TRIBUNALES
Israel deniega la libertad condicional a la cooperante española Juana Ruiz Sánchez
La trabajadora humanitaria de 63 años deberá permanecer entre rejas hasta mayo de 2022 tras ser obligada a cumplir de forma íntegra su condena de 13 meses de cárcel
Andrea López-Tomàs
Juana Ruiz Sánchez seguirá entre rejas. Un comité penitenciario israelí ha rechazado la petición de puesta en libertad condicional para la cooperante española que lleva en una prisión del Estado hebreo desde el 13 de abril. Una mayoría de dos votos a uno obliga a la trabajadora humanitaria a acabar su condena de 13 meses de cárcel.
Hace poco menos de un mes, aceptó un acuerdo judicial de culpabilidad con el objetivo de ver reducida su sentencia. “En unas semanas ya tendría que estar en casa”, pronosticaba su abogado, Avigdor Feldman, a este diario al conocerse la pena. Este giro de guion fuerza a Ruiz Sánchez a permanecer en prisión hasta mediados de mayo para cumplir de forma íntegra su condena.
Sería liberada previo pago de la mitad de una multa de 14.000 euros. Este rechazo a la libertad condicional ha tomado por sorpresa a la defensa ya que va en contra de la costumbre en la justicia civil de Israel de recortar el tramo final de cumplimiento de la sentencia. El comité no ha considerado el alegato de su defensa respecto a las enfermedades crónicas por las que está medicada y a la edad de la trabajadora humanitaria, de 63 años.
Por ello, Feldman recurrirá a la resolución del comité penitenciario celebrado en Nazaret, al norte de Israel, para conseguir la libertad condicional para la cooperante española condenada por los delitos de “prestar servicios a una organización ilegal” y por “tráfico de divisas en Cisjordania” dentro de los Comités de Trabajo para la Salud palestinos donde llevaba décadas trabajando. Inicialmente fue acusada de cinco delitos cuando en abril una veintena de soldados israelís la detuvieron de madrugada en su casa cerca de Belén.
“Yo siempre pensé que trabajaba para una organización legal. Siento mucho si me equivoqué en algo, espero que tengan en cuenta que no he intentado hacer daño”, declaró en el juicio de hace un mes esta trabajadora humanitaria española residente en los territorios ocupados desde los años 80. Su familia confía en que será liberada antes del mes de mayo. El letrado espera que la práctica común en el sistema procesal penal israelí de reducir el tercio final de su condena se aplique también para ella.
Cerco a la sociedad civil palestina
Tras conocerse la sentencia, las autoridades israelís vincularon el caso de la cooperante española con el de seis oenegés palestinas categorizadas como terroristas por el Estado hebreo. “El Gobierno las ha declarado ilegales sin ninguna evidencia y aunque el caso de Juana no tiene nada que ver con ellas, tal vez usen la misma estrategia con el personal de estas oenegés”, insistía Feldman a El Periódico. La vinculación “se está usando como propaganda falsa contra las organizaciones de la sociedad civil en Cisjordania”, añadía.
En este contexto de cerco a la asistencia humanitaria en los territorios ocupados, el caso de Ruiz Sánchez ha suscitado la atención internacional. La cooperante de 63 años está siendo juzgada en un tribunal militar, proceso aplicado a los palestinos. Además, a esta española se la acusa de lo mismo que a las principales organizaciones humanitarias declaradas terroristas: de financiar y formar parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista por Israel. El desenlace de este caso puede ser un adelanto de lo que pasará con ellas después.
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