Derecho al aborto

El Tribunal Supremo de EEUU deroga el derecho al aborto

La corte judicial desplaza a los estados el derecho a legislar sobre la protección del embarazo

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“La Constitución no da un derecho al aborto. Roe y Casey son derogados y la autoridad para regular el aborto vuelve al pueblo y sus representantes elegidos”. Con esa frase los seis jueces de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos han puesto este viernes fin a casi cincuenta años de protección constitucional del derecho al aborto (el sexto juez conservador, John Roberts, ha votado a favor de mantener una restrictiva ley de Misisipí en el centro del caso pero ha dicho que habría tomado "un camino más comedido" que la derogación).

La sentencia, que se esperaba desde que se filtró un borrador en mayo, marca un punto de inflexión en la historia de los derechos reproductivos de EEUU. Representa un auténtico terremoto político y social que indudablemente va a marcar de forma intensa la vida política en el país, que enfrenta elecciones legislativas en noviembre.

49 años después de la sentencia de Roe v Wade, que se ratificó en 1992 con Planned Parenthood v Casey, el Supremo devuelve ahora la regulación del aborto a los estados, que son los que deberían decidir si lo permiten o no. Al menos en 13 controlados por los republicanos hay leyes que, con esta sentencia revocando Roe, harán el aborto ilegal inmediatamente o en los próximos 30 días, y tres de ellos (Misuri, Luisiana y Kentucky) han activado esas leyes este mismo viernes. En otros 13, según los análisis del Instituto Guttmacher, la ilegalización está también en el horizonte..

Paradójicamente, en una sentencia dictada el jueves sobre armas que ha consagrado el derecho de llevarlas en público, la mayoría conservadora sobreponía la Segunda Enmienda a leyes estatales.

Victoria conservadora

Para los conservadores, que llevan décadas luchando contra el aborto, y en los últimos años han promulgado en los estados que controlan leyes cada vez más restrictivas, es una victoria indudable. 

Para los demócratas, en cambio, es una “abominación”. Ese es el término que ya con la filtración usaron en un comunicado Nancy Pelosi y Chuck Schumer, líderes en las dos cámaras en el Congreso, que calificaban la sentencia que se ha confirmado este viernes como “una de las peores y más dañinas decisiones en la historia moderna”. 

Otros derechos en riesgo

Los progresistas saben el retroceso que la sentencia del Supremo representa para los derechos reproductivos de las mujeres, y especialmente de las más pobres y de minorías, pero también de la amenaza que plantea para otros derechos. Y desde que se filtró el borrador se advierte que razonamientos como que el aborto “no tiene raíces en la historia” pone en peligro avances como los derechos civiles o el matrimonio gay.

El camino ahora para los progresistas es tratar de aprobar legislación federal que proteja el derecho al aborto, pero para conseguirlo, y dado que los demócratas no tienen la mayoría de dos tercios necesarios en el Senado, es algo para lo que se necesitaría antes acabar con la práctica del filibusterismo. Al menos uno de los senadores demócratas, Joe Manchin, se opone ferozmente a hacerlo.

Si la filtración, dada la falta de precedentes, sacudió duramente la reputación del Supremo, la sentencia le da un golpe a la credibilidad de una institución de poder inigualado, cada vez más golpeada por las sombras de la politización. 

En el mandato de Donald Trump se nombraron tres de los jueces que han establecido la supermayoría de seis conservadores frente a tres progresistas. Las tres nominaciones y las posteriores sesiones de confirmación en el Senado estuvieron cargadas de polémica y tensión, y lo mismo sucedió con la confirmación de Ketanji Brown Jackson, la jueza nominada por Joe Biden para relevar a Stephen Breyer.

En diciembre, cuando se celebró la vista para el caso de Misisipi que ahora ha decidido el Supremo, la jueza progresista Sonia Sotomayor alertó de que la institución estaba cada vez más sacudida por esas sombras de pérdida de independencia y politización de las cuestiones que aborda. “¿Sobrevivirá esta institución el tufo que esto crea en al percepción pública de que la Constitución y su lectura son solo actos políticos?”, planteó en la vista sobre el aborto. “Si la gente cree que todo esto es política, ¿cómo sobreviviremos?, ¿cómo sobrevivirá el Tribunal?”.

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