Irene Montero impulsa su agenda legislativa: leyes trans y del aborto antes de 2023

La ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual ha necesitado dos años y medio de tramitación para llegar al Boletín Oficial del Estado. Los plazos de la legislatura se acortan y el Ministerio de Igualdad, consciente de ello, va a pisar el acelerador y a intensificar su papel negociador con los grupos parlamentarios para que las leyes trans y LGTBI y de interrupción voluntaria del embarazo vean la luz antes de que termine 2022.

"Vamos a tener una actividad parlamentaria intensa", ha reconocido la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el día en el que se ha aprobado la ley del sólo sí es sí. "Nuestra previsión y nuestra voluntad, y para lo que vamos a trabajar con todos los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado (...) es para que esas leyes (reforma del aborto y LGTBI y trans) estén aprobadas antes de que termine el año", ha aseverado.

La titular de Igualdad sabe que serán necesarios profundos debates para llegar a acuerdos, pues son leyes complejas, pero confía en que podrán alcanzarse con la "mayoría plurinacional, progresista y feminista" de Congreso y Senado: "Tenemos contacto permanente con los grupos parlamentarios", ha dicho.

Espera Montero que a final de año pueda haber "un avance legislativo feminista que seguramente no tenga precedentes" y sitúa a España "a la vanguardia internacional en la garantía de los derechos de las mujeres y las personas LGTBI".

Previsiblemente, las leyes de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo y para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI serán sometidas a sendos debates de enmiendas a la totalidad por la derecha parlamentaria. Tras superarlos, los grupos tendrán que negociar las distintas enmiendas presentadas para dar forma definitiva a los textos legales, que después habrán de ser votados en el Pleno.

En el caso de la ley trans y LGTBI, que permitirá la autodeterminación del género a partir de los 16 años y acabará con la consideración de la transexualidad como una patología, se espera que varios grupos parlamentarios se alineen con los colectivos de personas LGTBI para presentar enmiendas que tendrán que ver con la infancia trans y las personas no binarias.

Pacto de Estado contra la violencia de género y proxenetismo

El Congreso de los Diputados tendrá que abordar en otoño algunos cometidos importantes en materia de igualdad al margen de la agenda del departamento de Irene Montero: la renovación del dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con nuevas medidas y la tramitación de la proposición de ley socialista para combatir todo tipo de proxenetismo y tercería locativa.

Tras el frustrado intento de abordar esta materia en la ley del sólo sí es sí, el PSOE optó por registrar una propuesta propia que reavivará el complejo debate sobre la prostitución en sede parlamentaria. Desde el Ministerio defienden la persecución del proxenetismo, aunque no en los términos que plantean los socialistas. ¿Será posible alcanzar el acuerdo esta vez a pesar de la convivencia de posturas parlamentarias muy dispares que van desde el abolicionismo a la regulación de la prostitución?

En lo que sí existe el acuerdo dentro del movimiento feminista es en la necesidad de luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Los socios del Gobierno incluyeron en su acuerdo programático la elaboración de una ley contra la trata -mandato del Pacto de Estado-, pero el tiempo pasa y no hay noticias del proyecto.

El Ministerio de Igualdad tenía listo un borrador de anteproyecto a finales de 2021, pero está en el cajón a la espera de que Justicia decida cuál es la mejor fórmula para esta ley. La ministra Pilar Llop pidió asesoramiento a la Comisión de Codificación hace ya meses para la elaboración de la norma y ésta le ha entregado una propuesta de la que aún no han trascendido detalles. Ni siquiera se sabe si habrá una única ley contra la trata o bien habrá dos, una específica contra aquella que tiene como fin la explotación sexual.

¿Serán suficientes 16 meses, que son los que quedan para el final de la legislatura, para poner en marcha esta ley? Una vez el texto -o los textos- se perfilen dentro del Gobierno (son numerosos los ministerios que estarán implicados en su redacción), tendrán que ser aprobados en Consejo de Ministros, recibir los informes preceptivos de los órganos constitucionales, volver a pasar por el Consejo de Ministros y de ahí, al Parlamento, donde la norma habrá de recibir las enmiendas de los distintos grupos políticos.