El gasto de defensa en España: un aumento a contracorriente

El contexto ya estaba definido desde la cumbre de la OTAN de 2014 y la actual guerra en Ucrania no ha hecho más que acelerar lo que ya era un compromiso asumido por España para aumentar su gasto en defensa hasta el 2% del PIB. Lo que ahora ha decidido el Gobierno es fijar 2029 para lograrlo (en lugar de 2024, como se acordó en Gales) y añadir de inmediato otros 1.000 millones de euros a los 21.500 (con criterios OTAN) que se habían presupuestado para este mismo año, sin esperar a lo que salga de la discusión sobre los Presupuestos Generales del Estado del inminente otoño.

Para unos ese aumento es imperioso y hasta llega tarde. Es innegable que España ha perdido capacidades militares en estos últimos años, que algunos sistemas de armas están a punto de terminar su vida útil, sin un relevo claro a la vista, y que el mantenimiento de una capacidad de disuasión creíble está en peligro si no se cuenta con medios que contrarresten los de nuestros posibles adversarios. También lo es que el personal militar ha perdido poder adquisitivo y que con los salarios actuales resulta muy difícil captar a buenos profesionales en áreas de alta exigencia técnica. Visto así, solo cabría aceptar acríticamente la inevitabilidad de dicho gasto.

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Pero, para otros, el compromiso ‘otánico’ no puede dejar al margen los graves problemas de orden social y económico que sigue generando la respuesta a la crisis que estalló en 2008 y la pandemia que todavía estamos sufriendo. Eso supone, por un lado, la necesidad de atender preferentemente al bienestar, tratando de cubrir las necesidades básicas del conjunto de la población y evitando que nadie quede atrás, así como llevar a cabo las reformas imprescindibles para encarar el futuro con mayor confianza, conscientes de que la crisis climática demanda un cambio estructural de modelo. Por otro lado, es obvio que hoy la seguridad ya no puede pensarse en términos nacionales, dado que ningún país puede garantizar en solitario su propia seguridad. Para un país como España, que se identifica con quienes apuestan por una Unión Europea que cuente con medios propios para defender sus propios intereses, eso debería pasar por incrementar su apuesta europeísta, sumándose a proyectos de defensa que pongan en común recursos humanos y presupuestarios en pos de una verdadera Europa de la Defensa.

No se trata, por tanto, de negar el derecho a la defensa de todo Estado ni de renunciar a los medios militares como instrumento de disuasión y último recurso. Tampoco cabe olvidar que hay actores con capacidad y voluntad de apropiarse de lo ajeno por la fuerza y que no siempre basta con la diplomacia y las relaciones comerciales para frenar su apetito. Pero, antes de embarcarse en una senda alcista como la que se anuncia, cabría considerar al menos dos aspectos claves. Por una parte, la necesidad de desarrollar un debate nacional sobre el peso que debe tener la defensa en la agenda nacional, considerando a qué amenazas nos enfrentamos y si para hacerles frente es necesario responder con más armas clásicas, en una carrera sin fin para dotarnos de sistemas cada vez más caros y complejos, manteniendo ejércitos voluminosos. Por otra, basta con entender que la fuerza militar no puede detraer más recursos que aquello que pretende defender, y lo que ahora resulta prioritario es mantener la paz social con medidas políticas (y presupuestarias) que eviten un mayor deterioro. Porque, de lo contrario, llegaremos al absurdo de que no haya ya nada valioso que defender.