SÓLO SÍ ES SÍ

Juristas advierten: las penas más altas no implican mayor protección de las víctimas

Expertas consideran una "locura" reformar el Código Penal sin sosiego y en mitad de la crispación

La ministra de Justicia, Pilar Llop, en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, en el Congreso de los Diputados. / EFE/ J.C. Hidalgo

Violeta Molina Gallardo

Violeta Molina Gallardo

Volver a reformar el Código Penal con prisas, sin un estudio en profundidad y en mitad de un escenario de crispación política es una "locura". Juristas expertas lamentan que se quiera cambiar sin sosiego la tipificación de los delitos sexuales y advierten que elevar las penas "no es la panacea", ya que no va a conllevar una mayor protección de las víctimas.

El PSOE quiere recuperar la violencia y la intimidación para castigar más duramente la agresión sexual, algo que Unidas Podemos considera que pone en riesgo el consentimiento como centro de la ley del 'sólo sí es sí' y supone una vuelta al "Código Penal de la Manada". EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha hablado con expertas en derecho penal y en atención a víctimas de violencias sexuales para analizar la reforma propuesta por el Ministerio de Justicia.

Un momento político difícil

La primera conclusión es que no debería abordarse una reforma de un asunto tan complejo e importante con premura. La magistrada del juzgado número 30 de instrucción de Barcelona y socia de la Asociación de Mujeres Juezas Zita Hernández indica a este periódico que "legislar así es una locura, debería ser más sosegado y más en delitos tan importantes como estos".

"Ha sido un desbordamiento de la situación en un momento político difícil y creo que esto requiere de un estudio más pausado de la situación. (...) Hay falta de sosiego, las cosas no se pueden hacer así, no podemos estar cambiando las penas de un día para otro", destaca Hernández.

En el mismo sentido se pronuncia la magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Concepción Roig: "Falta un estudio en profundidad. Se tiene que someter a un estudio más profundo y consideramos que agravar las penas per sé y sin un estudio profundo, y sobre todo en un ambiente de crispación como el actual, no es forma de actuar".

Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la abogada Rosa Gil lamenta que "se haya gestionado todo fatal", así como el "error" en la redacción de la ley que ha llevado a las revisiones a la baja de penas, que "desde el punto de vista de las víctimas es algo horrible". Ahora bien, precisa que hasta que no terminen las revisiones no podrá hacerse un balance de lo que está pasando. No existen datos oficiales de cuántas condenas se han revisado a la baja y cuántas no se han modificado.

La magistrada Roig defiende que se tenía que haber dejado que la ley del 'sólo sí es sí' se desarrollara un poco más en la práctica ordinaria de los tribunales, para ver sus consecuencias y si con la jurisprudencia se podrían corregir los problemas que daba, y que a su juicio son unas horquillas amplias que engloban muchas conductas y falta de distinción de la distinta gravedad.

Las dos magistradas ponen el foco en que el incremento de las penas (la proposición socialista sube las horquillas) no supone una mayor protección de las víctimas.

Hernández cree que los efectos de la ley del 'sólo sí es sí', en cuanto a revisiones de condenas, no hacía necesaria otra modificación de la ley: "El problema no es la pena, es si seguimos sin ver agresiones donde las hay y eso creo que no se arregla con las penas, ni penando más ni penando menos. Lo que hace falta es que la víctima esté protegida, que las instrucciones sean eficaces y haya un enjuiciamiento sin estereotipos".

Para la magistrada de Barcelona, "el punitivismo no es la panacea" y el problema no reside en cómo se penan los delitos, sino si el enjuiciamiento se sustenta en estereotipos y en si no se califican como violentas situaciones que lo son.

"Hay un reguero de estereotipos y prejuicios que afectan a las víctimas de manera brutal", subraya la magistrada.

Mayores penas, prosigue, no va a hacer que las mujeres denuncien más porque la altísima infradenuncia se explica en un porcentaje altísimo por el miedo de las víctimas a no ser creídas. Lamenta Hernández que de la ley del 'sólo sí es sí' se hable en términos penales, cuando "ha dado pasos tan importantes en la protección de las víctimas": "Todo se ha perdido en una discusión de penas".

Subir las penas

¿Qué propone esta reforma? La magistrada Roig señala que la propuesta pretende introducir otros límites de penas para los supuestos de violencia, intimidación o aquellos en los que la capacidad de la víctima haya quedado totalmente anulada, con el objetivo de que la pena por agresión sexual sea más proporcional a la gravedad del hecho.

La ley del 'sólo sí es sí', incide, establece horquillas muy amplias de penas para englobar conductas de muy diferente gravedad, lo que "puede dar lugar a que haya hechos cuya pena no sea proporcional a la gravedad de la conducta".

Gil coincide en que el mayor cambio con respecto a la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual es que aumenta las penas en algunos supuestos, "aunque no de una forma exagerada", para que sea acorde con la gravedad de la conducta cometida por el agresor.

La propuesta de Pilar Llop incluye una modalidad agravada de la agresión sexual y de la agresión sexual con penetración cuando se perpetren con violencia, intimidación o anulando la voluntad de la víctima.

El Ministerio de Igualdad rechaza esta modificación al considerar que dinamita el consentimiento como pilar de la norma y que volverá a exigir a las víctimas que pasen por un calvario probatorio para demostrar esa violencia o intimidación.

Probar la violencia, probar el consentimiento

La ministra Irene Montero ha asegurado en el Senado que un esquema basado en la violencia e intimidación hace que "las víctimas huyan del sistema judicial": "Quiero que todas las mujeres sepan que sabemos que no es fácil probar la violencia o la intimidación, más bien al contrario, supone un calvario probatorio", ha dicho.

En el otro extremo, Justicia ha defendido que el consentimiento se mantiene intacto y que es más sencillo demostrar la violencia que el consentimiento.

¿Y qué opinan las expertas?

Zita Hernández considera que "el concepto de consentimiento se mantiene", aunque se vuelve a las penas que había antes, "pero la distinción no es tan grande". También Roig dice que "en absoluto se dinamita el consentimiento" con la reforma propuesta por Justicia, algo apuntado asimismo por Gil.

La abogada de la Asocciació Assistència Dones Agredides Sexualment (Aadas), Nahxeli Beas, expone que "el consentimiento es el centro del procedimiento", es lo que fundamenta que un hecho sea violencia sexual y no una relación sexual. Con el anterior modelo, basado en el "no es no", se le pedía a la mujer que acreditara la negativa porque lo que tenía que demostrar era que se había negado y con el "sí es sí" en todos los casos en los que no hay negativa no se asume que se consintió: por ejemplo, en los casos de sumisión química, inmovilidad tónica o diferencia de poder muy grande.

"Colocar aparte el plus de la violencia o la intimidación no tiene nada que ver con el consentimiento, que es jurídicamente el centro para entender qué es violencia sexual y qué no lo es", advierte Beas.

En cuanto a la posibilidad de que exista un mayor riesgo de revictimización en los juicios con la introducción de la violencia y la intimidación, las expertas tampoco están de acuerdo.

La magistrada del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona explica que probar los delitos sexuales es muy difícil porque se cometen generalmente en la intimidad, sin testigos, y eso "genera un problema de prueba". Detalla que no es sencillo probar ni el consentimiento ni la violencia y que el sistema exige que la acusación acredite que se cometió el delito.

"Si la mujer dice que no consintió, es su declaración contra la del contrario, igual que si declara que la violentó o la intimidó y no hay señales físicas, nos encontramos en el mismo supuesto. Siempre habrá que valorar la declaración con unas reglas que no son automáticas. Si a esa dificultad le añadimos dificultad de medios y la existencia de estereotipos o prejuicios, se complica aún más", concede Hernández.

En el mismo sentido, la abogada de Themis asevera que el proceso judicial es horrible para las víctimas, "haya violencia o no", porque "son temas muy duros" que hay que contar varias veces para probar los hechos.

Pensar en las víctimas

"El periodo probatorio conlleva un montón de cosas y esto puede revictimizarlas porque hay que demostrar más cosas si hay violencia, eso es lógico. (...) Cualquier cuestión sobre agresiones sexuales es muy duro para la víctima, es un calvario, pero tiene que contarlo", matiza.

Pero no cree que la introducción de un escalón de penas más altas para la violencia y la intimidación vaya a hacer que las víctimas huyan del sistema judicial, pues considera que lo que hace que muchas no denuncien es que se siga analizando su moralidad, cómo iban vestidas y "una serie de condicionantes que no vienen al caso".

"Tenemos que pensar en las víctimas, no en la política", concluye la abogada.