GOBIERNO DE COALICIÓN

El IVA de las compresas y la ley contra la trata: cuenta atrás para la agenda feminista del Gobierno

Las promesas que el Gobierno aún no ha cumplido dependen de la negociación entre varios ministerios

Las ministras de Hacienda e Igualdad, María Jesús Montero e Irene Montero.

Las ministras de Hacienda e Igualdad, María Jesús Montero e Irene Montero. / EFE/Juan Carlos Hidalgo

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Cuando el PSOE y Unidas Podemos anunciaron que gobernarían en coalición se comprometieron a acometer una ambiciosa agenda feminista conjunta. A poco menos de año y medio de que termine la legislatura, quedan pendientes algunas medidas importantes, como la reducción del IVA de tampones y compresas o el impulso de una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual, iniciativas que precisan del visto bueno de otros ministerios, además del de Igualdad, como son Hacienda y Justicia.

A pesar de las diferencias entre las dos formaciones políticas, el Gobierno de coalición consensuó -y tiene encarriladas- leyes complejas como la del sólo sí es sí -a punto de ser aprobada definitivamente-, la ley trans y LGTBI y la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, el acuerdo aún no se ha materializado en otras cuestiones relevantes. Cierto es que nadie podía prever ni la pandemia ni la guerra -que sin duda influyen en los tiempos y las inversiones políticas-, pero no es menos cierto que el reloj corre y el margen del Gobierno para sacar adelante iniciativas legislativas se estrecha peligrosamente.

LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA

¿Será capaz el Ejecutivo de sacar adelante la ley integral contra la trata, por ejemplo? El Ministerio de Igualdad tiene listo un borrador de anteproyecto desde finales de 2021, pero está en el cajón a la espera de que Justicia decida cuál es la mejor fórmula para esta ley. La ministra Pilar Llop pidió asesoramiento a la Comisión de Codificación hace ya meses para la elaboración de la norma y ésta le ha entregado una propuesta de la que aún no han trascendido detalles. Ni siquiera se sabe si habrá una única ley contra la trata o bien habrá dos, una específica contra aquella que tiene como fin la explotación sexual.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, durante la entrevista.

/ Álex Domínguez

La aprobación de una ley contra la trata no sólo es un compromiso de UP y el PSOE para esta legislatura, sino que es un mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Una vez el texto -o los textos- se perfilen dentro del Gobierno (son numerosos los ministerios que estarán implicados en su redacción), tendrán que ser aprobados en Consejo de Ministros, recibir los informes preceptivos de los órganos constitucionales, volver a pasar por el Consejo de Ministros y de ahí, al Parlamento, donde la norma habrá de recibir las enmiendas de los distintos grupos políticos. ¿Serán suficientes 17 meses? La tramitación de la ley del sólo sí es sí ha durado más de dos años.

IVA DE PRODUCTOS MENSTRUALES

Más sencilla parece la reducción del gravamen del IVA de los productos de higiene menstrual -compresas, tampones, copas menstruales, etcétera-, una medida que se podría hacer realidad a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero que no termina de cuajar, a pesar de que Igualdad lleva solicitándolo a Hacienda desde los primeros presupuestos del actual Gobierno. El Ministerio de Irene Montero incluso trató de incluir esta rebaja en la reforma de la ley del aborto, pero no contó con el visto bueno del departamento de María Jesús Montero y tuvo que renunciar a ello.

Esos dos compromisos están encima de la mesa, pero hay otros dos puntos del acuerdo de coalición que ni siquiera se han perfilado, como son una ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios y la protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía "sujeta a las medidas más estrictas en línea con la nueva normativa audiovisual del Parlamento Europeo".

COMPROMISOS CUMPLIDOS

Queda un importante camino por recorrer aún en materia de igualdad, pero en estos dos años y medio de andadura del Gobierno de coalición se han activado compromisos relevantes, como la ley de garantía integral de la libertad sexual. El Ejecutivo esperaba que a estas alturas del verano la ley del sólo sí es sí estuviera aprobada, si bien un contratiempo en el Senado ha retrasado su aprobación definitiva. Esta ley orgánica ofrecerá una respuesta integral a las violencias sexuales -aunque finalmente no perseguirá el proxenetismo y la tercería locativa- y está llamada a ser lo que la 1/2004 ha sido contra la violencia de género en el ámbito de la pareja y la expareja.

Yolanda Díaz junto a las ministras de Podemos, Irene Montero y Ione Belarra, y la socialista Diana Morant (izq.)

/ EFE

Se han sentado las bases para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se han equiparado los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas y se ha ampliado el acceso a tratamientos de fertilidad en la sanidad pública a lesbianas, mujeres bisexuales, solteras y personas trans con capacidad gestante.

A través de las leyes de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia y de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica se ha avanzado en la suspensión del régimen de visitas de padres maltratadores condenados por violencia de género o con orden de protección por esta causa.

Se ha reformado el Código Penal para castigar el acoso en las clínicas de interrupción del embarazo -vía Congreso de los Diputados, a raíz de una proposición de ley planteada por el PSOE-, se ha ratificado el convenio 189 de la OIT, que equipara el régimen laboral de las empleadas del hogar al régimen general de la Seguridad Social y se han impulsado los planes de igualdad retributiva.

A la reforma de la ley del aborto -cuyo anteproyecto fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros- aún le quedan muchos trámites para ser una realidad, pero la norma incluye varias de las medidas acordadas por el PSOE y Unidas Podemos para el acuerdo programático de gobierno.

Y otra norma que está a las puertas de llegar al Parlamento, a pesar de que su elaboración fue compleja en el seno del Ejecutivo por las diferencias entre los socios, es la ley trans y LGTBI, que permitirá la autodeterminación del género a partir de los 14 años.

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