¿Son efectivas las pulseras para maltratadores? ¿Cómo funcionan? 5 claves sobre los dispositivos de control

Ante el "desastre" de diciembre en cuanto a violencia machista -recordemos, 11 mujeres asesinadas en el peor mes desde 2003 junto diciembre de 2008-, Interior y la fiscalía han reclamado una mayor implementación de las pulseras de control de maltratadores "potencialmente letales". Los datos están ahí: en la mitad de los feminicidios del mes pasado existían denuncias previas contra los presuntos agresores y solo en dos ocasiones se acordaron medidas de protección. Y de todos los asesinatos de 2022 constaban denuncias en el 43% de los casos y solo se activaron en seis. Ante los fiascos evidentes del sistema de protección, ¿qué papel puede desempeñar este control telemático? ¿Cuántas pulseras hay en activo? ¿Cómo funcionan y qué efectividad tienen? ¿Quién determina su activación? ¿En qué casos son recomendables?

¿Cuántas pulseras hay activadas?

A 30 de noviembre de 2022, existían 3.015 pulseras activadas que protegen a otras tantas mujeres en riesgo extremo y podrían llegar a utilizarse hasta 4.000, que son los dispositivos disponibles. El uso del control telemático ha experimentado un aumento del 16, 77% respecto a noviembre del año anterior. De hecho, cuando se formó el primer Gobierno de Pedro Sánchez, permanecían activados 1.108 brazaletes. Pilar Llop, entonces delegada del Gobierno para la Violencia de Género, reclamó precisamente a los tribunales incrementar su uso después de cambiar la tecnología: en parte, su infrautilización venía derivada de que la mitad de las alarmas eran provocadas por errores técnicos. Un grueso de abogados y fiscales no solicitaban esta medida de protección para no alterar más a la víctima.

¿Cuáles son sus objetivos y efectividad?

Ninguna mujer protegida con este tipo de dispositivo ha resultado asesinada. Otra cosa es su funcionamiento. A pesar de que desde el Gobierno se insiste en que, desde un punto de vista tecnológico, el sistema ha experimentado mejoras evidentes, fuentes judiciales han señalado a este diario que los dispositivos siguen dando problemas -lo que altera la vida y la salud mental de las víctimas-, por lo que muchas veces los jueces optan por no utilizarlas.

Más allá de los errores, este tipo de dispositivos permiten verificar el cumplimiento por parte de los agresores de la prohibición de aproximación a la víctima impuesta judicialmente en los procedimientos de violencia de género, ya que en muchas ocasiones la orden de alejamiento acaba siendo "solo un papel", denuncian las abogadas.

El sistema proporciona información actualizada de las incidencias que afectan al cumplimiento o incumplimiento de las medidas o penas, así como de las posibles incidencias, tanto accidentales como provocadas, en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos utilizados. Según Igualdad, los dispositivos tienen tres objetivos: hacer efectivo el "derecho de la víctima a su seguridad y contribuir a su recuperación", documentar el posible quebrantamiento de las penas impuestas, y "disuadir al inculpado/condenado".

¿Quién se encarga de la monitorización?

El Ministerio de Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del sistema de seguimiento con una empresa privada, que es la encargada de realizar las tareas de monitorización, operación e instalación de los dispositivos, así como el control de las alarmas.

Desde 2009 esta adjudicación recae sobre Telefónica, que en colaboración con Securitas Direct creó el Centro de Control Cometa, que es quien se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para avisarles cuando hay una incidencia. El centro de control está operativo las 24 horas de los 365 días del año.

¿Cómo funciona?

Los dispositivos de seguimiento telemático de agresores, cuyo uso debe ser autorizado por los jueces junto con la medida o pena de prohibición de aproximación a la víctima, son aparatos que llevan tanto la víctima como el investigado y se programa con los metros acordados en la medida interpuesta por el juez.

El agresor lleva un brazalete de pequeñas dimensiones que emite una señal de radiofrecuencia e incorpora unos sensores que permiten detectar su manipulación o rotura, así como la ausencia de contacto con la piel del usuario. También lleva una unidad '2Track', un dispositivo de localización GPS equipado con las funcionalidades básicas de un teléfono móvil, como comunicación de voz y mensajería.

La víctima también lleva una unidad '2Track', aunque la suya incorpora una antena exterior de radiofrecuencia que detecta la señal del transmisor del agresor. El sistema permite configurar en los dispositivos cuántas zonas de exclusión fijas se estime necesario, es decir, realizar el seguimiento de la prohibición de aproximación a distintas ubicaciones físicas, como el domicilio, lugar de trabajo o término municipal íntegro de la víctima.

Si la central de alarmas detecta que el agresor entra en una zona próxima a la víctima, llama a esa persona y la avisa. En el caso de que no se retire, se activa a la policía y a la víctima.

¿En qué casos son aconsejables?

Básicamente, cuando se detecta que el presunto agresor pueda actuar de forma "potencialmente letal", como ha señalado el Ministerio del Interior, y en un plazo inmediato.

Sin embargo, cuando agresor y víctima viven en un municipio pequeño, el sistema puede provocar problemas porque la alarma puede activarse de forma continua. Además, según ha explicado la inspectora Montse Escudé, portavoz de los Mossos, muchas mujeres "no quieren la presión" de llevar la pulsera porque las falsas alarmas -y más si el agresor juega con ello- "pueden generar ansiedad" en las víctimas.

La inspectora también ha explicado que "si no se aprecia riesgo de nivel inmediato" se opta por otras medidas de protección como escoltas, acompañamiento policial para acciones puntuales o llamadas diarias.