Extremismo violento de ultraderecha

La polarización política de EEUU frena el combate contra el terrorismo nacional

Los republicanos abocan al fracaso un proyecto de ley federal reactivado tras la matanza racista de Búfalo

Familiares de víctimas del atentado en un supermercado de Búfalo.

Familiares de víctimas del atentado en un supermercado de Búfalo. / BRENDAN MCDERMID (REUTERS)

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"Lo que pasó aquí es simple y claro: terrorismo, terrorismo nacional". El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dictaba con firmeza la sentencia el martes en Búfalo (Nueva York), escenario tres días antes del último gran atentado masivo cometido en EEUU por un supremacista blanco, un joven de 18 años que disparó a 13 personas, 11 de ellas negras, segando la vida de 10. Lo que el mandatario define como "simple y claro", no obstante, legalmente no lo es.

Aunque el Código de EEUU incluye una definición de "terrorismo nacional" este no está regulado de forma que se pueda tratar y juzgar como un crimen federal, algo que sí se hace con terrorismo internacional o en apoyo a alguna de las organizaciones extranjeras listadas por el Departamento de Estado. Por eso, entre otras razones y a diferencia de Biden y otros líderes políticos y sociales, ni el fiscal general, Merrick Garland, ni el director del FBI, Christopher Wray, han usado el término para describir las acciones del autor de la masacre de Búfalo: hacerlo podría complicar el caso en los tribunales, donde sí que es habitual usar el terrorismo interno para endurecer sentencias por otros delitos como los de odio

La masacre racista en el supermercado de Búfalo, en cualquier caso, ha vuelto a exponer un vacío regulatorio que se está haciendo más evidente conforme crece la amenaza que se gesta desde dentro de las propias fronteras de EEUU, impulsada especialmente por movimientos de ultraderecha. Según un análisis realizado por The Washington Post, desde 2015 esos extremistas han estado relacionados con 267 tramas o ataques que han dejado 91 víctimas mortales, frente a 66 casos y 19 muertes vinculados en ese mismo periodo a movimientos extremistas de izquierda. Más de un cuarto de los incidentes y casi la mitad de las víctimas mortales, según ese análisis, fueron causados por gente que apoya la supremacía blanca o dice formar parte de grupos que abrazan esa ideología.

Otra guerra cultural

Aunque el debate sobre cómo y hasta dónde llegar en el combate contra el terrorismo interno es profundo, y está lastrado por abusos cometidos en nombre de la lucha antiterrorista tras los atentados del 11-S con el amparo de la Ley Patriota, se ha enrarecido por la brutal polarización política del país. Los republicanos han sumergido también este debate en las guerras culturales y su esfuerzo aboca al fracaso la última iniciativa legislativa que ha abordado la cuestión.

Esta semana volvió a presentarse ante la Casa de Representantes la propuesta de Ley de Prevención de Terrorismo Nacional, una iniciativa que ha ido evolucionando desde su planteamiento original en 2017. El proyecto de ley, que llegó a tener 207 copatrocinadores, incluyendo tres republicanos, crearía en los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia y en el FBI oficinas centradas específicamente en seguir e investigar amenazas de terrorismo interior y coordinarse. Obligaría a los líderes de las tres agencias a presentar un informe conjunto dos veces al año y a prestar atención especial a la amenaza que plantean supremacistas blancos y neonazis, incluyendo la "infiltración en agencias del orden locales, estatales y federales y en servicios armados".

Muerta antes de nacer en el Senado

El miércoles la propuesta fue aprobada por 222 votos a favor y 203 en contra en la Cámara baja después de que se realizaran cambios en el texto promovidos por el ala progresista del Partido Demócrata. Preocupados por que se pueda usar la ley para perseguir a gente de color o limitar derechos, los progresistas lograron que se estrechara la definición de terrorismo interno y se incluyera un examen obligatorio de libertades civiles en las investigaciones, de las que se excluirían las manifestaciones.Solo el republicano Adam Kizinger (que no era patrocinador y es uno de los dos conservadores que se sienta en el panel que investiga el asalto al Capitolio) se sumó a los demócratas. Y aunque la semana que viene se presentará la iniciativa paralela necesaria en el Senado, llegará muerta de entrada. Con solo 50 escaños, los demócratas no alcanzan los 60 votos necesarios para hacerla avanzar.

Brecha

El debate sobre la propuesta de ley el miércoles mostró la gran brecha por la que se hunde prácticamente todo en estos EEUU radicalmente divididos. Brad Schneider, el congresista demócrata que la ha presentado, hizo una apasionada defensa de la normativa, planteando que es la única opción de frenar futuros tiroteos dado que el Congreso "no puede hacer que gente como Tucker Carlson deje de vomitar en las ondas la odiosa y peligrosa ideología de la teoría del reemplazo" y "no ha sido capaz de frenar la venta de armas de asalto".

Los republicanos, en cambio, se organizaron para votar contra la proposición. Su razonamiento es que los demócratas ponen en la diana a conservadores y que se daría demasiado poder al Departamento de Justicia para perseguir, por ejemplo, a los padres que han estado protestando en reuniones de consejos escolares contra mandatos de vacunación y máscaras o por cuestiones de raza y género en la educación o a quienes se oponen al derecho al aborto.

"Mis constituyentes sienten que estas investigaciones se han politizado", dijo el congresista Don Bacon, uno de los copatrocinadores republicanos que votó contra la norma. Los conservadores, que siguen bloqueando la investigación del asalto al Capitolio, cuestionan también que se destinen recursos a estudiar la infiltración de supremacistas en fuerzas armadas y del orden.

"Parte del problema"

Desde las filas demócratas se urge a los republicanos a tomar posiciones. El congresista Jerrold Nadler, por ejemplo, les ha instado a denunciar la supremacía blanca y el extremismo en sus propias filas. "El problema no es que el Partido Republicano sea racista, es que no denunciará a los racistas que alberga", ha dicho, recordando también que la formación se resiste a tildar de ataque terrorista o insurrección el asalto al Capitolio y lo llaman, en cambio, "discurso político legítimo".

También Dick Durbin, el senador que presentará la propuesta en la Cámara alta, defendía que "igual que se tomó el 11-S en serio es necesario tomar esto en serio", en referencia al auge de un supremacismo blanco que, recordaba, tiene una larga historia en EEUU. "Lo único que falta entre estas organizaciones y el pasado son las túnicas blancas", decía en una referencia al Ku Klux Klan.

Pocos, en cualquier caso, tienen esperanzas de que la matanza de Búfalo cambiará algo. "La triste realidad es que combatir a la extrema derecha se ha vuelto un asunto altamente partidista en EEUU", escribía esta semana en una columna en The Guardian Cas Mudle, especialista en extremismo político y populismo. "Cualquier intento de hacer esto un esfuerzo bipartidista significa descafeinar las medidas y limitarlas a lo más extremo. Si Biden y los demócratas quieren combatir la supremacía blanca deben hacerlo sin el Partido Republicano", continuaba. "El actual Partido Republicano no solo no es parte de la solución, es una gran parte del problema".

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