El Tribunal Supremo acepta que la Fiscalía brasileña investigue a Bolsonaro por actos antidemocráticos

"Llegará su hora". En agosto de 2021,

Jair Bolsonaro

, todavía aferrado a su sueño de ser reelecto, amenazaba al juez del Tribunal Supremo (STF), Alexander de Morares. Pero todo sucedió al revés. De Moraes acaba de acceder a un pedido de Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general) de investigar al expresidente por su posible participación como autor intelectual del asalto a la sede de los tres poderes del Estado el pasado domingo. 

La PGR pidió que el excapitán del Ejército, en Estados Unidos desde el 30 de diciembre, sea incluido dentro de las tareas de dilucidación de los hechos que estremecen a ese país y al mundo, y por los cuales hay centenares de personas bajo arresto. Bolsonaro invitó en los hechos a quedar en la mira de los responsables de la investigación al compartir, pocas horas después del 8E, un video que sugiere que la victoria en las urnas de

Luiz Inacio Lula da Silva

en los comicios del pasado 30 de octubre contó con los favores del Tribunal Superior Electoral (TSE) y el STF. Bolsonaro borró después esas imágenes, pero su mensaje ya había calado en la ultraderecha.

A partir de ese hecho especialmente se abrió la puerta para que entrara en escena el procurador general adjunto de la República, Carlos Frederico Santos, coordinador del recién creado Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos. Santos formuló su solicitud al STF en nombre de 79 fiscales. Se ha pedido también a Meta, dueña de Facebook, que conserve la publicación del ex mandatario, incluso después de haber sido eliminada.

Hasta el momento, la PGR tiene abiertas siete investigaciones sobre la intentona golpista que apuntan no solo a quienes estuvieron en Brasilia como autores materiales sino a posibles financiadores, instigadores e, incluso, autoridades públicas implicadas.

Otras complicaciones

Tras su derrota electoral, Bolsonaro se refugió en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial en el distrito capitalino, y se llamó a silencio. Mientras callaba, el bolsonarismo más extremo cortaba carreteras y se reunía a las puertas de los cuarteles para reclaman una intervención militar que impidiera el comienzo de la presidencia de Lula bajo el argumento de que había vencido en una contienda viciada de legitimidad.

Antes de que la PGR hiciera su petición al STF, los medios de prensa analizaban la posibilidad de que el expresidente fuera a su vez investigado por otro episodio que escandaliza a

Brasil

: el hallazgo del borrador de un decreto en la casa del exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, con la proposición de medidas de emergencia para "corregir" el veredicto de las elecciones que le habían resultado adversas al Gobierno. Torres ha sido destituido como secretario de Seguridad de Brasilia por su presunta connivencia con los conjurados. Se encuentra en Estados Unidos. El ministro de Justicia, Flávio Dino, advirtió que su antecesor tiene hasta el lunes para volver al país y presentarse ante la Policía Federal. De lo contrario, se pedirá su extradición.

El documento de tres páginas no tiene fecha de escritura. Lo que espanta es su contenido. Se ordenaba poner al TSE bajo control del Ejecutivo "con el objetivo de garantizar la preservación y el inmediato restablecimiento de la transparencia y corrección del proceso electoral presidencial de 2022".

 De acuerdo con Cristina Serra, columnista del diario paulista Folha de San pablo, ese proyecto de decreto "es una prueba más que concluyente de una trama golpista" porque "alguien lo pensó, buscó una base legal (inexistente), escribió y lo entregó en manos de Torres".

Tras el 8E, Lula logró blindar al Gobierno. Ha obtenido el respaldo de los medios, las grandes empresas e incluso gobernadores regionales que días antes eran bolsonaristas. También recibió un apoyo y una solidaridad internacionales masivos. "Brasil no tendrá otra oportunidad como esta para enfrentar la contaminación golpista de sectores de las Fuerzas Armadas y del aparato de seguridad del Estado, incluida la policía militar", estimó Serra. "Bolsonaro debe regresar a Brasil para ser debidamente procesado. ¿Es peligroso que vuelva? ¿Enardecerá su regreso a la chusma demente? Un riesgo mayor es la percepción de impunidad, que erosiona la confianza en las instituciones".

Desbandada en la derecha

En este contexto, parte de la derecha tradicional comenzó a tomar distancia de Bolsonaro. El exjuez y actual senador, Sergio Moro, tuvo un papel crucial para el triunfo electoral del excapitán en 2018, cuando condenó a Lula. Bolsonaro lo premió con el ministerio de Seguridad. La relación entre ambos se deterioró y Moro abandonó el Gobierno. Luego se anuló el juicio contra Lula. De paladín republicano, el exmagistrado pasó a ser un confabulador. El odio al líder del Partido de los Trabajadores (PT) volvió a aproximarlo a Bolsonaro en campaña electoral. Moro ganó su banca pero, ante los sucesos de Brasilia tomó otra vez una distancia que acentuó con la revelación del proyecto de decreto. "Está claro que es inconstitucional. Hay que respetar el resultado de las elecciones. La oposición debe hacerse por medios democráticos, en forma de ley y sin violencia", dijo.

Gastos en la tarjeta de crédito

El papel jugado por el Gobierno de ultraderecha durante la pandemia, que provocó casi 700.000 muertos, y la promoción constante de fake news de carácter difamatorio, son otras posibles causas judiciales que le esperan a Bolsonaro. Por estas horas se conoció otra potencial investigación en su contra por el uso desaforado de la tarjeta de crédito que tenía por su condición de hombre de Estado. Mientras estuvo al frente del Ejecutivo gastó 5,6 millones de dólares en panaderías, restaurantes y heladerías.