"Hay que respetar a las víctimas de violación que no quieren volver a pasar por un calvario judicial"

El caso del individuo que violó a una trabajadora en una furgoneta en una finca de Yéchar y no pisará la cárcel a cambio de hacer un curso y dar 6.000 euros a su víctima sigue dando que hablar. La sentencia ha escandalizado a mucha gente, que se pregunta cómo puede ser legal algo así. El caso es que el Código Penal lo permite. A raíz de este asunto, la fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, y la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, reclaman reformas legales que eviten a las víctimas de agresiones sexuales tener que declarar en juicio oral y revivir su sufrimiento tras haber colaborado en la investigación.

Hacen este llamamiento, en declaraciones a Efe, después de conocerse dos recientes sentencias en las que violadores han evitado entrar en prisión tras alcanzar un acuerdo con sus víctimas: el caso de dos policías de Estepona (Málaga) y el del encargado de una finca agrícola que violó a una trabajadora en una furgoneta.

Los jueces suspendieron las condenas a prisión con la condición de que no volviesen a delinquir y que participasen en un programa de reeducación sexual. Lo mismo ha pasado con un joven de 22 años, vecino de Los Barreros, en Cartagena, que reconoció en sede judicial haber intentado violar a su ex y haberle dado una paliza, en el transcurso de la cual la mujer llegó a golpearse con una bombona de butano: este sujeto ha eludido entrar en prisión, pese a contar con antecedentes por violencia machista: fue condenado hace tres años por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Cartagena por un delito de lesiones. 

En el caso de los policías violadores, fuentes del entorno de la víctima explicaron que en el espíritu del pacto estaba evitar la "revictimización" de la joven y que fuera sometida a un juicio mediático paralelo, como ocurrió en el caso de la primera La Manada. Cabe recordar que la víctima de estos violadores, agredida en un portal de Pamplona, fue cuestionada y puesta en duda.

Teresa Peramato rechaza analizar las sentencias concretas al no conocer a fondo las circunstancias de los dos casos, pero tiene claras las reformas necesarias para mejorar la protección de las víctimas. Reclama en primer lugar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), para que en los delitos sexuales el testimonio de la víctima durante la instrucción del caso se convierta de forma imperativa en prueba preconstituida, de modo que no tengan que volver a declarar en el juicio oral.

Su segunda reivindicación está ya recogida en la ley orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, la conocida como ley del solo sí es sí, que se encuentra a la espera de recibir la luz verde definitiva del Congreso tras aprobarse una enmienda mínima en el Senado.

Esa ley determina que en el plazo de un año se deberán aprobar las reformas legales necesarias para que los juzgados de violencia sobre la mujer se ocupen también de la violencia sexual, con formación específica para los fiscales y jueces que trabajan en ellos.

Las víctimas de la violencia sexual son sobre todo mujeres, pero de sus casos se ocupan ahora los juzgados ordinarios. "Tendremos entonces datos, podremos ver en qué casos se llega a acuerdo, dictar instrucciones fiscales para unificar criterios...", destaca la fiscal de sala.

La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, llama por su parte a "entender y respetar" la decisión de una víctima "que no quiere volver a pasar por el calvario" sufrido a lo largo de un procedimiento judicial muy lento y pide no juzgarla, sino centrarse en pensar qué cambios son necesarios para que estos delitos no queden impunes.

"No podemos decirle a una persona que mantenga la herida abierta cuatro años", indica esta jurista, que reitera la necesidad de una "reforma estructural" en el procedimiento judicial que -dice- lleva años esperando el movimiento feminista.

Porque en casos como los citados concurren un "conjunto de circunstancias que mandan un mensaje muy potente de impunidad" a la sociedad, que puede llegar a pensar que este tipo de delitos "sale muy barato".

Esto, explica Soleto, no solo hace daño a la víctima, sino también al conjunto de la sociedad y por eso considera que los tribunales deberían ser "rigurosos en la aplicación de las penas" a los acusados por delitos contra la libertad sexual.

En este sentido, destaca que una cosa es el acuerdo al que pueden llegar las víctimas con los acusados para poner fin al proceso y evitar una mayor revictimización y otra la decisión de los tribunales de conmutar las condenas, especialmente en casos como estos, en los que existió un abuso de autoridad "evidente", en ambos casos: los policías y un jefe con una empleada.