IMPUNIDAD EN LAS AULAS

El MeToo sacude también a las universidades portuguesas

La Universidad de Lisboa ha recogido cientos de quejas contra decenas de profesores en en los últimos meses

Los estudiantes de varios centros se han movilizado para denunciar la impunidad y exigir apoyo institucional

Mujeres jóvenes durante la manifestación del 8M en Lisboa (Portugal).

Mujeres jóvenes durante la manifestación del 8M en Lisboa (Portugal). / EFE/EPA/NUNO FOX

Lucas Font

Los recientes casos de acoso sexual en las universidades portuguesas han puesto en pie de guerra a los estudiantes, que exigen medidas inmediatas para acabar con lo que califican de “miedo e impunidad” en las aulas. Varias encuestas realizadas en las principales universidades del país en los últimos meses han revelado cientos de testimonios de alumnos que relatan situaciones de abuso de poder por parte de los docentes. Entre estos abusos se encuentran, además de los casos de acoso sexual, otros actos de racismo, homofobia y discriminación.

Las últimas denuncias han salido a la luz esta misma semana en el Instituto Técnico de Lisboa (IST), a través de un estudio realizado por la misma institución y publicado en la revista 'Sábado'. El informe revela que, de los casi 2.000 alumnos y alumnas encuestados, cerca de un centenar aseguran haber sufrido acoso sexual en las aulas, mientras que más de 300 confiesan haber sido víctimas de algún otro tipo de violencia psicológica. Unas cifras que han llevado a la dirección del IST, que depende de la Universidad de Lisboa (UL), a enviar un comunicado mostrando “tolerancia cero hacia actitudes agresivas, exclusivas o discriminatorias” y animando a los alumnos que hayan sufrido situaciones de este tipo a contar su caso.

Miedo e impotencia

El escándalo en el IST no es el único que ha afectado a la Universidad de Lisboa. A principios de abril, el 'Diário de Notícias' publicó que más de una treintena de profesores de la Facultad de Derecho -un 10% del total- habían sido señalados por cerca de 50 alumnos, que dieron su testimonio a través de un formulario abierto durante 11 días a finales de marzo. La mitad de esas denuncias hacían referencia a acoso sexual y se suman a otros procesos abiertos anteriormente en la misma facultad, entre ellos el que implicó a un veterano profesor que enviaba mensajes inapropiados a sus alumnas a altas horas de la noche a través de las redes sociales.

Una situación que por ahora no va a cambiar, según Érica Rodrigues, alumna de la UL y miembro del Movimiento Contra el Acoso, creado en enero de este año para denunciar el abuso de poder de los docentes. Rodrigues asegura que la impunidad de los profesores ha sido habitual en el ámbito universitario y lamenta la falta de canales de comunicación que permitan a los alumnos presentar quejas sin miedo a represalias. “No hay mecanismos de denuncia ni nadie que nos pueda atender, garantizando nuestro anonimato y que nuestro testimonio sea debidamente tratado”. La estudiante sostiene que hay un sentimiento de impotencia por parte de los alumnos afectados. “No podemos hacer nada porque sabemos que la institución protegerá siempre al profesor”.

Respuesta institucional

La mayoría de las universidades lusas cuentan con un gabinete pedagógico y algunas de ellas con la figura del defensor del estudiante, que se encarga de recoger todo tipo de quejas, desde el ámbito académico al ámbito personal. Como respuesta a las reivindicaciones de los alumnos, la Facultad de Derecho de la UL ha abierto un nuevo servicio que se dedicará exclusivamente a la atención y acompañamiento de las víctimas de acoso que necesiten tratar su caso. El equipo, formado por juristas y psicólogos, actuará con total independencia y confidencialidad, según la propia facultad.

En el caso del IST, los responsables del centro han asegurado a través de un comunicado que “han sido reforzados todos los medios de actuación sobre cuestiones éticas”, aunque no dan más detalles sobre medidas concretas. La institución insiste en que todos los casos denunciados conllevan la apertura de una investigación o de un proceso disciplinario. Otras universidades como la del Minho, en el norte del país, han puesto en marcha recientemente servicios de atención psicológica para las víctimas, después de que salieran a la luz casos de acoso sexual hacia alumnas protagonizados por personal de la universidad.

Pocas garantías

A pesar de las reacciones de los centros educativos, los estudiantes insisten en que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes. La apertura de un proceso disciplinario contra uno de los profesores de la Facultad de Derecho de la UL, que denunció presuntas presiones de otros docentes para que los alumnos no contaran sus casos públicamente, ha puesto más dudas sobre la voluntad de la institución para resolver el problema. “Han conseguido abrir un proceso contra él. Si esto ocurre con un profesor, con los alumnos la reacción puede ser peor”, asegura Rodrigues. Este periódico ha intentado contactar con la facultad, sin obtener una respuesta.