Y el sólo sí es sí se hizo ley

"Hoy es un día de victoria después de muchos años de lucha: se aprueba por fin, definitivamente, la ley de garantía integral de la libertad sexual, la ley del sólo sí es sí". La ministra de Igualdad, Irene Montero, celebraba este jueves con orgullo la aprobación de una de sus leyes más importantes porque el camino no ha sido sencillo: 30 meses de tramitación plagados de desencuentros, negociaciones asfixiantes y giros inesperados. El clamor feminista contra la violencia sexual llegará en horas al Boletín Oficial del Estado después de que el Congreso haya dado su visto bueno final.

El Congreso de los Diputados ha dado su visto bueno definitivo a la ley del sólo sí es sí, a la que le ha añadido una breve enmienda del Senado. Cuando entre en vigor, el Estado ofrecerá una respuesta integral a las víctimas de la violencia sexual como la ley de 2004 contra la violencia de género empezó a hacer frente al maltrato machista. Ni el PP ni el partido de extrema derecha han apoyado la iniciativa.

Esta legislación es un mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que adecúa la legislación española al Convenio de Estambul. Pero, sobre todo, articula una demanda histórica del movimiento feminista español, que llenó las calles de este país tras conocerse la sentencia de la violación grupal de una chica de 18 años en los sanfermines de 2016, que condenaba a los agresores por un delito de abuso y no de agresión sexual.

"Sólo sí es sí", "no es abuso, es violación" o "hermana, yo sí te creo" fueron cánticos que se escucharon en manifestaciones feministas por la geografía española a raíz de este caso. "El grito feminista del sólo sí es sí, del hermana yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado", ha defendido la ministra de Igualdad.

Montero ha agradecido al movimiento feminista y a todas las víctimas de violencias sexuales que hayan "dado una batalla muy difícil" para que "hoy el Gobierno de coalición pueda dar este paso y la mayoría feminista del Congreso y del Senado pueda decir que sólo sí es sí también en nuestras leyes".

También han querido honrar a las feministas desde el PSOE y desde Unidas Podemos. La diputada socialista Laura Berja ha asegurado que esta ley es el logro de la reivindicación del movimiento feminista, mientras que Sofía Fernández-Castañón (UP) ha querido homenajear al feminismo por "ser la brújula de esta reclamación de justicia social".

El PP y la extrema derecha, en contra

A pesar de que España tenía pendiente la aprobación de una ley contra la violencia sexual, a la que le obligan sus compromisos internacionales, el PP y el partido liderado por Santiago Abascal han votado en contra de la norma, a la que se opusieron desde su entrada en la Cámara Baja.

"Otra ley de igualdad que el PP vuelve a votar en contra y no hay motivo", se ha quejado la socialista Laura Berja.

Defendía a su partido la popular Marta González quien, reconociendo que el Pacto de Estado considera necesaria la elaboración de una norma específica contra la violencia sexual, considera que la ley que se ha aprobado no les gusta.

Este posicionamiento también ha sido criticado por Cs, que ha recordado que fue el ministro de Justicia Rafael Catalá, de un gobierno del PP, quien comenzó los trámites con la Comisión de Tipificación para evitar que pudieran repetirse casos como el de "la Manada" de Pamplona.

"La defensa de la igualdad debería ser la defensa de toda la Cámara", ha afeado la diputada de Cs Sara Giménez, quien ha instado a los grupos que se han opuesto a la ley del sólo sí es sí a quitarse la venda de los ojos y a no tergiversar los mensajes sobre asuntos que tengan que ver con la igualdad de las mujeres y los grupos vulnerables.

"No es abuso, es violación"

Las medidas más conocidas de la ley son la eliminación de la distinción entre abuso y agresión sexual y el cambio de paradigma a la hora de juzgar los delitos sexuales, que tendrá que hacerse teniendo en cuenta el consentimiento; sin embargo, el texto legal abarca desde la prevención de las violencias sexuales a la reparación de las víctimas, pasando por la detección precoz, el castigo de los delitos y la atención integral a mujeres y niños y niñas afectados.

La ley nace sin medidas para combatir el proxenetismo y la tercería locativa: la postura abolicionista del PSOE chocó con la de los socios de la investidura y el encontronazo terminó con la retirada de este cambio del Código Penal. Este debate tendrá que volver a darse en el Congreso este otoño en torno a la proposición socialista para castigar todo tipo de proxenetismo.

"Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales, ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como tal. Reconocemos todas las violencias sexuales como violencia contra las mujeres, como violencias machistas, y por tanto el estado aporta un itinerario de atención integral y reparación para todas las mujeres que son víctimas de violencias sexuales", ha resumido Montero.

Con la aprobación de esta ley, España amplía el marco de lucha contra las violencias machistas. Se considerará como violencia sexual los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionen el libre desarrollo de la vida sexual. Agresión sexual, acoso, violación, exhibicionismo, provocación sexual, explotación sexual, corrupción de menores, mutilación genital femenina, feminicidio sexual, matrimonio forzado, la trata con fines de explotación sexual y, en el ámbito digital, la difusión de actos de violencia sexual, la pornografía no consentida y la infantil y la extorsión sexual a través de medios tecnológicos.

Casi toda la norma entrará en vigor 30 días después de su publicación en el BOE, incluida la modificación del Código Penal para convertir el consentimiento en el paradigma del enjuiciamiento de los delitos sexuales, el fin de la distinción entre abuso y violación, la consideración de la sumisión química como agravante y el castigo de la redifusión de fotos y vídeos íntimos sin consentimiento de la persona implicada.

Algo más tardará la garantía del derecho a la asistencia integral, gratuita y especializada a las víctimas para que puedan superar las consecuencias físicas, psicológicas y de otro tipo derivadas de las violencias sexuales. En concreto, seis meses. Entre este apartado entran los centros de crisis 24 horas, los servicios de atención a víctimas de trata y explotación sexual y los de atención especializada a niñas y niños víctimas.