Opinión | EN CLAVE EUROPEA
Hungría, una amenaza en la UE
El régimen autoritario húngaro, los planes políticos de su primer ministro, Viktor Orbán, sus alianzas internacionales y su papel de modelo para otros gobiernos y partidos ultraderechistas constituyen una amenaza para la democracia en la UE
El régimen autoritario del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que ha obtenido el 68% de los escaños en las elecciones del 3 de abril, es la antítesis de la democracia defendida por la Unión Europea (UE) y ejemplifica cómo un partido ultraderechista puede destruir la democracia cuando logra la mayoría parlamentaria. La misión de observación de la Organización para la seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha concluido en su informe que las elecciones no fueron justas, debido a las leyes electorales a la medida del partido Fidesz de Orbán, a la manipulación y presión sobre los votantes y a la información muy sesgada de los medios de comunicación, controlados por el Gobierno en su inmensa mayoría
Orbán impulsa una alianza de las fuerzas de extrema derecha para reorientar la UE, es el principal aliado de China entre los Veintisiete y mantiene lazos amistosos con dirigentes abiertamente hostiles a la UE, como el presidente ruso, Vladímir Putin, y el expresidente norteamericano Donald Trump. El sistema político de Orbán es también el modelo que imita en Eslovenia el primer ministro, Janez Jansa, del Partido Popular Europeo, y en Polonia el Gobierno ultra de Ley y Justicia (PiS), a pesar de la actual divergencia entre Varsovia y Budapest sobre Rusia y la guerra de Ucrania.
Orbán define su régimen con el calificativo anestesiador de "democracia iliberal". Pero en realidad es un régimen autoritario con elecciones, como señala el historiador británico Timothy Garton Ash, o un régimen autoritario competitivo, si se utiliza la terminología académica de los politólogos Steven Levitsky y Lucan A. Way. El régimen de Orbán también ha sido definido como "la primera dictadura suave dentro de la UE" en un detallado estudio de los juristas Petra Bard y Laurent Pech.
Descontento social
Orbán logró el poder absoluto en 2010, a causa del descontento social por las políticas de ajuste y el desprestigio de los socialistas. Con una mayoría parlamentaria superior a los dos tercios, Orbán emprendió sucesivas reformas de la Constitución y modificó más de 800 leyes sólo en los primeros cuatro meses. Orbán reformó el Tribunal Constitucional, anuló la jurisprudencia previa y controló los principales tribunales con jueces afines y la fiscalía. Extendió su poder con la reforma de los órganos de supervisión financiera, económica, laboral, educativa, cultural y académica y una restrictiva legislación sobre la sociedad civil. La autocracia de Orbán se apoya en el reparto de los fondos de la UE (39.000 millones entre 2014 y 2020) a empresarios, entidades y ayuntamientos fieles a través de contratos, inversiones y ayudas agrarias. Hungría es el segundo país más corrupto de la UE después de Bulgaria.
Para silenciar a la oposición y dirigir el debate público, Orbán sometió a estricto control los medios de comunicación: primero los públicos y después los privados, mediante su compra por empresarios afines y la penalización de quienes no primaban la línea oficial (pérdida publicidad, trabas administrativas, sanciones, más impuestos y pérdida de licencias de radio). Además de los medios públicos, el Gobierno controla mediante una fundación otros 476 medios de que le regalaron en 2018 empresarios vinculados a Fiedesz.
Para blindarse en el poder, Orbán modificó las leyes electorales, remodeló a su favor las circunscripciones donde se elige un diputado por voto mayoritario y alteró el sistema de reparto del 47% de los escaños por sistema proporcional. En las actuales elecciones, Orbán instrumentalizó la guerra de Ucrania para presentarse como el garante de la paz, pese a sus lazos con Putin, y acusó a la oposición de querer arrastrar a Hungría a la guerra.
El régimen autoritario húngaro han podido consolidarse debido a la pasividad mostrada durante más de una década por la Comisión Europea y los demás gobiernos de la UE y por la protección del Partido Popular Europeo hasta 2021, en especial de los democristianos alemanes y del PP español. Tras el aval del Tribunal de la UE el 16 de febrero al nuevo reglamento que condiciona el acceso a los fondos europeos a respetar el Estado de Derecho, los eurodiputados reclamaron a la Comisión Europea aplicarlo de inmediato a Hungría. Pero el Ejecutivo comunitario prefirió demorar la decisión hasta después de las elecciones, favoreciendo la victoria de Orbán. Sin el voto de los 12 eurodiputados de Fidesz en 2019, la democristiana alemana Ursula von der Leyen no habría sumado el mínimo de votos requeridos para ser presidenta de la Comisión Europea.
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