El embrión de la investigación en España: Litvinenko, el envenenado que no pudo declarar contra Putin

El miércoles 1 de noviembre de 2006, Alexander Litvinenko, que había sido espía de la FSB (la antigua KGB) hasta que en 1998 denunció junto a varios oficiales en una rueda de prensa que sus superiores les habían ordenado el asesinato del oligarca Boris Berezovski, acudió al Millennium Hotel en Mayfair, Londres, para tomarse un té con antiguos compañeros de la inteligencia rusa. Y tan solo unos días después fallecía envenenado tras ser intoxicado con polonio 210.

Ya en esas fechas, este coronel del Ejército ruso había facilitado importante información a los servicios secretos británicos (MI5), y desde el 1 de junio había iniciado una colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español. Pero lo más relevante es que Litvinenko, ante las suspicacias de la Fiscalía Anticorrupción española, había mostrado su intención de declarar en secreto en la Audiencia Nacional, que en esos momentos había abierto una investigación secreta sobre las actividades de la mafia rusa en España y los presuntos vínculos de las organizaciones criminales con las autoridades de Moscú, entre otros Vladímir Putin.

El entonces titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y el fiscal José Grinda habían ordenado en 2006 a los agentes de la Guardia Civil que pincharan los teléfonos de los principales cabecillas del clan mafioso de San Petersburgo denominado Tambovskaya-Melyshevskaya, Gennadios Petrov y Alexander Melyshev.

Pero también los de decenas de miembros de la organización criminal que se encargaban de lavar dinero procedente de Chipre, país en el que los oligarcas y criminales rusos escondían los fondos que habían obtenido de sus actividades delictivas de Rusia.

"Ladrones en la ley"

Asimismo habían iniciado investigaciones sobre las actividades de otros "ladrones en la ley" (vory v zakonen, en ruso) como el jefe de la mafia ruso-georgiana Zakhar Kalashov (Shakro) y Vladímir A. Tiourine, asentado en Siberia. Según la transcripción del interrogatorio realizado el 1 de junio de 2006 en Londres a Litvinenko, que ha publicado en su web el Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Corrupción Transfronteriza del Foro de la Sociedad Civil UE-Rusia en el que colaboran los periodistas Anastasia Kirilenko y Atanas Chobanov, el exespía ruso facilitó información sobre estos dos presuntos criminales, que se habían asentado en España.

En su testimonio, Litvinenko también apuntó la implicación del entonces primer ministro ruso, Vladímir Putin, a quien acusó de controlar junto con otros ciudadanos rusos el tráfico de heroína de Afganistán, el principal productor del mundo de esta droga. Entre los supuestos socios del ahora presidente ruso se encontraba Mijail Chernoi, quien junto a Oleg Deripaska fue investigado por la Guardia Civil en España.

Según esta investigación preliminar, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Mijail Chernoi y Oleg Deripaska estaban relacionados con la estructura criminal rusa Izmailovskaya, en la que el primero desempeñaba el papel de dirigente absoluto de la sección económica.

Fondos para Putin

Estas pesquisas iniciales iban más allá en los vínculos de Putin con los oligarcas, pues apuntaban a que el crimen organizado podría haber aportado fondos para que fuera elegido presidente de la Federación Rusa. En concreto, se atribuía a Oleg Deripaska haber participado en una reunión del crimen organizado en la que se decidió apostar por Putin. La persona elegida debía aceptar las condiciones de los oligarcas, entre las que se encontraba la de no relevar a varios ministros y altos cargos de la Administración, considerados esenciales, en un plazo de ocho años.

Las investigaciones iniciales de la Guardia Civil consideraban "indudable" la vinculación entre la criminalidad organizada rusa con la Administración rusa, algo que se confirmaba, apuntaban los agentes, por el control que los oligarcas mantenían de los negocios más rentables del país, que eran producto de las privatizaciones tras la caída de la Unión Soviética (URSS).

Tras iniciar un procedimiento en la Audiencia Nacional contra Deripaska e Iskandar Makhmudov, que son ahora dos de los hombres más ricos de Rusia, -aunque tras la invasión rusa de Ucrania han sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE)-, el juez Fernando Andreu decidió enviar el procedimiento a Rusia. Un Juzgado de este país archivó las diligencias contra estos dos oligarcas en 2016 al no apreciar ningún indicio de delito.

Datos de Vladímir Tiuorine

El juez Andreu también remitió en 2014, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, las pesquisas que había comenzado contra el presunto capo del clan mafioso Bratskaya, Vladímir Tiourine, que controlaba el crimen organizado de Siberia. El propio Litvinenko, pese a que aseguró a las autoridades españolas que no conocía a este criminal, sí le vinculó con la privatización de una empresa de celulosa en Brats, la localidad originaria de Tiourine. De forma reciente, las autoridades rusas, que han mantenido ocho años abierta la causa contra este ciudadano ruso sin lograr sentarle en el banquillo, han apuntado a la Audiencia Nacional la posibilidad de devolver la causa al Juzgado Central de Instrucción número 4 español, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

En 2021, 15 años después del envenenamiento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinó que el Gobierno ruso había sido el culpable directo de la muerte de Litvinenko, cuyo testimonio señaló, entre otros al ruso-georgiano Kalashov. Este "ladrón en ley", tras ser acusado por la Fiscalía Anticorrupción, fue condenado por los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales en España, país en el que permaneció ocho años privado de libertad hasta que fue extraditado a Rusia.