La Fiscalía intensificará sus actuaciones ante la "escasa protección penal" a mujeres maltratadas

La Fiscalía intensificará las actuaciones para proteger a las víctimas de violencia de género, ante la constatación de que se dispensa una "escasa protección penal" a las mujeres durante la tramitación de los procedimientos judiciales.

La Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha enviado un escrito a sus colegas fiscales para coordinar una mejor actuación de protección de estas víctimas.

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El repunte de feminicidios de diciembre y los primeros asesinatos de enero han generado una alerta entre las instituciones implicadas en la lucha contra las violencias machistas, que tratan de reforzar la respuesta de protección de mujeres maltratadas. El Ministerio del Interior lleva dos días reunido analizando los asesinatos de 2022 y estudia cómo poner freno a la peligrosidad de los agresores persistentes que maltratan a distintas mujeres y ahora la Fiscalía da un nuevo paso para mejorar sus actuaciones en los procedimientos penales.

En el documento enviado, la fiscal Peramato precisa que en el 50 % de los feminicidios del mes diciembre existían denuncias previas contra los presuntos agresores y sólo en dos casos acordaron medidas de protección, que quedaron sin efecto en pocos meses. De todos los asesinatos machistas de 2022, constaban denuncias por maltrato en el 43 % de los casos y sólo se acordaron medidas en seis ocasiones.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial relativos al tercer trimestre del año -los últimos publicados-, sólo se solicitaron órdenes de protección para las víctimas en un 20 % de los casos, y se acordaron finalmente en el 13,9 % de los supuestos.

"Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género", subraya Peramato en el escrito.

La Fiscal de Sala incide en que las órdenes de protección pueden ser solicitadas por los y las fiscales sin necesidad que de la víctima las pida: "Debemos ser proactivos en orden a procurar la máxima protección de las mujeres y de sus hijos e hijas, todos víctimas de esta violencia, extremando la diligencia a la hora de valorar todas las circunstancias personales y de hecho y solicitando la práctica de las diligencias que se precisen no sólo para la acreditación de los hechos delictivos, sino también para la determinación del riesgo a que están sometidas, entre ellas la valoración forense del riesgo".

En el escrito destinado a los y las fiscales delegados de violencia de género de toda España, Peramato incide en que los miembros del ministerio público que participen en las guardias de este tipo de procedimientos deben intensificar su "actuación proactiva" de cara a proteger a las víctimas, "solicitando cuando proceda, y aunque ellas no lo interesen, las medidas cautelares necesarias para enervar, en la medida de lo posible, el posible riesgo de reiteración de conductas violentas y de feminicidio".

La fiscal hace especial hincapié en la necesidad de dotar las unidades forenses de valoración integral del riesgo, pues la actuación policial de VioGén no es suficiente, sólo un primer paso, y se debe profundizar a la hora de estimar todos los factores de riesgo que afrontan las víctimas y sus hijos e hijas.

"Deberán solicitar las diligencias que se precisen en orden a la determinación de ese riesgo con mayor exactitud, en concreto, la valoración forense del riesgo", destaca.

Asimismo, Peramato insta a los fiscales a solicitar la implantación del dispositivo de control telemático de los agresores (pulseras Cometa) para garantizar que se cumple la orden de alejamiento en los casos en los que la valoración del riesgo policial dé como resultados niveles extremo, alto o medio de especial relevancia, salvo en aquellas situaciones en que proceda acordar la prisión provisional. Esta petición, añade, debe hacerse también cuando el nivel de riesgo se agrave durante el procedimiento y debe mantenerse en el escrito que persiga la condena del agresor.

Por último ha pedido a los fiscales que antes del 15 de febrero le remitan un informe sobre las ventajas y desventajas de extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a varios partidos judiciales, adoptando las medidas necesarias para no repercutir en las víctimas posibles inconvenientes.

"Puede ser una medida que garantice que este y otros recursos especializados sean accesibles para todas las víctimas por igual y que fiscales, jueces/as, abogados/as contemos en la guardia con el auxilio pericial que garantice una mayor eficacia en nuestras actuaciones en orden a la protección de las víctimas y la exhaustiva investigación de los delitos", precisa.

El Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el Consejo General del Poder Judicial acordaron el pasado 30 de diciembre potenciar la especialización y comarcalización de los órganos judiciales.