputado socialista, el también italiano Pier-Antonio Panzeri. Las autoridades belgas consideran que Panzeri, diputado europeo entre 2004 y 2019, que presidió la subcomisión de derechos humanos entre 2017 y 2019 y responsable de la delegación para las relaciones con los países del Magreb, es el cerebro de la drama. En su residencia en Bruselas las autoridades también se incautaron 600.000 euros en metálico que sumados al dinero encontrado en la casa de Kaili-Giorgi suma entorno a 1,5 millones de euros. También está inculpado de los mismos cargos el secretario general de otra oenegé, No Peace wihout justiceNiccolò Figà-Talamanca, que tiene sede en el mismo edificio que la ONG que dirige Panzeri.