PROSTITUCIÓN

Ley para la abolición de la prostitución: el PP salva a un PSOE acorralado por la izquierda

Los partidos nacionalistas y los que están a la izquierda del PSOE han criticado esta iniciativa duramente y han acusado al partido socialista de impulsarla por "hipocresía", "venganza", "pataleta", "moralina", "censura", "intereses partidistas", "feminismo punitivista" 

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, defiende en el Pleno del Congreso la proposición de ley socialista para castigar el proxenetismo y multar a los puteros.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, defiende en el Pleno del Congreso la proposición de ley socialista para castigar el proxenetismo y multar a los puteros. / Jesús Hellín - Europa Press

Violeta Molina Gallardo

Violeta Molina Gallardo

Adriana Lastra ha dicho que el camino para la abolición de la prostitución será largo y tiene razón. La propuesta socialista para castigar el proxenetismo y la tercería locativa y multar a los puteros tendrá una oportunidad en el Parlamento, sí, pero gracias al apoyo del principal rival, el PP, porque a los socios de investidura no les gusta la propuesta y se han encargado de dejarlo muy claro en el debate de toma en consideración de la proposición.

Los partidos nacionalistas y los que están a la izquierda del PSOE han criticado esta iniciativa duramente y han acusado al partido socialista de impulsarla por "hipocresía", "venganza", "pataleta", "moralina", "censura", "intereses partidistas", "feminismo punitivista" o afán de "imponer un sistema moral coincidente con las derechas".

Ni siquiera el socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha votado unido, pues los comunes se han mostrado en contra y el resto del partido ha ofrecido un sí con la boca pequeña, con matices, al exigir que no se planteen textos que puedan ir contra las mujeres ni nacer sin consensos.

El disenso

La dureza del debate no ha sorprendido, tampoco las diferencias explícitas en torno a la modificación del Código Penal para endurecer el castigo por el lucro de la prostitución ajena y por el alquiler de locales para que una tercera persona se prostituya. Desde el pasado otoño, la Cámara Baja viene discutiendo sobre este asunto por la ley de garantía integral de la libertad sexual. Como el PSOE tuvo que renunciar a sus enmiendas para castigar a los proxenetas para salvar la ley, ha optado por sacar adelante su planteamiento por una proposición de ley, animado por la predisposición de los populares.

"El proxenetismo es incompatible con nuestra democracia. En una democracia, las mujeres ni se compran ni se venden. (...) Se acabó el tiempo de las excusas y ha llegado el momento de las decisiones. No es posible un país en igualdad mientras se vende el cuerpo de las mujeres en las carreteras", ha defendido la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

Antes de subir a la tribuna, los socialistas sabían que a sus socios parlamentarios no les gusta su abordaje de esta materia, pues consideran que puede incidir en la vulnerabilidad del colectivo de mujeres prostituidas y criminalizar, alegan, a quienes ejercen la prostitución de forma voluntaria.

Se han repetido las críticas por no haber incluido en el texto medidas para asistir y reparar a las víctimas de la explotación sexual (una demanda incluso de la extrema derecha), por la tardanza del Gobierno a la hora de plantear una ley contra la trata con fines de explotación sexual y por no plantear la modificación de la ley de extranjería, puesto que la mayor parte de las víctimas de la explotación sexual se encuentran en situación administrativa irregular.

"Nos traen un parche legislativo para criminalizar la prostitución, un parche legislativo lleno de moralina que pretende vincular la explotación sexual con el ejercicio de la libre prostitución que puede tener consecuencias atroces. (...) Es una mirada conservadora y paternalista del PP y el PSOE sobre las mujeres", ha lamentado Sara Giménez (Cs).

Han sido varias las portavoces que han alertado sobre el peligro de que la modificación del Código Penal pueda llevar a castigar la prostitución voluntaria y la pornografía.

Sin embargo, Lastra ha sido tajante: "Ya está bien de intoxicaciones interesadas, quien diga que va en contra de las mujeres, miente. (...) No habla de pornografía, dejen de manipular".

Tanto el PNV como Bildu han optado por la abstención. Isabel Pozueta (Bildu) ha recordado que su partido no comparte "abordar una perspectiva tan compleja desde una perspectiva punitivista", pues "el derecho penal no debe ser instrumentalizado para imponer moralidad en torno a la sexualidad" y ha sostenido que por tener una ley que diga que no existe la prostitución, ésta no va a desaparecer, sino que las mujeres seguirán ejerciéndola "más desamparadas, inseguras, desprotegidas y más señaladas de lo que ya están".

Cáustica ha sido la intervención de Joseba Andoni Agirretxea (PNV), que atribuye la urgencia socialista para tramitar esta norma a "una respuesta enfadada, una pataleta" por no haber podido sacar adelante estas medidas en la ley del sólo sí es sí y ha denunciado que la solución del PSOE a un problema tan complejo y amplio como la prostitución sea "la modificación de dos artículos del Código Penal", sin medidas de acompañamiento para las mujeres afectadas.

En contra ha votado otro socio clave del Gobierno, ERC. "Aquí de abolición nada, aquí lo que hay es prohibicionismo punitivista del de toda la vida", ha afirmado la diputada Pilar Vallugera, quien ha afeado a los socialistas una voluntad de querer imponer su forma de entender el deseo y en qué caso es válido o no el consentimiento. A su juicio, es hipócrita que el PSOE hable de abolición sin haber aprobado una ley de trata, sin derogar la ley de extranjería y la ley mordaza.

Un aliado insólito

Este martes, el mayor aliado de los socialistas ha sido su mayor rival: el PP. Los populares han apoyado la toma en consideración de esta proposición de ley por considerar que la prostitución es "una forma particularmente grave de violencia" contra las mujeres y "al margen de que esta sea la mejor ley posible".

La diputada Marta González ha dicho que es el momento de dar un "paso decisivo" en calidad y madurez democrática, al igual que se hizo en el paso con la pena de muerte y la esclavitud. "Una sociedad comprometida por la libertad de las mujeres no puede fomentar la prostitución. (...) Al igual que no es posible la compraventa de órganos, las mismas razones de carácter ético deben aplicarse a la prostitución, que no es más que el alquiler por horas de un cuerpo", ha aseverado.

Sin embargo, este apoyo de la toma en consideración de la ley no puede entenderse como un sí definitivo. Horas antes del Pleno, la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, pedía "seriedad, rigor y responsabilidad" para abordar este asunto y advertía que su partido no tolerará su "instrumentalización".

Los socialistas venían preparados para estas resistencias y en su discurso de defensa de la iniciativa, Lastra ha bajado el tono de días pasados -en los que se mostró inflexible a la hora de modificar los términos de la propuesta legal- y ha asegurado que su iniciativa "tiene alma de pacto" y que su grupo está dispuesto a trabajar con todos aquellos que "compartan el objetivo de acabar con el proxenetismo".

El deseo de un Pacto de Estado contra el proxenetismo

Aunque son notorias las diferencias entre PSOE y UP en esta materia, desde el Ministerio de Igualdad han repetido estos días que cualquier avance en la protección de las mujeres es bienvenido, si bien la modificación del Código Penal es sólo una parte de la lucha contra la explotación sexual.

"No hay abolición posible sin proteger a las prostitutas y es un elemento que tenemos que tener muy claro para trabajar en los consensos", ha indicado en declaraciones a los periodistas la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez.

Junto a la sanción de las violencias contra las mujeres, ha precisado, es necesario la prevención y, "lo más importante", proteger a las víctimas ofreciéndoles alternativas vitales que vayan desde la reparación de su salud (incluida la mental), la garantía de acceso a la vivienda o el planteamiento de una renta básica o ingreso mínimo vital.

Rodríguez ha hecho además hincapié en que la mayor parte de las mujeres que son forzadas a ejercer la prostitución está en una situación administrativa irregular, por lo que "sin modificar ley extranjería no va a haber garantía de derechos para las mujeres".

La secretaria de Estado ha lanzado también una advertencia en clave al PSOE: "Las cosas más importantes requieren de debates complejos, pero también de consensos. (...) Luchamos contra la violencia juntas y tiene que haber un Pacto de Estado contra el proxenetismo y la trata", ha incidido.