VIOLENCIA MACHISTA

¿Cómo será la lucha futura contra las violencias machistas? El Congreso toma la palabra

La Cámara Baja aprueba este jueves la creación de una subcomisión para actualizar el contenido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

La fachada del Congreso de los Diputados iluminada de morado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La fachada del Congreso de los Diputados iluminada de morado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. / EFE/Kiko Huesca

6
Se lee en minutos

Las Cortes tienen la tarea de decidir cómo va a luchar España contra las violencias machistas en los próximos años. Este jueves los grupos parlamentarios comienzan la andadura para renovar el dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y determinar cómo combatir con más eficacia violencias como la vicaria, la económica o la digital, pero también cómo financiar esta lucha o qué lagunas persisten en la protección a las víctimas.

Con motivo de la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la creación de una subcomisión específica para renovar el contenido del Pacto, cuya vigencia inicial de cinco años ha llegado a su fin en este 2022, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha preguntado a los principales grupos parlamentarios por los aspectos claves que deberían incluirse en la que será la nueva hoja de ruta del Estado para luchar contra las violencias sobre las mujeres.

Como se hiciera en 2017, profesionales y expertas comparecerán ante la subcomisión para hacer un nuevo diagnóstico de necesidades y lagunas que hay que abordar. En ese camino, que culminará en junio, también habrá de hacerse una revisión de los compromisos cumplidos y los retos pendientes del Pacto del 17. Ya el año pasado, todos los grupos salvo Vox emitieron su voluntad de renovar esta herramienta esencial para combatir las violencias machistas.

Juventud y ciberviolencia

Desde el PSOE explican que el acuerdo firmado hace un año ya da pistas sobre algunas de las claves que deberá contener el nuevo dictamen.

Por ejemplo, la plurianualidad en la ejecución de los fondos, esto es, que las administraciones autonómicas y locales puedan utilizar las partidas presupuestarias en plazos más amplios que el de un ejercicio anual; o la financiación de las entidades que trabajan con mujeres víctimas y supervivientes.

Habrá que profundizar, precisan las socialistas, en la violencia de género en la juventud "dadas las cifras de incidencia" y la percepción que los más jóvenes tienen del maltrato.

Y se tendrán que abordar cuestiones que el Pacto de 2017 toca de manera tangencial, como la ciberviolencia o violencia digital.

En el acuerdo político para la renovación de este dictamen se incluían otros aspectos que se tendrán que debatir en la subcomisión como la financiación, la especialización de profesionales, la dotación de entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la prevención y la atención a las víctimas, las políticas orientadas al uso de las nuevas tecnologías o las campañas de sensibilización destinadas a niños y hombres.

Exigencia de evaluación

La derecha insiste en que lo prioritario para la actualización del dictamen es hacer primero una evaluación de lo que se ha hecho en estos cinco años del Pacto y contar con un diagnóstico claro para diseñar una nueva hoja de ruta de lucha contra las violencias machistas en España.

El PP pide que se haga "una evaluación externa rigurosa" de las más de 200 medidas del Pacto de 2017 que evalúe el coste, el impacto y las personas que han estado implicadas en su desarrollo. Este partido muestra su preocupación por la posibilidad de que se hayan gastado fondos de forma "inadecuada" en lugar de en "cosas importantes" como reformas en juzgados para adecuarlos a las necesidades de las víctimas o en incorporar más personal forense o policial. "Tenemos la sensación de que se han hecho muchas cosas de coordinación y protocolos, pero no mucho más y queremos que se nos aclare eso en primer lugar", precisan fuentes populares.

Una vez completado ese análisis, el PP quiere contar en un plazo de seis meses con un nuevo dictamen que rija la actuación de las administraciones hasta 2027. "Serán las expertas en comparecencias las que digan qué es necesario hacer. El diagnóstico puede ser otro diferente cinco años después de la aprobación del Pacto", añaden las mismas fuentes.

El foco en las más vulnerables

Además de pedir un análisis de la adopción de las medidas del Pacto para "trabajar cuanto antes en su total cumplimiento", Cs subraya que hay que actualizarlas "a nuevas realidades", "siendo vital la protección de nuestras jóvenes en materia de redes sociales e internet y no olvidarnos de que el sistema de prevención y protección llegue a las mujeres de entornos más vulnerables".

En el compromiso político rubricado el año pasado para renovar el Pacto se hablaba explícitamente de la necesidad de dirigir la mirada a la protección de mujeres mayores, migrantes, rurales, con discapacidad, pertenecientes a minorías étnicas o en situación administrativa irregular.

Ciudadanos estima que se debe mejorar VioGén, el sistema de seguimiento policial de las víctimas de violencia de género, con un formulario rediseñado y la participación de profesionales de la psicología especializados en maltrato machista. También encomendar al Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas la elaboración de un análisis de impacto cuatrienal de la normativa y programas dirigidos a luchar contra la violencia.

Los liberales creen que se debe incidir en la educación en igualdad, abordar la brecha salarial, aumentar las competencias digitales de niñas y mujeres, aprobar la ley integral contra la trata y, por último, regular el "trabajo sexual de forma que se otorgue un marco robusto de protección laboral y social para las trabajadoras que deciden dedicarse a esta profesión libremente y la persecución de quienes obligan a terceros a ejercerlo".

PNV y Bildu demandan autonomía para desplegar el Pacto

Los grupos vascos, por su parte, coinciden al apuntar que el futuro dictamen deberá abordar una actualización de la financiación y la necesidad de que se dé autonomía a las comunidades autónomas para que puedan trabajar "sin tutelas y directrices unívocas" en el despliegue de las medidas.

"Las comunidades autónomas tienen que trabajar con la Administración central, pero no para la Administración central", señalan fuentes del PNV, mientras que Bildu recuerda que tanto el País Vasco como Navarra no participaron de la asignación presupuestaria del Pacto por disponer de un sistema de financiación propio, si bien precisa que se ha reconocido que esta última tenga derecho al acceso a los fondos por sus características extraordinarias.

Hace hincapié Bildu en los cambios que se deben introducir para facilitar la financiación, pues aunque el dinero esté llegando a los ayuntamientos, considera que no se está gastando en el objetivo para el que iba destinado por falta de coordinación y medios para realizarlo.

Por su parte, el PNV solicita que se analicen "los aspectos positivos y las lagunas" en la implantación del Pacto en estos cinco años que lleva en vigor, así como detectar "si los posibles problemas que se puedan observar son consecuencia de la aplicación del Pacto o del propio Pacto, y si las y los profesionales implicados en los diferentes procesos de seguimiento de las medidas han mejorado en su tratamiento de la violencia de género tras su formación".

La visión de Igualdad

Desde Igualdad inciden en que una de las cuestiones más relevantes es lograr que la financiación del Pacto sea estable para que "las políticas públicas se hagan efectivas", algo en lo que, dicen, existe consenso entre ayuntamientos, comunidades autónomas y grupos parlamentarios.

"Necesitamos que la financiación sea estable y que tenga algunas características, como la plurianualidad, que nos permitan a cada administración hacer realidad lo que las leyes y las políticas dicen", indican fuentes del departamento dirigido por Irene Montero.

Noticias relacionadas

También consideran que el futuro dictamen debería recoger medidas sobre las violencias en el ámbito digital, un reto "muy importante" porque en internet la violencia "no cesa, es permanente" y aún no existe una respuesta suficiente del Estado.

Asimismo, señalan que se debe trabajar en "la protección de las madres protectoras", muchas de ellas "criminalizadas por protegerse a sí mismas y a sus hijos frente a la violencia machista". Y en la violencia vicaria y en la económica.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010Todos los recursos contra la violencia de género.