La Fiscalía limita los planes de Interior: no se puede informar siempre de los antecedentes de un maltratador

El Ministerio del Interior sabe que los maltratadores reincidentes, esos que maltratan a varias víctimas a lo largo de su vida, implican un mayor riesgo para cada nueva pareja. Por eso, quería informar a las mujeres maltratadas de esa realidad. Sin embargo, la Fiscalía ha concluido que no puede hacerlo de forma automática.

Interior pidió un informe a la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, para evaluar la posibilidad de que los agentes policiales puedan informar a una mujer maltratada de que el agresor al que acude a denunciar ya tiene antecedentes por violencia de género ejercida contra otras víctimas, puesto que se sabes que "en estos casos la actual pareja denunciante tiene mayor riesgo de ser agredida nuevamente con más intensidad y menor tiempo de latencia".

En un escrito dirigido a la responsable del Área contra la Violencia de Género de Interior, María Jesús Cantos, Peramato concluye que no se puede proceder a informar a las víctimas "de manera automática y/o generalizada", tan sólo en aquellos casos en que se concluya que "no sólo los referidos antecedentes suponen un factor de riesgo relevante, sino que comunicar esa concreta información a la víctima resulta necesario para prevenir, en ese supuesto concreto, la comisión de una infracción penal mediante la adopción de medidas adecuadas de protección o autoprotección".

Revisa Peramato en su informe la legislación vigente en materia de protección de datos, así como la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Ministerio del Interior lleva tiempo volcado en el abordaje de los maltratadores reincidentes, a los que llama "persistentes o plurivictimizadores", puesto que "presentan más probabilidades de haber quebrantado una medida judicial de protección, de registrar agresiones físicas y sexuales previas y duplican las posibilidades de volver a quebrantar otra medida judicial de protección acordada en el futuro, en comparación con otros agresores denunciados por delitos de violencia de género que carecen de este histórico relacional".

Al constatar el departamento de Fernando Grande-Marlaska que estos agresores suponen un factor de riesgo para las víctimas, puso en marcha una instrucción dirigida a los cuerpos policiales en la que, entre otras cosas, se hablaba de la necesidad de alertar a las mujeres maltratadas que acudieran a denunciarlos.

"No sólo son capaces de agredir con mayor lesividad a una mujer con quien mantienen una relación sentimental, sino también a otras nuevas parejas a lo largo de su vida en un ciclo de rotación victimológica muy segmentada, donde unos pocos agresores provocan múltiples situaciones de victimización en sus relaciones de pareja. No se puede obviar que estos casos suponen un peligro específico que es necesario atender desde la perspectiva preventiva ya que evitarían nuevas víctimas y un posible incremento en la gravedad de la violencia sobre la pareja o expareja actual", incidía Interior en la instrucción publicada en 2021.

Varios de los asesinatos por violencia de género de 2022 fueron perpetrados por este tipo de agresores persistentes. Ante esta situación, la responsable de Violencia de Género de Interior pidió a la Fiscalía un informe sobre cómo se podría informar a las víctimas de que los maltratadores ya habían violentado a otras mujeres previamente y que eso incrementa su nivel de riesgo.

La fiscal Teresa Peramato ha estudiado la cuestión y ha concluido que no puede comunicarse a la víctima esta información en todos los casos, de forma automática y generalizada, pues entra en juego el derecho a la protección de los datos, con el que colisionaría esta medida.

Para informar de los antecedentes del agresor, tendría que ser ésta la única medida que permitiera impedir una nueva agresión.

Desde Interior se ha precisado que la intención no era la activación genérica o automática en caso de reincidencia por violencia de género, sino trabajar en una herramienta en la que se trabaja es un "protocolo que permita tasar y ponderar la colisión de derechos fundamentales" de los agresores y que aún no se ha definido, informa Efe.