Sánchez reta a Podemos e impone la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

Las diferencias entre los socios del Gobierno de coalición sobre cómo combatir los "efectos indeseados" de la llamada ley del 'sólo sí es sí' ha abierto una nueva crisis. Los ministerios de Igualdad y de Justicia llevan meses negociando la fórmula para solventar un problema que todas las partes califican de técnicamente complejo y que ha tenido como consecuencia la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales. El PSOE decidió este lunes dar un paso al frente en solitario y anunciar que presentará una proposición de ley en el Parlamento para modificar la norma, una iniciativa que sacará adelante, ha advertido, con o sin el visto bueno de Unidas Podemos. Un movimiento arriesgado en la ya difícil convivencia entre los dos socios, que viene precedido por una intensa presión de sus barones territoriales y sus propios ministros, a cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Tras un fin de semana en el que Moncloa ha dado a entender que se iban a producir avances para cambiar la ley, a primera hora del lunes el Ministerio de Igualdad advertía de que no hay solución posible para frenar las rebajas de penas de los agresores sexuales ya condenados, denunciaba la "incorrecta aplicación de la ley" y proponía un plan urgente para, entre otras medidas, especializar a los distintos actores jurídicos y aumentar los efectivos para proteger a las víctimas. Sin embargo, descartaba una modificación legal. El PSOE rechazaba esa salida y aseguraba que era preciso corregir el articulado para evitar futuras condenas a la baja, que no revisiones, pues el Código Penal impide esta variación.

En ese contexto, fuentes del departamento que dirige Pilar Llop explicaban a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que han impulsado una propuesta para hacer "ajustes quirúrgicos" y "técnicos" exclusivamente sobre la parte de la ley que no ha funcionado como se preveía. En concreto, hablan de "cirugía legislativa" para elevar las penas mínimas y reducir la horquilla de penas, de manera que las agresiones no sean castigadas de forma más laxa que con el anterior Código Penal. El empleo de la intimidación y la violencia dejarían de ser agravantes para formar parte del tipo castigado.

Según la agencia Efe, se retomarían las penas anteriores a la ley del solo sí es sí de entre 1 y 5 años de prisión en el caso de agresiones cometidas empleando violencia o intimidación, o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Y si hay penetración, propone una pena de seis a doce años de prisión. Si hay agravantes, las penas volverían a situarse entre los 5 y 10 años de cárcel si no hay penetración, y de 12 a 15 en el caso de haberla.

Desde Igualdad miran con recelo la iniciativa, pues estiman que obligará a las víctimas a pasar de nuevo por un "calvario probatorio" e insisten en que no permitirán que se toque el consentimiento como núcleo central de la ley. Además, insisten en que los efectos indeseados de la ley son fruto de una "incorrecta aplicación de la norma" y que las presiones que están recibiendo en el Gobierno proceden de una "ofensiva" de la derecha política, judicial y mediática.

Sin embargo, distintos dirigentes socialistas han dejado claro a lo largo de la jornada que no se modificará el paradigma del consentimiento y que se viene trabajando mano a mano con el departamento de Irene Montero, en "plena sintonía". Eso sí, fuentes socialistas consultadas por este periódico hacían hincapié en la necesidad de hacer "autocrítica". En ese contexto, la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ampliaba la distancia entre los socios del Gobierno al anunciar que su partido presentaría "lo antes posible" una proposición de ley en el Parlamento para reformar la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, tenga o no el visto bueno de Unidas Podemos, si bien ha asegurado que existe una "máxima" disposición de llegar a un acuerdo. La proposición, ha precisado, partiría de la propuesta planteada por el Ministerio de Justicia, fórmula que consideran "más rápida" y que cuenta con "buenos penalistas".

MÁS DE 300 CONDENAS REBAJADAS

Hasta la fecha, el número de condenados por delitos sexuales que se ha visto beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley del 'solo sí es sí' asciende al menos a 338, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma, informa Europa Press. Desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, se ha ordenado la excarcelación de 23 personas.

En este contexto, desde el PP han exigido una "modificación inmediata para reparar la dignidad de las víctimas". El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido al PSOE los votos de su bancada para la reforma: "Garantizo el rigor que no tiene su Consejo de Ministros, el sentido de Estado que no tienen sus socios parlamentarios y la sensibilidad que no han demostrado con las víctimas”, informa Paloma Esteban. Dirigentes de partidos políticos de distinto signo, como Ciudadanos, Compromís o Izquierda Unida han dicho que estiman conveniente la modificación de la ley.

Finalmente, el Ministerio de Igualdad se mostró dispuesto a modificar la ley. En concreto las penas mínimas del Código Penal referidos a los delitos sexuales, pero dejó claro no apoyará ninguna propuesta que vuelva a instaurar la violencia y la intimidación como los elementos determinantes de las agresiones sexuales, como ha planteado Justicia.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, anunció que su departamento ha trasladado al PSOE desde diciembre tres propuestas diferentes para reducir el margen interpretativo de los tribunales y aseguró que hará "todo lo posible" por llegar a un acuerdo con su socio de Gobierno. Desde Igualdad se han mostrado "absolutamente convencidas" de que se llegará a una solución compartida.

"Vamos a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo, lo que está en juego es un avance o un retroceso en los derechos de las mujeres", ha aseverado Rodríguez.

Ahora bien, ha precisado que no comulgarán con los términos planteados por el Ministerio de Justicia, que introducen la violencia y la intimidación en los tipos de agresión sexual, pues consideran que situarán de nuevo a las víctimas en un "calvario probatorio" y dinamitarán el consentimiento como clave de la ley del sólo sí es sí.

"Lo que nos estamos jugando aquí es que a las mujeres se les vuelva a preguntar si se resistieron y esa resistencia sea lo que demuestre que sufrieron una agresión sexual. No deberíamos en ningún caso permitir volver a ese modelo absolutamente perjudicial para las mujeres", ha insistido la secretaria de Estado.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha subrayado que las propuestas de modificación del Código Penal que Igualdad ha puesto encima de la mesa tienen que ver con "la vigencia del derecho transitorio" y con "algún retoque en las penas mínimas", que es donde se están detectando las revisiones de penas.

Rosell ha insistido en que volver a introducir la violencia en la intimidación dentro de los tipos, y no considerarlas agravantes, tendría como consecuencia práctica el volver al modelo anterior.