La lentitud de la justicia en los casos de corrupción indigna a la sociedad portuguesa

La lentitud de la justicia en los casos de corrupción se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para las autoridades portuguesas. Más de una década después del estallido de la crisis financiera que destapó múltiples irregularidades en la gestión de entidades públicas y privadas, muchos de los procesos iniciados siguen sin resolver, a pesar de las críticas de las organizaciones de transparencia y de los propios jueces. Es el caso de la operación Marquês -que juzga al ex primer ministro José Sócrates- o del caso BES -que investiga la quiebra del que fue el principal banco del país y la gestión de su entonces presidente, Ricardo Salgado-, ambos iniciados en 2014.

Más del 80% de los portugueses desconfía de la justicia en cuanto a la rapidez para resolver procesos, mientras que casi un 60% considera que no todos los acusados son iguales ante la ley, según un estudio publicado el pasado octubre por la asociación de consumidores DECO. Unos datos que no sorprenden a la presidenta de Transparencia Internacional Portugal, Susana Coroado. “Es evidente que hay una justicia para ricos y otra para pobres. Una prueba de ello son los recursos constantes, que están abiertos a cualquiera, pero que solo alguien con mucho dinero puede mantener en procesos durante 10 o 15 años”, asegura la activista.   

Trabas judiciales

En el caso de José Sócrates, el ex primer ministro luso ha presentado cinco recursos y una queja desde abril del año pasado, cuando el juez decidió mantener parte de los crímenes por los que estaba acusado, incluidos el de blanqueo de capitales y falsificación de documentos. Una estrategia que según el presidente de la Asociación Sindical de Jueces Portugueses (ASJP), Manuel Soares, debería estar más limitada. “Los tribunales no cuentan con ninguna herramienta que les permita terminar con el uso abusivo de las garantías. Debería haber más instrumentos para que un juez pueda detener los recursos en el caso de que exista estrategia intencionada para retrasar el proceso”.

La complejidad de estos casos, que suelen involucrar a decenas de investigados y de empresas -en muchos casos en paraísos fiscales- son otro factor que, según los juristas, contribuye a alargar las investigaciones. De los 31 delitos por los que Sócrates fue acusado inicialmente, el juez descartó 25 alegando falta de pruebas o la prescripción de los mismos. Este impedimento se suma a la escasez de recursos humanos y financieros, que los principales sindicatos llevan denunciando desde hace años. “Hay una falta de inspectores en la Policía Judiciaria (PJ) para hacer registros e investigaciones, así como deficiencias a nivel tecnológico. No es admisible que para desencriptar un teléfono móvil con información relevante tengamos que recurrir a terceros países, como ha ocurrido en algunas ocasiones”, afirma Soares.  

Voluntad política

Tanto el Gobierno como el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, han reconocido que hay una falta de eficacia de la justicia en los casos relacionados con la corrupción e insisten en la necesidad de mejorarla. Pero más allá de las buenas intenciones, por ahora se han tomado pocas medidas destinadas a reforzar los medios disponibles, según el presidente de la ASJP. “Los gobernantes saben que el problema existe y que un sistema más eficiente tiende a ser perjudicial para ciertas personas, en muchas ocasiones para los propios gobernantes, lo cual nos lleva a pensar que hay una omisión deliberada”, explica Soares.

Según el último Índice sobre la Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, Portugal apenas ha sufrido cambios en las políticas destinadas a combatir las actividades ilícitas en la última década. El informe destaca “deficiencias en el combate a la corrupción”, principalmente en la Estrategia de Combate a la Corrupción, que deja fuera de escrutinio a los principales órganos políticos y también al Banco de Portugal. Esta estrategia fue diseñada por el Gobierno socialista en 2020 para, entre otras medidas, mejorar la formación en transparencia, detectar posibles corruptelas en el sector público y privado y acelerar los tiempos de respuesta del sistema judicial.

La llegada de los fondos de recuperación europeos pondrá a prueba la capacidad de los órganos competentes para detectar posibles corruptelas. Rebelo de Sousa ha alertado de la necesidad de reforzar la transparencia en los próximos meses, tras un año marcado por el aumento de las denuncias por corrupción. La PJ recogió más de 700 denuncias en 2021, la cifra más alta de la última década.