El Congreso pide consejo para pactar la ley del sí es sí: escuchará a expertas sobre prostitución

El Congreso de los Diputados tiene que terminar de dar forma a la ley de garantía integral de la libertad sexual, tarea compleja por el disenso existente en torno a las medidas que tienen que ver con explotación sexual y prostitución. Por ello, antes de sentarse a acordar un texto definitivo, los grupos parlamentarios han solicitado la comparecencia de expertas que ayuden a consensuar puntos comunes.

Los distintos partidos que participan en la ponencia de la futura ley del sólo sí es sí han decidido escuchar a voces autorizadas antes de proceder a negociar la norma: juristas, asociaciones de lucha contra la violencia machista y profesoras universitarias. Algunas son activistas a favor de la abolición de la prostitución y otras partidarias de la regulación de lo que llaman "trabajo sexual".

No sorprenden las propuestas, pues en el seno de la Cámara Baja cohabitan posturas muy variadas sobre la prostitución, que van desde el abolicionismo al regulacionismo. Varios grupos venían pidiendo un debate sosegado sobre la materia antes de legislar al respecto y, al menos, contarán con la opinión de expertas para decidir su postura.

Fuentes parlamentarias han explicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la ponencia de la ley ha arrancado con voluntad de acuerdo, a pesar de que conviven posturas bastante distantes y de que las enmiendas presentadas por los grupos son difíciles de conciliar.

Perfiles variados para abordar la violencia sexual

Los partidos han puesto encima de la mesa una veintena de nombres de entidades y expertas, pero el número de comparecientes será más reducido y se tendrá que decidir en el seno de la ponencia. Las expertas que sean finalmente seleccionadas comparecerán ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

El PSOE, marcadamente abolicionista, ha propuesto a la Asociación de Mujeres Juezas de España, a la Fundación Mujeres y a la directora general del Instituto Asturiano de la Mujer, Nuria Varela.

Desde el PP (también abolicionista) han registrado la solicitud de comparecencia de la profesora titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Ana de Miguel, y de la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), Rocío Mora.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, forma parte del listado propuesto por Unidas Podemos, en el que también figuran la jurista especializada en violencia contra la mujer y derechos humanos y asesora del Ministerio de Igualdad María Naredo y la magistrada y profesora de la Universidad Carlos III experta en trata Tania García Sedano.

Ciudadanos ha propuesto incluir la perspectiva de la discapacidad de la mano de la vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, y escuchar a quienes defienden la legalización de la prostitución a través de Concha Borrell, del sindicato OTRAS.

También el PNV quiere acercarse a esta visión a través de Askabide, una asociación que trabaja por la normalización e integración social del colectivo de personas que ejercen la prostitución en Euskadi. El grupo vasco también ha registrado las comparecencias de la profesora de derecho Público de la Universidad de la UPV-EHU experta en violencia de género Miren Ortubay y de la psicóloga feminista Norma Vázquez.

Desde ERC se ha solicitado que intervengan la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona, Encarna Bodelón -cuya comparecencia también ha demandado Junts-; Mercè Meroño, coordinadora de la Fundació Àmbit Prevenció, que trabaja con víctimas de violencias machistas y mujeres que se encuentran en contextos de prostitución; y Ana Nahxeli Beas, jurista en Associació Assistència Dones Agredides Sexualment (AADAS), que acompaña a víctimas de violencias sexuales.

Por último, Bildu ha abogado por la intervención de la psicóloga experta en diversidad sexual y de género Cristina Garaizabal y Vox quiere citar al magistrado y catedrático de Derecho Penal Carlos Pérez del Valle.

Tiempo de negociación

En pocas semanas se cumplirán dos años desde que el anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual salió por primera vez de la mesa del Consejo de Ministros. Su camino hasta el Parlamento, donde recaló el pasado septiembre, ha estado lleno de vicisitudes, pero desde el Ministerio de Igualdad han mostrado su convencimiento de que la norma será aprobada en este 2022.

El Ejecutivo contará con facilidad con el apoyo de sus socios parlamentarios en lo relativo a la nueva regulación de los delitos sexuales, al fin de la distinción entre abuso y violación, a la definición del consentimiento expreso como eje a la hora de juzgar la violencia sexual y a los recursos destinados a la atención y recuperación de las víctimas. Sin embargo, la propuesta de ampliar el castigo del proxenetismo y de incluir la tercería locativa -el alquiler de locales donde se obliga a ejercer la prostitución- en el Código Penal es polémica.

Es notorio que tanto en el Gobierno como en el Parlamento cohabitan diversas posturas políticas sobre la prostitución. El PSOE ha declarado que la abolición de la prostitución es uno de sus grandes objetivos mientras Unidas Podemos no ha cerrado una postura oficial pero sí aboga por combatir la explotación sexual. 

Los socios parlamentarios del Gobierno ya mostraron en otoño sus reticencias a legislar cuestiones relacionadas con la prostitución en la ley del sólo sí es sí: PNV, Cs, ERC, Bildu, JxCat, En Comú Podem y la CUP son contrarios a penalizarla en este proyecto y han mostrado su temor de que este debate empañe y desvirtúe el espíritu general del proyecto para luchar contra la violencia sexual.

ERC, JxCat y la CUP registraron una enmienda para suprimir la modificación del Código Penal relativa a la tercería locativa y el proxenetismo no forzado por entender que "introduce una distorsión con respecto al espíritu de la norma", ya que proclama la libertad sexual y el consentimiento pero al mismo tiempo "agrava la situación -de las prostitutas-, impidiendo el acceso a unos espacios que les garanticen seguridad y llegando al extremo de poner en peligro la propia vivienda, perpetuando las situaciones de vulnerabilidad, discriminación y estigmatización".

También la sección de En Comú Podem del grupo confederal de Unidas Podemos registró una enmienda en el mismo sentido y el PNV pidió la supresión de la tercería locativa al considerar que esta norma no es el lugar idóneo para legislar sobre esta materia. 

Por su parte, el PSOE ha manifestado que quiere que la futura ley contra la trata aborde de pleno la abolición de la prostitución y estima que es el lugar adecuado para legislar sobre proxenetismo y tercería locativa "por coherencia legislativa", si bien mantendrá sus enmiendas para castigar el proxenetismo y la tercería locativa.

Tras la negociación de la reforma laboral, la de la ley del sólo sí es sí será, sin duda, una de los trabajos negociadores más intensos de este ejercicio de sesiones.