El Supremo de EEUU amplía el derecho a llevar armas de fuego fuera del hogar

El movimiento por intensificar el control de armas de fuego en Estados Unidos, que vive estos días momentos de esperanza ante un acuerdo legislativo que por primera vez en casi tres décadas se dispone a ampliar esos controles, ha recibido este jueves un tremendo varapalo por parte del Tribunal Supremo de mayoría conservadora.

En una esperada decisión, los seis jueces de esa mayoría han tumbado una ley del estado de Nueva York que imponía estrictos límites para poder portar armas, no a la vista, fuera del hogar, obligando a presentar una “causa apropiada” y “buen carácter moral” para obtener una licencia.

Las implicaciones de la sentencia, en cualquier caso, afectan a todo el país, y no solo a estados como California, Nueva Jersey, Maryland, Hawai y Massachussetts que tienen leyes similares a la norma centenaria de Nueva York. Porque el Supremo dominado por los conservadores refuerza la supremacía de una interpretación originalista y omnipoderosa de la Segunda Enmienda sobre otras consideraciones.

Lo hace 14 años después de reconocer en 2008 por primera vez el derecho a tener armas en casa para defensa propia. Y la decisión cae como un jarro de agua fría en un momento en que el país aún vive la conmoción de los recientes tiroteos masivos letales en una escuela de Uvalde (Texas) y por motivaciones racistas en un supermercado de Búfalo (Nueva York). También cuando numerosas autoridades estatales y municipales están intentando reforzar las restricciones sobre quién puede portar armas para tratar de combatir el aumento de la violencia y el crimen con esas armas.

En la sentencia, redactada por el juez Clarence Thomas, se dice que “la segunda y la decimocuarta enmienda protegen el derecho de un individuo de llevar una pistola para defensa propia fuera de la casa” y se asegura que la ley neoyorquina viola ese derecho. En la opinión de disentimiento firmada por el juez progresista Stephen Breyer, en cambio, se destaca que “muchos estados han intentado lidiar con algunos peligros de la violencia de armas aprobando leyes que limitan quién puede comprar, portar o usar armas de fuego” y “el Tribunal hoy impone una carga severa a los esfuerzos estatales para hacerlo”.

 

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