VIOLENCIA MACHISTA

Crecen un 58 % los delitos sexuales cometidos por menores y la Fiscalía exige "una reflexión como sociedad"

Una mujer observa a través de la ventana de su vivienda, en una imagen de archivo. EFE/Brais Lorenzo

La Fiscalía General del Estado está preocupada por el "progresivo e importante incremento" de los delitos sexuales perpetrados por menores de edad: en 2021, los abusos y agresiones sexuales cometidos por chicos menores de 18 años crecieron un 58 % hasta los 2.625 casos, unos datos "que superan con creces a los de los años anteriores".

Estas cifras, hechas públicas este miércoles en la Memoria anual de la Fiscalía relativa a 2021, han llevado al Fiscal General del Estado, Álvaro García, a solicitar "una reflexión como sociedad". García no ha podido estar presente en la apertura del año judicial, por lo que su discurso ha sido pronunciado por la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez.

En 2021, se incoaron 2.625 procedimientos por delitos contra la libertad sexual: 668 agresiones sexuales y 1.957 abusos. Son un 58 % más que en 2020 -año de la pandemia, cuando hubo 1.661- y un 35,7 % más que en el 2019 (1.934 procedimientos).

El número de procedimientos por violaciones, según recoge la Memoria, subió un 22,7 % con respecto a 2020 y un 18,4 % en relación a 2019. Los abusos sexuales cometidos por menores subieron un 75 % con respecto al año anterior y un 42,8 % en relación a 2019.

Los fiscales alertan, "sin incurrir en moralismo alguno", de la "despreocupación y banalidad con que se afrontan las relaciones sexuales entre adolescentes", de "comportamientos altamente sexualizados a edades muy tempranas" asociado a un acceso precoz a la pornografía desde "edades impúberes".

En algunos territorios, como Madrid, esta situación se ha traducido en un incremento de enfermedades de transmisión sexual e incluso de embarazos no deseado en esas edades.

Lamenta la Fiscalía que no existan protocolos para impedir el acceso de los menores a páginas web pornográficas. "Ese aprendizaje desviado puede estar contribuyendo al aumento también de delitos sexuales incestuosos".

Reconoce además que la investigación de estos delitos no es fácil y que no son infrecuentes las sentencias absolutorias por falta de pruebas o por la concurrencia de un "consumo desinhibido de alcohol y sustancias que hace difícil establecer el límite del consentimiento".

El Ministerio Público también llama la atención sobre "cierta tendencia a la normalización por parte de algunos menores de los contactos online de carácter sexual con adultos a cambio de compensaciones de carácter económico".

Feminicidios

La Fiscalía General del Estado ha anunciado en su Memoria que ha adoptado el término de feminicidio para referirse a los asesinatos y homicidios de mujeres y niñas por razones de género.

Distinguirá entre el feminicidio familiar o íntimo y no íntimo. Los primeros se referirán a aquellos homicidios y asesinatos de mujeres perpetrados por alguien que tiene o ha tenido una relación matrimonial o sentimental, familiar o de parentesco por consanguinidad o afinidad. Los segundos, abarcarán aquellos cometidos por un hombre que no tenía ninguna relación con la víctima.

Además, el Ministerio Público considera la categoría de "feminicidio por conexión" para referirse a los crímenes contra terceras personas que "quedaron atrapadas en la línea de fuego al defender a la mujer a quien iba dirigido el ataque" y también la categoría de "feminicidio extendido o ampliado", que alude a los asesinatos vicarios de hijos e hijas o personas del entorno íntimo de la mujer cuando son asesinados junto a ella o para hacerle el máximo daño posible.

"Asumimos esos términos reconociendo el poder que tienen las palabras y en el convencimiento de que lo que no se nombra no existe, y de que el lenguaje es una herramienta que ayuda no sólo a cambiar actitudes y comportamientos (...), sino también para visibilizar aquellos fenómenos que se quieren difundir o combatir como ocurre en este caso".

En 2021, 50 mujeres fueron víctimas de feminicidios íntimos en el ámbito de la pareja. Hubo otros 21 intentos frustrados, así como cuatro feminicidios ampliados (niños y niñas hijos de las víctimas), así como otros cinco intentos no consumados: cuatro hijos y una madre de las víctimas.

En el ámbito de las violencia de género en el ámbito de la pareja, la Fiscalía pone el foco en el hecho de que el número de denuncias aún no hayan llegado a niveles prepandemia (se cerró 2021 con una cifra un 1,15 % inferior a la de 2019) y vuelve a incidir en que el número de sentencias condenatorias por denuncias falsas es del 0,0084 % para los años que van de 2009 a 2021.

Evitar la revictimización, proteger a la víctima

En el arranque del nuevo año judicial, el Ministerio Público ha afirmado que la protección de las víctimas será su prioridad: "Han de ser amparadas y defendidas", ha indicado la teniente fiscal.

En su discurso, el Fiscal General del Estado incide en que el testimonio de las víctimas suele ser imprescindible para la persecución del delito y no debe significarles "una carga, un elemento violento o desgarrador".

Por ello, ha continuado la teniente fiscal, "no son las víctimas las que se tienen que adaptar al proceso o a la justicia", sino viceversa.

En este sentido, pide una reforma legislativa para regular expresamente "la prueba testifical preconstituida de las víctimas más vulnerables de la violencia de género, especialmente las de violencia sexual", con el objetivo de reducir las comparecencias reiteradas ante los tribunales que pueden incidir en su victimización secundaria.

La Fiscalía quiere que la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoja esta posibilidad, que permitiría a las víctima declarar sólo al principio del procedimiento.

Una ley contra la trata

Otra demanda que el Ministerio Público hace al poder legislativo es el "imprescindible" impulso de una ley integral contra la trata de seres humanos.

Durante 2021, se incoaron 187 procedimientos por delitos de trata, un 37,5 % más que el año anterior. De ellos, el 67,27 % de los casos eran relativos a trata con fines de explotación sexual (277 víctimas de las que el 98,55 % eran mujeres y niñas) y el 16,36 % con explotación laboral.

"La Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado viene detectando que las personas extranjeras en situación administrativa irregular son el caldo de cultivo propio para la explotación y el abuso", ha alertado el Fiscal General en su discurso. También se detectaron casos de matrimonio forzado, comisión forzada de delitos y servidumbre.

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La Fiscalía pide acabar con la "dispersión normativa existente" con una ley "que ponga en el centro a las personas y consolide el enfoque de asistencia y protección, abordando de forma integral, completa y transversal el fenómeno de la trata en todas sus formas".

Aboga el Ministerio Público por una adecuada regulación de los delitos finales para su persecución penal: penalizar toda forma de proxenetismo, la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso.

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