Misión "renovar el Pacto": el Parlamento trabajará contra reloj para actualizar la hoja de ruta contra las violencias machistas

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género necesita ser renovado, revisado y actualizado. Las Cortes no disponen de mucho tiempo para esta tarea compleja, apenas un año, pero la maquinaria parlamentaria ya se ha puesto en marcha para poder culminarla en esta legislatura.

La vigencia del Pacto, hoja de ruta de la lucha contra las violencias machistas en España, vence en este 2022, y aunque la mayoría del Congreso y del Senado reeditó su compromiso para la necesaria renovación, tanto el Gobierno como los partidos políticos coinciden en que no sólo hay que garantizar su permanencia temporal, también profundizar en su contenido y actualizarlo para proteger mejor a las víctimas. Combatir la violencia económica, la violencia digital o la trata aún son retos pendientes que deben plasmarse en el Pacto.

Hace unos días, la ministra de Igualdad, Irene Montero, acudía al Congreso de los Diputados para urgir a los grupos parlamentarios a acometer esta revisión. Los partidos, conscientes de que tendrán que trabajar contra el reloj para llegar a tiempo, recogieron el guante y le expresaron a la ministra su disposición para abordarla en los próximos meses. Al mismo tiempo le transmitieron la necesidad de contar con una evaluación del grado de cumplimiento del Pacto vigente antes de diseñar una nueva carta de navegación para estas políticas públicas contra las violencias machistas.

"No se ha cerrado un calendario, pero todos los grupos expresaron la voluntad de trabajar en los próximos meses en la renovación del Pacto y la actualización del dictamen. Se hará, por supuesto, en esta legislatura", precisan fuentes socialistas a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Desde Cs sostienen que el trabajo "se tiene que organizar a corto plazo" en el seno de una subcomisión creada específicamente a tal efecto: "Se transmitió la necesidad de hacerlo cuanto antes. Nosotros insistimos en la importancia de la evaluación y en que hay que ser conscientes de las mujeres a las que tenemos que ayudar en materia de violencia, con especial atención a las del mundo rural, mujeres de discapacidad, gitanas, pobres, etcétera".

El PP hace hincapié en que tanto la evaluación del grado de cumplimiento de las medidas del Pacto como la firma de uno nuevo son trabajos que competen a la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Para lo primero, los populares piden la rendición de cuentas de Igualdad y la comparecencia de la ministra, mientras que para la renovación del Pacto con nuevas medidas exigen la comparecencia de personas expertas, como se hizo con el documento consensuado en 2017, que fue el resultado de la participación de más de 100 profesionales.

"Deben comparecer todos los operadores implicados en la lucha contra la violencia de género para evaluar lo que no se ha ejecutado, los objetivos alcanzados y lo que ha fallado, así como para hacer un Pacto de Estado mejorado y renovado", afirman fuentes populares a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que apuntan que no se ha concretado aún ningún calendario para impulsar estas cuestiones pendientes.

Las fuentes del PSOE consultadas coinciden en que "seguramente habrá comparecencias", aunque añaden que durante la legislatura ya se han celebrado bastantes "y de ellas se desprende una buena batería de propuestas". Antes de redactar las nuevas medidas, indican, las diputadas de la Comisión necesitan la evaluación del Pacto en la que ya está trabajando el Gobierno para saber dónde están "con respecto al documento de 2017.

En su reunión con las portavoces de la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, la ministra de Igualdad prometió que su departamento acompañará a las Cortes en los trabajos de renovación del Pacto.

"Las Cortes Generales también tienen un fuerte protagonismo para la actualización y mejora de ese Pacto de Estado", dijo lMontero tras la reunión, en la que informó a las diputadas del trabajo conjunto que el Gobierno y las comunidades autónomas están realizando para institucionalizar el Pacto y blindar las políticas de prevención, detección precoz, atención integral y reparación de las víctimas.

Recordó la ministra que tanto las Cortes como el Gobierno se comprometieron el año pasado a hacer permanente y actualizar el Pacto. "La foto que este país tiene de las violencias contra las mujeres ha ido evolucionando también como consecuencia de los avances institucionales y del movimiento feminista", afirmó e incidió en la relevancia de que todas las administraciones, en el ámbito de sus competencias, "blinden al máximo nivel normativo" la lucha contra estas violencias.

Un Pacto que cumple cinco años

Congreso y Senado consensuaron en 2017 más de 200 medidas para mejorar la respuesta del Estado a la violencia que se ejerce contra las mujeres. El Pacto incluía deberes para el Ejecutivo, pero también para los poderes legislativo y judicial, las comunidades autónomas, las entidades locales o los medios de comunicación.

Muchos de sus objetivos, como la creación de una ley contra la violencia sexual -la ley del sólo sí es sí- o la protección de los hijos de mujeres maltratadas de los padres agresores, se han cumplido. Sin embargo, aún quedan otros pendientes, como una ley integral contra la trata. Además, con el avance de los tiempos, la violencia machista muta y encuentra nuevas vías para manifestarse, por ejemplo a través de internet y las redes sociales.

Ante esta realidad, el 25 de noviembre de 2021, el Gobierno y todas las fuerzas parlamentarias a excepción de la extrema derecha se comprometieron a fortalecer el Pacto de Estado y plasmaron en un documento la "voluntad renovada de todos los actores institucionales de seguir trabajando por el cumplimiento de las medidas" recogidas por el dictamen, así como por el establecimiento de "un marco ampliado y permanente para el desarrollo de políticas públicas que lo fortalezcan".

En ese documento, los grupos explicitaban que el Pacto no puede tener una fecha de caducidad (cuando se aprobó, su horizonte temporal se situaba en septiembre de 2022) y la convicción de que debe ser este el instrumento que vertebre la respuesta de España frente a las violencias machistas.

Los partidos reconocieron en aquel momento que la violencia económica, la digital y la vicaria deberán formar parte un nuevo dictamen, que además deberá prestar especial atención a la discriminación y obstáculos añadidos de las víctimas más vulnerables como son las mujeres ancianas, migrantes, rurales, con discapacidad, pertenecientes a minorías étnicas o en situación administrativa irregular.

En los meses que han pasado desde noviembre pasado, la financiación del Pacto se ha blindado por ley. La ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del sólo sí es sí, garantiza su estabilidad financiera obligando al Gobierno a activar el sistema de financiación que permite destinar partidas presupuestarias a las medidas del Pacto.

Y las comunidades autónomas trabajan junto a Igualdad en el seno de la Conferencia Sectorial para incrementar la coordinación de las distintas administraciones, para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de atención a las víctimas y para crear un catálogo con los recursos mínimos que cada territorio debe poner a disposición de las mujeres para que éstas puedan salir de la violencia. Se están reuniendo cada 15 días para fortalecer esa respuesta institucional en el marco del Pacto de Estado.