Japón encarcelará a los que insulten en las redes sociales

Veinteañera, guapa y deportista de élite, reconocida por la lucha primero y después por el 'reality show' de moda. “Te quiero. Vive una larga y feliz vida. Lo siento”, colgó de madrugada en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con su gato antes de intoxicarse con sulfuro de hidrógeno. Hana Kimura recibía un centenar de mensajes diarios de toxicidad variada: calificaciones de "gorila", recordatorios de su sangre indonesia, deseos de muerte…

La enmienda del código penal aprobada esta semana responde a aquel suicidio que dos años atrás sentó al país en el diván. Japón castigará con penas de hasta un año de cárcel y 300.000 yenes (2.120 euros) los insultos en las redes sociales. Las buenas intenciones no se discuten. Moderniza las leyes del mundo analógico y sienta la distancia entre un inocuo y efímero insulto en la calle y otro que participa de una lapidación colectiva con rastro indeleble en las redes sociales

Tampoco se discuten los riesgos que una aplicación escrupulosa supone para la libertad de expresión. Contra la ley han clamado organizaciones de abogados y la principal formación opositora, el Partido Democrático Constitucional, que solo secundó la iniciativa del Gobierno conservador tras incluir una revisión en tres años para medir sus efectos. Inquieta la vaguedad del concepto de insulto. El código penal, que lo define como la degradación pública de la posición social de otro sin referirse a acciones concretas, no resuelve el misterio. ¿Bastará con un simple “cretino” para acabar entre barrotes? La ley también podría desincentivar las críticas al gobierno o a los poderosos, con amplios bolsillos para afrontar dilatados procesos judiciales. Y el anonimato en las redes sociales facilita, al fin y al cabo, el flujo de ideas de los que temen expresarse en público.

Las víctimas, más protegidas

La reforma agiliza el camino legal a la víctima. En la actualidad son preceptivos dos procedimientos, uno contra la plataforma que alojó el comentario y otro contra la compañía de internet, para identificar al ofensor. Es una costosa odisea legal que, en el mejor escenario, termina con una multa que no cubre los gastos legales. Mientras la enmienda no entre en vigor, a finales de verano, las sanciones no suben de los 10.000 yenes (70 euros). Es más probable que el emisor no acabe identificado o el comentario borrado tiempo atrás quede sin castigo. La reforma amplía el plazo para perseguirlos del actual año hasta tres.

Las sombras sobre la ley no impiden una sensación nacional de misión cumplida. Lo es para Kyoko, madre de Hana, que ha convertido la lucha contra el ciberacoso en su razón de vida. A la pérdida de su hija sumó la indignación por los escasos 9.000 yenes (63 euros) que pagaron los dos únicos condenados. “Quiero que la gente entienda que el ciberacoso es un crimen”, dijo esta semana. “La ley anterior no era disuasoria. Mi incontenible sensación es que lo hemos conseguido. Pero esto no es el final, solo el principio”, previno.

Noticias relacionadas

Una fábrica arde en Taiwán dejando al menos cinco muertos y cientos de heridos

Mueren dos personas en un tiroteo en Suecia

Su muerte puso el foco en la arbitraria tortura a la que someten las redes a las celebridades. Hana había ganado varios campeonatos cuando entró en el 'reality show' 'Terrace House', producido por Netflix y famoso en Asia y Estados Unidos. Fue una trivial discusión sobre la colada la que desató el tsunami. Señalada como villana, no disfrutó de ninguna piedad. Las confesiones de otros participantes describían una toxicidad impune. “Me dijeron que si entraba en el programa, las calumnias serían inevitables y que debía asumirlas como el impuesto de la celebridad. ¿Pero eso es correcto? Recibo un montón de insultos cada día y otros participantes también sufren una agonía”, reveló el baloncestista Ryo Tawakari. “Los que estamos en la televisión también somos personas humanas y tenemos sentimientos. Las palabras pueden ser armas mortales. Tenemos que acabar con esta práctica en la que puedes decir lo que quieras a los famosos”, añadió Emika Mizukoshi.

Hana puso rostro a un problema creciente. En 2011 hubo 2.267 denuncias policiales por ciberacoso, cinco años después ya eran 8.037 y en 2017 rozaban los 12.000. No hay registros en el último lustro pero parece claro que la tendencia exige medidas para proteger la vida y salud mental de las víctimas. También Corea del Sur emprendió reformas legales tras los suicidios en 2019 de Goo Hara y Sulli, estrellas del K-pop. Los del voleibolista Kim In-hyeok y de la 'streamer' Cho Jang-mi, ambos este año, sugieren que no fueron suficientes. Japón y Corea del Sur comparten una cultura de fans con adhesiones y aversiones irracionales pero el sudoku es global: cómo embridar el nuevo ciberacoso sin limar la vieja libertad de expresión.