Argentina: de la euforia mundialista al conflicto político y judicial

Argentina ha hecho de sus fuertes contrastes una moneda común. Pocas horas después de la histórica euforia mundialista, salieron otra vez a la superficie los profundos conflictos políticos que anidan en la sociedad. Las procesiones multitudinarias dejaron una enseñanza tanto al Gobierno como la oposición: ninguno de los contendientes pudo capitalizar una algarabía que lleva nombres propios, los de Leo Messi y todo el plantel del seleccionado. Y como la política no puede ofrecer un territorio común, apenas callaron los cánticos de celebración, se impuso la disputa más agría cuando el Tribunal Supremo ordenó al presidente Alberto Fernández que suba del 2,32% al 2,95% los fondos federales que recibe la ciudad de Buenos Aires, la capital del país que administra uno de los más serios aspirantes a desplazar al peronismo del poder en los comicios de 2023, el alcalde Horacio Rodríguez Larreta.

La navidad tuvo, por lo tanto, el color de la alegría y, a la vez, la sombra de un conflicto institucional de envergadura cuya semilla se plantó en 2020. En septiembre de ese año, Fernández había reducido la cantidad de dinero que el principal distrito financiero, político y cultural del país venía recibiendo durante la gestión de Mauricio Macri, quien lo había triplicado a través de un controvertido decreto. La ciudad de Buenos Aires protestó y el máximo tribunal respondió favorablemente a su reclamo. El mandatario encontró el respaldo de la mayoría de las provincias, administradas por el peronismo. La oposición amenazó con impulsar el juicio político de Fernández y acciones judiciales contra sus principales colaboradores en el área de la economía. El jefe de Estado supo de entrada que los magistrados intentaron, con su dictamen, darle un pase de gol al aspirante de una derecha que tiene otros dirigentes que pelean por la misma candidatura: Macri y su exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Argentina: entre la victoria mundialista y la crisis política

El trasfondo político

"Es un fallo político, de cara al año electoral", dijo Fernández. "Estoy convencido de que la resolución (del Supremo) carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional". Más allá de su enojo en las redes sociales, el presidente intenta lograr el equilibrio imposible entre la moderación y el choque frontal con sus adversarios. Ese punto intermedio supuso recusar el dictamen, pero, a la vez, transferir por 90 días los fondos reclamados. El Gobierno nacional pagará con bonos, de la misma manera que saldó una deuda con Santa Fe, la provincia de Messi.

"Las decisiones judiciales son obligatorias aún cuando las estime injustas", sostuvo el presidente. A su criterio, ese es "el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley". Fernández instruyó a su ministro de Economía, Sergio Massa, para que envíe al Parlamento un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias los recursos necesarios para hacer posible cumplir el pronunciamiento del Supremo. "Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce", matizó.

La reacción de la ciudad de Buenos Aires

De acuerdo con el diario Ámbito Financiero, el Gobierno hará en rigor un depósito en las cuentas de la ciudad, pero esos títulos no se podrán utilizar hasta que no se dirima el pleito por completo. Esa es la razón por la cual el alcalde Rodríguez Larreta criticó a Fernández. "Hace todo a medias", asegura. La ciudad de Buenos Aires presentó una nueva denuncia judicial según la cual el Gobierno nacional no cumple con lo dispuesto por el Supremo. Los bonos anunciados, se ha asegurado, valen un tercio de lo que debe pagarse. "Los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento", aseguró además el distrito capitalino.

La derecha ha cantado victoria, como ha ocurrido con la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a principios de mes, en una causa por corrupción. Cada una de sus facciones intenta acreditarse el triunfo. “¡Ganamos! El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina. Suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional”, dijo Bullrich. Más allá del curso de la disputa, los analistas coincidieron en que ha sido el alcalde el receptor de un portentoso regalo navideño de parte de jueces que han desafiado en más de una oportunidad al Ejecutivo. Este nuevo paso ha permitido a Rodríguez Larreta subir sus acciones como precandidato presidencial en 2023, por encima de Bullrich e incluso el propio Macri. Su condición de principal opositor al peronismo alcanza por estas horas dimensión nacional.