LEY TRANS

El CGPJ pide limitar la autodeterminación del género a las personas mayores de edad

El informe del Poder Judicial sobre la ley trans, aprobado por unanimidad, alerta de que la norma puede discriminar a las mujeres no transexuales

Manifestación en el Congreso a favor de la ley trans el pasado mes de marzo.

Manifestación en el Congreso a favor de la ley trans el pasado mes de marzo. / EFE/Mariscal

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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha avalado este miércoles por unanimidad el informe sobre el anteproyecto de ley trans y de igualdad LGTBI elaborado por el Gobierno en el que pide limitar el derecho a la autodeterminación de género a las personas mayores de edad y exigir una autorización judicial para el cambio en menores de 12 a 17 años.

El CGPJ ha dado el visto bueno al grueso de la propuesta presentada hace unos días por los vocales Ángeles Carmona, Clara Martínez de Careaga y Wenceslao Olea, si bien con algunas modificaciones relevantes.

La principal, considerar que sólo las personas mayores de 18 años deberían poder ejercer su derecho a la autodeterminación del género, esto es, el cambio de la mención registral del sexo en el Registro Civil sin más requisitos que la expresión de su voluntad.

En el anteproyecto del Gobierno la edad para la autodeterminación del género se sitúa en los 16 años, y se permite que los menores de 14 y 15 años puedan cambiar su mención registral con la asistencia de sus representantes legales. Para los chicos y chicas de 12 y 13 años el texto exige una autorización judicial.

El órgano de gobierno de los jueces propone que entre los 12 y los 17 años sea necesaria la autorización judicial, así como la tramitación previa de un expediente de jurisdicción voluntaria y "la demostración de la madurez necesaria y de la voluntad estable de proceder a la rectificación registral del sexo".

El Poder Judicial avala así autodeterminación del género, el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil en un plazo máximo de cuatro meses y sin más exigencias que la voluntad de la persona implicada, pero sólo para los mayores de edad. En el borrador del informe sometido a votación en el pleno del CGPJ se pedía restringir el procedimiento entre los 12 y los 15 años para garantizar el principio de especial protección de los menores y el interés superior del menor.

Discriminación a las mujeres

Otro aspecto sustancial del informe es el que subraya que la legislación propuesta por el Ejecutivo tiene disposiciones que contradicen el derecho fundamental a la igualdad, al propiciar el "indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva" que generan la discriminación indirecta del resto de las mujeres, en concreto en la práctica deportiva y la violencia de género. Ante esto, solicitan una redacción más clara y precisa del artículo que regula la reversión del cambio de sexo.

En el borrador del informe, los ponentes se referían al resto de las mujeres como "mujeres no transexuales", una designación que ha provocado críticas de algunas ramas del feminismo contrarias a la ley trans. Ahora, el Poder Judicial ha sustituido la expresión por "mujeres", a secas.

El CGPJ se ha mostrado asimismo disconforme con la prohibición de las terapias de conversión de la orientación sexual o la identidad de género cuando el afectado haya prestado su consentimiento.

Los jueces estiman que ciertas partes de la norma deberían tener rango de ley orgánica, "al ser su finalidad esencial desarrollar el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución".

Votos concurrentes de algunos vocales

El informe del CGPJ, aprobado por unanimidad, ha recibido dos votos concurrentes con los que algunos vocales conservadores han querido precisar su parecer en determinadas cuestiones.

Juan Manuel Fernández, José Antonio Ballestero y José María Macías estiman que la mera declaración de la voluntad debería ser insuficiente para la rectificación registral del sexo y solicitan que se acredite por "los medios que el legislador estime proporcionados y oportunos".

Además, Ballestero, Macías, Carmen Llombart y Nuria Díaz han expresado que el anteproyecto afecta a los derechos fundamentales como la libertad ideológica y religiosa, la libertad de expresión y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral con sus propias convicciones.

Críticas del Ministerio de Igualdad

Tras hacer público el CGPJ la aprobación por unanimidad del informe, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado que el órgano de gobierno de los jueces haya emitido el documento con tres meses de retraso y ha incidido en que la hoja de ruta es "tramitar con urgencia esta ley para que llegue al Congreso en este periodo de sesiones".

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha indicado que no le sorprende que "el CGPJ diga que la ley trans y LGTBI es un problema": "Ya dijo que las personas LGTBI éramos como animales cuando se aprobó el matrimonio igualitario. La sorpresa sería que los jueces se pusieran de parte del feminismo y de la defensa de los derechos humanos", ha escrito en Twitter.

Este informe es preceptivo, pero no vinculante, por lo que el Gobierno podrá incluir o no sus consideraciones antes de aprobar el proyecto de ley en Consejo de Ministros. El anteproyecto aún debe recibir los informes del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado.

Luces y sombras

Los colectivos trans y LGTBI vislumbran muchas sombras en el informe del CGPJ, pero también algunas luces. La FELGTBI+, Fundación Triángulo y la asociación de familias de infancia y juventud trans Chrysallis consideran que queda zanjado jurídicamente el debate generado sobre el derecho de autodeterminación de las personas trans, "principal elemento de cuestionamiento de la Ley Trans y LGTBI".

Sin embargo, han lamentado que las "presiones" hayan llevado al Poder Judicial a "recortar los derechos de los menores trans" y a incluir "recomendaciones puramente políticas que exceden el papel de este órgano jurídico consultivo y entran en el terreno de los legisladores".

La presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, ha celebrado que el CGPJ incluso abra la puerta a la legislación para las personas no binarias y que no haya "ya argumentos jurídicos para justificar más retrasos en la aprobación" de la norma.

El presidente de la Fundación Triángulo, José María Nuñez Blanco, ha lamentado que el órgano de gobierno de los jueces haya recurrido a "argumentos falaces", "recomendaciones puramente políticas improcedentes y voces minoritarias que, desde la irresponsabilidad o el interés, buscan su protagonismo, alimentando el choque y el conflicto, subordinando a sus intereses personales los derechos de un colectivo muy vulnerable".

Estas organizaciones han incidido precisamente en la vulnerabilidad del colectivo trans y han denunciado que impedir que puedan cambiar su sexo registral con la autorización de sus padres con el argumento de un supuesto conflicto político entre el libre desarrollo de la personalidad y la necesidad de protección evidencia un "desconocimiento evidente" de la realidad de estos chicos y chicas.

"Propone una legislación que precisamente genera grave daño a estos menores, al bloquear el reconocimiento de su identidad. Impedir a los menores el cambio registral sólo puede plantearse desde el desconocimiento de los efectos reales sobre la vida y el sufrimiento de los menores trans del no reconocimiento de su identidad, que eleva notablemente su riesgo de suicidio. De hecho, es la necesidad de protección de las personas menores de edad uno de los principales argumentos que legitiman la necesidad de poder realizar el cambio registral en los menores a partir de 12 años con el acompañamiento de sus padres o tutores legales", han subrayado estas organizaciones.

Desde Chrysallis, Ana Valenzuela ha señalado que la argumentación original del borrador del informe aseguraba que es constitucional garantizar que la infancia y juventud trans puedan cambiar su sexo: “Estamos seguras que, de conocer personalmente a nuestras hijas, hijos o hijes, su realidad y las dificultades, las señorías del CGPJ no se habrían atrevido a cuestionar de forma tan frívola e ignorante los derechos de los menores trans”, ha concluido.

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