Deriva autoritaria

El Parlamento Europeo señala a Hungría: no es una democracia plena

Una resolución de la Eurocámara denuncia los "esfuerzos deliberados" del Gobierno de Viktor Orbán por menoscabar los valores europeos | La Comisión propondrá el domingo la congelación de miles de millones de fondos europeos en el marco de la condicionalidad del estado de derecho

Víktor Orbán.

Víktor Orbán.

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La “falta de una acción decisiva de la Unión Europea” ha contribuido “a la ruptura de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales en Hungría, convirtiendo al país en un régimen híbrido de autocracia electoral”. Es lo que sostiene un informe del Parlamento Europeo aprobado este jueves que reprocha al Consejo -la institución que representa a los gobiernos de la UE- no haber logrado “avances significativos” en los procedimientos abiertos contra el país que dirige Viktor Orbán. Según la Eurocámara, Hungría no puede considerarse una democracia plena y no debe recibir los fondos europeos de la recuperación hasta que no cumpla con las recomendaciones.

A ojos de los eurodiputados, Hungría representa una amenaza sistémica y un riesgo claro de violación grave de los valores europeos. El informe expresa su “profunda preocupación” y condena “los esfuerzos sistemáticos deliberados del gobierno húngaro por menoscabar los valores en que se fundamenta la unión”. También destaca que la situación se ha exacerbado considerablemente desde que la Eurocámara activara el artículo 7 del Tratado en septiembre de 2018 -el botón nuclear que permite castigar con la retirada del derecho de voto en el Consejo a a un Estado miembro por su deriva autoritaria- y lamenta “profundamente” la incapacidad del Consejo para lograr avances significativos en los procedimientos que están en curso porque con su “inacción” ha contribuido a la aparición de lo que denominan “régimen híbrido de autocracia electoral”.

Concretamente, los eurodiputados lamentan la incapacidad que ha demostrado el Consejo en estos últimos cuatro años para frenar el retroceso democrático y avisan de que seguir retrasando la adopción supone una vulneración del principio del Estado de de derecho por parte del propio Consejo. Entre las peticiones del informe: urgen a la Comisión Europea a no aprobar el plan de recuperación de Hungría hasta que no cumplan con todas las recomendaciones del semestre europeo y apliquen las sentencias relevantes del Tribunal de Justicia de la UE. También reclaman excluir al país de la financiación de programas de cohesión que contribuyan al mal uso de los fondos de la UE o a vulneraciones del Estado de derecho y aplicar el mecanismo sobre condicionalidad del presupuesto que permite congelar fondos europeos.

Apoyo de Vox

De los 534 eurodiputados que han participado en la votación 433 han votado a favor, 123 en contra y 28 se han abstenido. La resolución contaba con el aval de 5 de las 7 grandes familias salvo los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y la ultraderecha de Identidad y democracia. Salvo algunas limitadas excepciones ambos grupos, incluidos los eurodiputados de Vox, han votado en contra de reprobar a Orbán.

“La situación se ha degradado dramáticamente”, alerta la ponente del informe, Gwendonline Delbos-Corfield, sobre una situación que ha empeorado desde el estallido del covid-19. Entre las cuestiones que más preocupan a los eurodiputados están la independencia de la judicatura, la corrupción y las libertades fundamentales. “Las conclusiones de este informe son claras e irrevocables: Hungría no es una democracia. Era más urgente que nunca para el Parlamento adoptar esta posición, dado el ritmo alarmante al que se deteriora el Estado de derecho en Hungría. Esto debe servir de llamada de atención para el Consejo y la Comisión”, ha reivindicado.

Congelación de fondos

La bofetada de la Eurocámara a Orbán, simbólica más que práctica, llega en vísperas de una propuesta de Bruselas para congelar miles de millones en aplicación del mecanismo de condicionalidad por las continuas violaciones del estado de derecho. El plazo para tomar una decisión expira el próximo miércoles pero el Ejecutivo comunitario se ha visto obligado a adelantar la reunión del colegio de comisarios a este domingo debido a problemas de agenda por el funeral de la reina Isabel II.

Aunque el Gobierno de Viktor Orbán ha dado algunos pasos en las últimas semanas al prometer la creación de una autoridad antifraude para controlar el uso de los fondos europeos, la revisión de la ley de contratos públicos, la reforma de la normativa sobre declaración de bienes de los parlamentarios o la inclusión en la ley de la obligación de prestar apoyo a las inspecciones in situ de la OLAF, en Bruselas no se fían y quieren hechos más que palabras.

El diario húngaro Népszava mencionaba antes del verano que estaban en juego unos 8.800 millones de euros del período 2021-2027 aunque dados los compromisos asumidos por Budapest en las últimas semanas, Bruselas podría revisar a la baja el montante. Una vez que la Comisión formalice la propuesta, será el Consejo de ministros de la UE -que reúne a los representantes de los Veintisiete- quien tenga que tomar una decisión por mayoría cualificada. Para ello dispondrá de un plazo de un mes prorrogable a tres.

Los gobiernos podrían inclinarse por agotar este plazo para dar margen a Orbán a aprobar los cambios y cumplir sus promesas lo que le aseguraría que no habría congelación de fondos. En paralelo a este tira y afloja, Bruselas y Budapest mantienen otro frente abierto para concluir las negociaciones sobre el plan de recuperación húngaro, el único que hasta ahora no ha bendecido la Comisión por sus dudas en torno a la corrupción y el estado de derecho. El tiempo en este caso también apremia. Si Budapest no firma el acuerdo financiero antes de finales de año podría perder hasta el 70% de los 7.200 millones preasignados.

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