VIOLENCIA VICARIA

El Consejo de Europa alerta de las resistencias de los jueces españoles a retirar custodias y prohibir visitas a maltratadores

La legislación española dispone de "un amplio rango de posibilidades para suspender, limitar o regular" los derechos paternales a los padres maltratadores que sin embargo tiene "un uso limitado en la práctica"

Los pediatras, preocupados por la salud mental de los niños.

Los pediatras, preocupados por la salud mental de los niños. / Ferran Nadeu

Violeta Molina Gallardo

Violeta Molina Gallardo

"La retirada de la patria potestad a padres violentos sigue siendo la excepción, a pesar de la persistencia del riesgo de daño para las madres maltratadas y sus hijos" en España. El Consejo de Europa, a través del Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Grevio), alerta de que en España existe una legislación con "un amplio rango de posibilidades para suspender, limitar o regular el ejercicio de los derechos paternales a los padres maltratadores" que tiene un "uso limitado en la práctica".

Advierte el Grevio que los jueces de lo penal son particularmente reticentes a suspender o limitar visitas, patria potestad y otros derechos paternos, tanto en la instrucción de casos de violencia de género como en las sentencias resultantes. En este sentido, llama la atención de que se mantiene el contacto del maltratador con los hijos incluso cuando hay una condena y/o una orden de protección.

El Grevio, que se encarga de analizar el grado de cumplimiento del Convenio de Estambul en los países europeos, ha publicado este martes un informe centrado en la violencia vicaria y en el impacto que las custodias y los regímenes de visitas de hombres maltratadores tienen en la violencia machista, pues se convierten en una vía para mantener el contacto y hacer daño a la madre tras la separación.

Este órgano del Consejo de Europa subraya que los estados firmantes del Convenio de Estambul deben mejorar la protección de los menores y la seguridad a la hora de conceder visitas y custodias, pues ha encontrado que muchos países no las ofrecen en grado suficiente para garantizar la integridad de mujeres maltratadas y sus hijos e hijas.

"Aunque aunque los países firmantes han dado pasos adelante, el camino es aún largo, pues la implementación de medidas relativas a las custodias y visitas de los niños ha sido demasiado inconsistente", asegura el Grevio, que incide en que las mujeres que cortan la relación con sus agresores a menudo sufren amenazas contra sus hijos. Ante esta situación, enumera importantes lagunas para proteger a estas víctimas: falta de asistencia a los menores, insuficiente protección y fallos a la hora de garantizar la seguridad en las visitas supervisadas.

España tiene que mejorar

Lamenta el Grevio que para una mayoría de estados, dar prioridad al interés superior del menor signifique mantener el contacto con el progenitor agresor "a toda costa", incluso cuando los pequeños hayan sido testigos de la violencia machista.

El Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica) dedica tres artículos a la protección de los menores que crecen en contextos de violencia de género. En concreto, insta a las partes a desarrollar leyes para ofrecer asistencia integral de apoyo y protección a los menores que sean testigos de la violencia machista, para que se tengan en cuenta los incidentes de maltrato machista a la hora de estipular los derechos de custodia y visita de los hijos y para que ninguno de estos derechos "ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños" y para que los agresores pierdan la patria potestad si no se puede garantizar su seguridad.

En su informe sobre la aplicación de estas medidas en los distintos países firmantes, celebra que en España exista una "base legal" para evitar que se conceda una custodia o se establezca un régimen de visitas en caso de maltrato machista contra la madre, sin embargo muestra su preocupación por que la existencia de violencia de género se tenga poco en cuenta en las decisiones judiciales.

Además, sostiene que España no dispone de la infraestructura y los recursos para garantizar visitas supervisadas de padres maltratadores en condición de seguridad. El Grevio ha detectado sesgos del personal que trabaja en los puntos de encuentro familiar contra las mujeres víctimas y denuncia que no exista una obligación legal de informar a la autoridad judicial cuando se detecte una exposición a la violencia durante esas visitas.

Otra crítica que hace al estado español es que no dote de financiación suficiente a los servicios de atención a la infancia que sea víctima directa o indirecta de la violencia machista, lo que dificulta una respuesta rápida y sostenida en el tiempo que permita su recuperación y reparación.

Por último, este órgano del Consejo de Europa hace hincapié en que en España se sigue aplicando el síndrome de alienación parental, que carece de sustento científico y está prohibido por la ley de infancia. El Grevio denuncia que el SAP está siendo utilizado para rebatir denuncias de violencia machista y sexual en el ámbito de la pareja y de la familia.

"La minimización de la violencia machista en los juzgados de familia está relacionada con un uso cada vez mayor del concepto de alienación parental para desautorizar los testimonios de los niños víctimas que tienen miedo de estar en contacto con los agresores, a pesar de los riesgos evidentes para las víctimas tanto adultas como menores", afirma.

A pesar de estos toques de atención, este órgano destaca dos avances españoles orientados a la protección de los menores víctimas de la violencia vicaria: por un lado, que la ley reconozca como víctimas a los niños y niñas que son testigos de la violencia y establezca una protección y atención integrales; y por el otro, que se haya modificado el Código Civil para que en los casos de violencia de género, los padres no tengan que dar su autorización para la terapia psicológica de los hijos.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010Todos los recursos contra la violencia de género.