Sin noticias de la ley contra la trata: ¿le queda tiempo al Gobierno para aprobarla?

Han pasado cinco meses desde que la ministra de Justicia, Pilar Llop, anunciara la puesta en marcha de los trabajos para la elaboración de una ley integral contra la trata: más de 150 días después no hay noticias del texto legal, aunque desde su ministerio niegan que el proyecto se haya aparcado y aseguran que están trabajando "con intensidad" en él.

En el mejor de los casos, si el Gobierno de coalición apura su mandato hasta el último día, dispone de 16 meses para cumplir sus compromisos legislativos, entre los que está una ley integral contra la trata con fines de explotación. ¿Es un margen de tiempo suficiente para poner en marcha un anteproyecto de ley que requerirá la implicación de diversos ministerios, pasar dos veces por el Consejo de Ministros, recibir los informes preceptivos de los órganos constitucionales y superar el trámite legislativo del Parlamento?

"Es una ley muy compleja. No ha habido novedades mediáticas, pero no se ha dejado de trabajar en ella y el trabajo está bastante avanzado", afirman fuentes de Justicia consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que precisan que no puede haber precipitación ni improvisación en su elaboración.

Por el momento, no detallan un plazo temporal para la presentación del anteproyecto ni si habrá dos textos legales, uno referido a la trata con fines de explotación sexual y otro sobre el resto de tráfico de personas.

Un camino farragoso

La puesta en marcha del anteproyecto de ley contra la trata está resultando un tanto farragosa. En un primer momento, PSOE y Unidas Podemos pactaron registrar de la mano una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para garantizar que la situación administrativa irregular de las víctimas de trata y de explotación sexual no fuera un impedimento para acceder a sus derechos.

Sin embargo, esta iniciativa quedó en agua de borrajas y el Ejecutivo asumió el cometido de elaborar una ley. El Ministerio de Igualdad abrió una consulta pública para elaborar un borrador de ley contra la trata con fines de explotación sexual: en enero tenía preparada su propuesta, que trasladó a Justicia para ultimar los detalles. Hasta el día de hoy no han recibido ninguna respuesta.

Dos meses después de recibir el texto de Igualdad, en marzo, Llop anunciaba que Justicia daba el primer paso hacia una ley integral contra la trata de seres humanos: la ministra pedía entonces a la Comisión de Codificación una propuesta de ley integral contra todos los tipos de trata, con perspectiva de derechos humanos y de género y que tuviera en cuenta la discapacidad, la diversidad y el interés superior de los menores.

La Comisión de Codificación entregó su propuesta a la ministra a finales del pasado junio, cuando Justicia empezó a trabajar con él con "dedicación y pulcritud" para determinar cómo se pueden articular esas propuestas dentro de la norma.

Hasta la fecha sólo ha trascendido que Justicia quiere que la ley tenga tres ámbitos de actuación: prevención, protección y persecución. Su objetivo será "identificar, atender y reinsertar a las víctimas de toda clase de trata", dará prioridad a los derechos humanos de las víctimas y respetará su voluntad, participación y confidencialidad. La integridad, la no criminalización, la no revictimización y la gratuidad de las medidas de apoyo y asistenciales también integrarán la norma, según avanzó el Ministerio la pasada primavera.

El borrador del Ministerio de Igualdad

Desde el Ministerio de Igualdad -competente en materia de trata con fines de explotación sexual- se ha incidido en varias ocasiones en que es urgentísimo poner en marcha una legislación contra la trata.

Uno de los pilares del borrador que preparó el departamento de Irene Montero es que no exige a las víctimas que colaboren con la policía para acceder al sistema de protección.

Se modifica también el modelo de detección e identificación para dar prioridad a la atención y reparación de las víctimas, con un marco similar al de protección en casos de violencia de género, e incluye el principio de no devolución -la mayoría de las víctimas son extranjeras en situación administrativa irregular-, el derecho a un retorno seguro y asistido a su país de origen y a la reagrupación familiar.

Fuentes de Igualdad explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que no han recibido desde Justicia ningún tipo de valoración sobre el texto legal propuesto.

Un compromiso de la coalición

La aprobación de una ley contra la trata con fines de explotación sexual es un compromiso del acuerdo del gobierno de coalición: en el documento conjunto, UP y el PSOE establecían como prioridad el impulso de esta ley, "basada en los derechos de las víctimas" y que debería incorporar "medidas de prevención y persecución de estas redes criminales, además de medidas de protección y de recuperación integral" de mujeres y niñas.

Aunque la norma se está haciendo esperar, el Ejecutivo sí ha dado pasos para proteger a las víctimas. La ley del sólo sí es sí reconoce la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual como formas de violencias machistas y ofrece a las víctimas un itinerario de atención y recuperación. El 016 también las atiende y a finales de julio, el Consejo de Ministros daba el primer paso para la puesta en marcha del Plan de Inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata y explotación sexual y de mujeres en contextos de prostitución, con el que espera llegar a 30.000 mujeres en los próximos cuatro años.