Justicia defiende que su propuesta evitará que las mujeres se enfrenten a un calvario probatorio

El Ministerio de Justicia defiende que su propuesta para reformar el Código Penal no sólo está basada en el consentimiento, sino que hará más llevadero el procedimiento judicial para las víctimas, pues cuando existan violencia, intimidación o se anule la voluntad de la víctima jamás se entenderá que pudo existir el consentimiento y no habrá que probarlo.

Fuentes del departamento de Pilar Llop han asegurado este lunes que la proposición de ley con la que buscan acabar con los efectos indeseados de la ley del sólo sí es sí acabará con el llamado calvario probatorio en los juicios, ya que entienden que conllevará un relajo en la exigencia de pruebas: si hubo violencia fue imposible que consintiera, si concurrió intimidación fue imposible que consintiera, si tenía anulada la voluntad fue imposible que consintiera.

Con ese argumento, Justicia niega los argumentos del Ministerio de Igualdad, que estima que introducir la violencia y la intimidación como factores determinantes del tipo penal provocará que en la práctica las mujeres no sólo tengan que probar si consintieron, sino que además se las cuestionará sobre si se resistieron y cuánto se resistieron.

La proposición de ley que los socialistas han registrado esta mañana, tras no llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, establece una gradación de las penas por agresión sexual y agresión sexual con penetración en función de si estos delitos se perpetraron con violencia, intimidación o habiendo anulado la voluntad de la víctima.

El Ministerio de Igualdad afirma que este cambio supondría volver al Código Penal anterior y recuperar el cuestionamiento de las víctimas en los procesos judiciales.

Sin embargo, fuentes de Justicia señalan que con su reforma se ajustarán las penas a la gravedad de los delitos y se limitará el margen de interpretación de los jueces partiendo de la idea de que siempre debe ser más reprochable jurídicamente un delito sexual con violencia que otro que se comete sin recurrir a ella.

El Ministerio reitera que es más sencillo probar violencia o intimidación (por ejemplo, cuando la víctima haya sido herida) que el consentimiento.

Califican esta modificación de enorme avance, pues para probar el consentimiento a veces no hay más prueba que las declaraciones contradictorias de víctima y agresor.

Para Justicia, la rebaja de penas es un grave problema que ha generado una enorme preocupación social, ante lo cual se ha optado por reformar el Código Penal, una decisión que no esconden que sea política, si bien precisan que lo que les mueve a actuar son las víctimas.

En declaraciones a los periodistas, la titular de Justicia ha aseverado que "la subida de penas es una decisión política": "En eso hay que tener valentía y determinación. Hemos hecho lo que teníamos que hacer", ha remachado.

Sobre esta cuestión, ha advertido de que los jueces tienen que aplicar leyes, no relatos. "Se ha desenfocado el problema", ha lamentado.

Las fuentes de su departamento han añadido que es necesario reformar la norma a partir de la constatación de que el problema del sólo sí es sí está en las penas y de que la traslación de las ideas al Código Penal no ha encajado.

Lamentan desde este departamento que en estas semanas se hayan lanzado mensajes confusos desde Igualdad con respecto a cómo esta propuesta puede impactar en el consentimiento, algo que niegan de plano. En este sentido, rechazan que la introducción de la violencia y la intimidación interfiera en el consentimiento.

La propuesta de Unidas Podemos

Las mismas fuentes añaden que se han introducido en la proposición de ley algunas cuestiones que Igualdad planteó durante la negociación como la introducción de la agravante de parentesco para incluir todas las relaciones familiares, por ejemplo cuando los agresores son primos.

Además, había acuerdo a la hora de equiparar las penas para agresores menores y mayores de edad, que estaban desajustadas en la actual norma.

Sin embargo, desde Justicia detallan que la propuesta de Igualdad de considerar la violencia y la intimidación como agravantes era inviable, pues afirman que esto se habría traducido en que algunas penas se dispararan muchísimo, algo que creen que carece de solvencia jurídica.

El departamento de Pilar Llop ha querido dejar claro que reformar el Código Penal no evitará que se sigan revisando penas de delincuentes sexuales porque se aplica la ley más favorable al reo y esta modificación subirá las penas, con lo que no habrá lugar.