La suspensión del régimen de visitas de padres maltratadores se estanca

Alrededor del 45 % de las mujeres con protección policial por

violencia machista

tiene hijos menores a cargo. Sin embargo, las suspensiones judiciales de los regímenes de visitas se situaron algo por encima del 11 % entre enero y marzo, manteniendo la misma cifra que en el último trimestre de 2021.

El pasado septiembre, una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableció como norma que un padre tendrá que dejar de ver a sus hijos cuando esté implicado en un procedimiento en el que se dicte una orden de protección de la madre por violencia de género: los juzgados deben suspender el régimen de visitas de forma general o, excepcionalmente, acordar motivadamente su mantenimiento en base al interés superior del menor. En ningún caso se podrá establecer.

Entre enero y marzo se dictaron 6.488 órdenes de protección en España y, junto a ellas, 764 suspensiones de régimen de visitas de menores, lo que supone un 11,78 %, según datos del Consejo General del Poder Judicial. La cifra permanece casi inalterada en comparación con el 11,69 % registrado en el trimestre que le precede, el último de 2021.

Desde el CGPJ rechazan que el 11,78 % sea una cifra baja. Es más, celebran que suponga un incremento del 270 % en relación al mismo periodo del año anterior, una evolución que la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, interpreta como "una prueba más" de que "jueces y juezas cumplen, como es su deber, con la legalidad establecida y están muy sensibilizados y concienciados frente a la violencia de género".

Sin embargo, la comparación del primer trimestre del 2022 con el de 2021 no es muy efectiva si se tiene en cuenta que entre enero y marzo de 2021 no estaban en vigor los cambios legales introducidos en las leyes de infancia y de discapacidad destinados a proteger a los menores de los agresores machistas de sus madres.

Como es lógico, también se detectó un importantísimo incremento entre el año 2021 y el 2020 en la estadística de suspensión de regímenes de visitas, del 413 %, precisamente por la incorporación de esta novedad legal, que empezó a tener vigencia en el último trimestre del 2021.

Cuestiones circunstanciales

De ahí que sea más pertinente comparar las suspensiones con las dictadas en el último trimestre de 2022: ahí no ha habido evolución. Fuentes del CGPJ explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el hecho de que casi un 89 % de las órdenes de protección por maltrato no vayan acompañadas de la retirada de las visitas puede responder a algunas "cuestiones circunstanciales", como que éstas protejan mayoritariamente a mujeres sin hijos o a madres de hijos mayores de edad y también a que los jueces hayan decidido mantener el régimen preestablecido (a pesar de que en la ley se plantea sólo como excepción y no como norma).

Además, desde la Fiscalía General del Estado precisan que para que se suspenda un régimen de visitas es necesario que esté previamente establecido, cosa que no sucede en la mayoría de los casos.

Como el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ no desglosa estadísticamente los datos de órdenes de protección en función de si las víctimas son madres o no de menores y en este caso, si hay régimen de visitas con el padre, no hay datos oficiales que permitan evaluar la magnitud de las cifras.

En cualquier caso, las fuentes consultadas añaden que "si por un casual" existiera algún tipo de "reticencia" a la hora de aplicar el artículo 544 ter de la Lecrim, los cursos de formación que se ofrecen a jueces y juezas se centran en las novedades legislativas como la aprobada el año pasado que prohíbe la imposición de un régimen de visitas en el caso de una orden de protección y obliga a su retirada en caso de que exista cuando exista una orden de protección por violencia de género.

Al comienzo del otoño, la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, tuvo que enviar un escrito a sus colegas fiscales tras comprobar que no se están interpretando bien los últimos cambios legales orientados a suspender el régimen de visitas de los padres maltratadores.

Gran disparidad territorial

Lo que sí permiten constatar los datos ofrecidos por el CGPJ es que existe una gran disparidad provincial en esas suspensiones de las visitas: del 26,6 % de Huesca y el 25,61 % de Badajoz, al 0 % en Ávila, Zamora y Guadalajara.

Por encima de la media nacional (11,78 %) hay 21 provincias, mientras que las 29 restantes presentan valores inferiores en la tasa de suspensión de las visitas por haberse dictado una orden de protección por violencia machista.

Por encima del 20 %, están Huesca (26,67 %), Badajoz (25,61 %), Asturias (24,18 %), A Coruña (21,43 %), Cáceres (20,97 %), León (20,47 %) y Castellón (20,22 %). Y superior a la media nacional son las tasas de Ciudad Real (18,52 %), Segovia y Álava (18,18 %), Toledo (17,35 %), Cuenca y Barcelona (16,67 %), Las Palmas (16,23 %), Palencia (16 %), Jaén (15,84 %), Vizcaya (14,41 %), Madrid (14,24 %), Alicante (12,3 %) y Lugo (12 %).

En el otro extremo, en tres provincias no se suspendió ningún régimen (Ávila, Zamora y Guadalajara) y los porcentajes fueron bastante inferiores a la media en La Rioja (1,59 %), Salamanca (2,63 %), Baleares (3,69 %), Pontevedra y Orense (4,35 %), Girona (4,44 %) y Santa Cruz de Tenerife (4,92 %).

También por debajo de la media estuvieron Burgos, Navarra, Cantabria, Valladolid, Granada, Valencia, Sevilla, Lleida, Córdoba, Cádiz, Teruel, Albacete, Málaga, Huelva, Almería, Tarragona, Guipúzcoa, Zaragoza y Soria.