PROSTITUCIÓN

Proxenetismo, multas a los puteros y otras claves de la propuesta del PSOE sobre prostitución

Archivo - Imagen de archivo de prostitución.

Archivo - Imagen de archivo de prostitución. / FUNDACIÓN ATENEA - Archivo

Violeta Molina Gallardo

Violeta Molina Gallardo

El PSOE ha obtenido el visto bueno del Congreso de los Diputados para tramitar una ley contra el proxenetismo, gracias al apoyo del PP y parte de Unidas Podemos. La propuesta, que ha generado disenso y rechazo entre los socios parlamentarios del Gobierno, castiga a todo aquel que se lucre de la prostitución ajena y plantea multar a los puteros.

Los socialistas aseguran que se trata tan sólo de un primer paso hacia un horizonte abolicionista de la prostitución. De hecho, el texto legal presentado tiene un único artículo para modificar el Código Penal. ¿En qué consiste esta propuesta que ha sido tan contestada en la Cámara Baja?

La clave reside en la modificación del artículo 187 del Código Penal: los socialistas proponen combatir todo tipo de proxenetismo al considerar que "no cuenta con suficiente reproche penal" en España. En la actualidad, se exige que haya una explotación o maltrato de la mujer prostituida para castigar al proxeneta, pero con la redacción planteada se penará cualquier forma de obtención de lucro de la prostitución ajena y se suben las penas que existían hasta ahora.

Las penas para quien obligue a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución "empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima" serán de tres a seis años de prisión y con multa de 18 a 24 meses, cuando ahora se establece en la horquilla de los 2 a los 5 años de cárcel y de los 12 a los 24 meses de multa.

En segundo lugar, y esta es una novedad importante de la propuesta, se castigará con penas de uno a tres años de cárcel y con multas de 12 a 24 meses a toda aquella persona que, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento. En ambos supuestos, las penas se impondrán en su mitad superior cuando la víctima esté embarazada.

La tercería locativa

La modificación del artículo 187 del Código Penal que quiere impulsar el PSOE añade dos puntos que no existen, bis y ter, sobre la tercería locativa y los hombres que pagan por sexo.

Los socialistas quieren penar con cárcel (de dos a cuatro años y multa de 18 a 24 meses) a quien se lucre de destinar un inmueble o cualquier otro espacio para que otra persona ejerza la prostitución, aun con su consentimiento. Esta medida, que llegó a poner en peligro la aprobación de la ley de garantía integral de la libertad sexual, no es bien recibida por los socios parlamentarios del Ejecutivo, pues estiman que va a abocar a las mujeres prostituidas a una situación mayor de vulnerabilidad y exclusión.

Multar a los puteros

El apartado tercero del citado artículo 187 pretende castigar a los puteros, pues "participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos" y son la "condición de posibilidad para que se produzca prostitución", según el PSOE.

La proposición de ley establece que "convenir actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico" se multará de 12 a 24 meses. Si la víctima es menor de edad o se encuentra en una situación de vulnerabilidad, habrá pena de cárcel de 1 a 3 años y multas de 24 a 48 meses.

Los socialistas han recibido críticas de algunos partidos, como la CUP y JxCAT, que han advertido que esa redacción puede llevar a que se persigan actividades como la pornografía, algo que desde el PSOE niegan.

Las víctimas

En una disposición final, la ley reconoce como víctima a toda persona prostituida y establece que como tal podrá acceder a los derechos y prestaciones recogidos en el Estatuto de la Víctima y en la futura ley de garantía integral de la libertad sexual.

Han sido varios los grupos parlamentarios que han lamentado que el PSOE no haya sido más ambicioso en su abordaje legal de la prostitución y no haya incluido medidas de atención y reparación de las víctimas, alternativas económicas y habitacionales y la derogación de la ley de extranjería, pues la mayoría de estas mujeres prostituidas son extranjeras en situación administrativa irregular.