FRONTERA CON MARRUECOS
¿Qué pasa con los inmigrantes en situación irregular cuando saltan la valla de Melilla?
Unas 500 personas han conseguido cruzar la frontera con España, forzando el paso fronterizo
Es el mayor movimiento migratorio desde que se iniciaron las nuevas relaciones entre Rabat y Madrid
Varias decenas de inmigrantes han entrado este viernes en Melilla tras saltar la valla fronteriza que separa la ciudad autónoma de Marruecos.
Según ha informado la Delegación del Gobierno, el dispositivo antintrusión de la Comandancia de la Guardia Civil ha detectado sobre las 6:40 horas la aproximación al vallado de un numeroso grupo de migrantes, formado por más de 400 personas.
Dos horas después, a las 8:40 horas, se ha producido el salto a pesar del amplio dispositivo de las fuerzas marroquíes, "que han colaborado activamente y de forma coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", según la Delegación del Gobierno.
¿Qué pasa con las personas que cruzan la valla de manera irregular?
Cuando los inmigrantes llegan a territorio nacional, la ley establece que hay un plazo máximo de 72 horas para realizar la reseña policial. En ese tiempo, los agentes obtienen su filiación y comprueban si sus huellas están en alguna base de datos nacional o internacional.
Un trámite que se practica en los Centros de Acogida Temporal (CATE) de inmigrantes, donde Cruz Roja presta una primera asistencia humanitaria para revisar las condiciones de salud en las que llegan estas personas. En el contexto actual de la pandemia, es en este lugar donde les hacen las PCR.
Expulsión o solicitud de asilo
Toda llegada irregular implica la apertura de un expediente de expulsión del país que concluye con la repatriación de esa persona, que en todo momento tiene la posibilidad de expresar su voluntad de reclamar protección internacional y solicitar asilo.
Mientras se resuelve esa solicitud de asilo, el inmigrante no puede ser expulsado y tiene la posibilidad de acceder a plazas de acogida específicas del sistema de protección internacional, cuya gestión depende del Ministerio de Inclusión y Migraciones.
Si se resuelve en sentido positivo y se concede la protección internacional, esas personas puede quedarse de forma legal en España.
En el caso de no admitir a trámite esa solicitud o denegarse la protección, se tramita el expediente sancionador en el que se propone la expulsión del territorio español, lo que supone que finalmente hay una orden de expulsión validada por un juez.
Mientras se tramita ese expediente, el inmigrante ingresa en un Centro de internamiento de extranjeros (CIE), donde el plazo máximo de estancia es de 60 días, aunque las ONGdenuncian que muchas veces el tiempo de estancia es superior al legal.
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