España advierte de que el “plan Biden” contra la inflación perjudica a las renovables nacionales

El plan de Joe Biden para luchar contra la inflación se ha plasmado en centenares de miles de millones de euros en subvenciones a sus empresas “verdes”. Pero viene con condiciones: que la cadena de valor de la producción se quede en Estados Unidos. Eso podría perjudicar a las firmas españolas, en particular a las del sector de la energía renovable, según fuentes del Gobierno, que advierten de que este plan estadounidense es inaceptable y podría contravenir las normas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Antes, los miembros de la UE tratarán de coordinar una respuesta conjunta. En el mejor de los casos, se conseguirá que las empresas europeas tengan una excepción, total o parcial, a esa especie de “buy american”, del mismo modo que las tienen ya  de Canadá o México. En el peor, Moncloa no descarta que se acuda a la OMC.

La Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) aprobada por la Administración de Joe Biden contempla una inversión total de 669.000 millones de dólares (635.000 millones de euros) para tratar de reactivar la economía, azotada por altos índices de subida de precios. En concreto, habrá unos 300.000 millones para reducción del déficit en el presupuesto de este año y 369.000 millones más para programas de Seguridad Energética y Cambio Climático en los próximos diez años. Este último paquete tomará la forma de subsidios en los que se primará la inversión en empresas estadounidenses. Este es el punto que crispa al Gobierno de España y a los del resto de socios europeos. Afecta especialmente a las firmas de renovables, energía en la que España es una potencia industrial. También a la automovilística, porque favorece los proyectos de vehículos verdes de empresas americanas como Ford o Tesla. 

El Gobierno español se opone a la configuración actual de la ley estadounidense, porque tiene unos requisitos muy estrictos para que las empresas puedan solicitar las subvenciones: básicamente, que se lleven a Estados Unidos toda o parte de su cadena de valor, lo que puede tener un efecto importante de deslocalización de inversiones hacia ese país. 

España va a alinearse con Francia, que defiende una línea dura respecto al tema. Emmanuel Macron carga habitualmente contra el IRA (la última vez, el pasado viernes en la cumbre de países del mediterráneo en Alicante). Hace dos semanas, el presidente galo viajó a Washington para encontrarse con su homólogo Joe Biden, y le pidió coordinar las agendas económicas de Estados Unidos y Europa para superar la crisis provocada por la guerra de Ucrania, que se libra en suelo europeo. Mostró su preocupación por que la ley contra la inflación de Biden se convierta en una vuelta al proteccionismo y al “buy american” de Donald Trump.

El tema se va a tratar este jueves en el Consejo Europeo, que por lo demás va ya cargado de contenido económico (el tope al precio del gas y la reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea, además de la ayuda financiera a Ucrania). Tanto Bruselas como Madrid consideran que la mejor opción para evitar la confrontación económica por las ayudas contra la inflación de Biden es que se incluya una excepción para  las empresas del viejo continente, como ya se hace con Canadá o México. Si se es socio en temas como la invasión rusa u otros, alega Moncloa, no se puede excluir a las compañías de una u otra zona en los planes de recuperación económica.

Si Washington no entra en razón, no se descarta acudir a la OMC, el organismo global multilateral ante el que se presentan las quejas de competencia económica desleal. Al mismo tiempo, se insta a responder con un plan alternativo de subvenciones propio de la Unión Europea.

La UE ya ha lanzado fondos de inversión y subvenciones tras la llegada de la pandemia y la guerra en Ucrania. En cuestiones energéticas y de lucha contra el cambio climático, Bruselas puso en marcha el plan REPowerEU, con el que se espera invertir hasta 300.000 millones de aquí al final de la década para dejar de depender energéticamente de un país externo, como ha sido el caso de Rusia, al tiempo que se impulsan las energías verdes. Está también en marcha el esquema de fondos Next Generation, 750.000 millones hasta 2026 de apoyo a la economía lanzados para compensar el impacto de la pandemia. 

Moncloa tampoco descarta la creación de un fondo soberano europeo, como baraja la Comisión Europea. La presidenta, Ursula von der Leyen, ha anunciado que se lo propondrá a los Veintisiete este jueves, precisamente como “respuesta” a la Ley de Reducción de Inflación de Estados Unidos. Europa busca tener una política más asertiva, sobre todo en tecnologías clave de las renovables, para mantener la competitividad y el atractivo de Europa, y atraer inversiones, según fuentes del Gobierno.

Consejo Europeo clave

En el Consejo Europeo de este jueves se va a tratar de concretar también las reglas para limitar el precio del gas, llamadas técnicamente Market Correction Mechanism. España va a defender que ese tope al precio de la energía venga referido a índices como el asiático o el americano, a lo que se añadiría un “premium” o precio fijo extra. Alega Moncloa que el precio se está desacoplando del valor real porque hay mucha especulación. No se reflejan los fundamentales del mercado del gas, en concreto del gas licuado o GNL. Hay que hacer algo para paliar la factura de hogares y empresas, y en ello están trabajando los ministros de Energía de la Unión este martes. En función de cómo de cerrado dejen un acuerdo, el Consejo del jueves será más o menos intenso. 

España pide también que el tope del gas se acuerde de forma conjunta con otros asuntos del sistema energético, como el establecimiento de un mercado de solidaridad en el suministro de energía. Una plataforma conjunta que obligue a ceder parte del gas si hay escasez en otro de los países socios. Y, con todo ello, un debate también sobre la tramitación y obtención de permisos para la puesta en marcha de las instalaciones de energía renovable (permitting).

Antes de la cita de este jueves, Bruselas acogerá el miércoles la primera cumbre de líderes de la UE y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), integrada por diez países de esta parte del globo, si bien para esta ocasión no habrá presencia de Birmania, gobernada por una junta militar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en ambas reuniones y aprovechará la cita con los países asiáticos para mantener sendos encuentros bilaterales con el presidente de Filipinas, Bongbong Marcos, y con el de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc.