"Las mujeres trans son varones": una psicóloga feminista y de izquierda, primera expedientada por sus terapias

Carola López Moya es psicóloga. Autodenominada feminista y de izquierdas, tiene una presencia muy activa en Twitter, a través de la cuenta @mamaresiliente, en la que defiende que “las mujeres trans son varones”, que “las cirugías de reasignación de sexo son un negocio que se lucra del malestar que produce el género” y que si “alguien está a disgusto con su cuerpo, lo lógico es ayudarle a aceptarse con la mínima invasión posible”, a través de “terapias” como la que ella misma practica.

“Para aquellos misóginos que se preocupan por mis pacientes porque soy crítica con la identidad de género, decirles que están progresando porque precisamente les ayudo a deshacerse del malestar psicológico producido por el género, construcción cultural que subordina a las mujeres”, escribió a finales de junio.

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Son mensajes como estos los que le han llevado a estar inmersa en una situación sin precedentes. López Moya es la primera persona en toda España a la que se le abre un expediente sancionador por promocionar presuntamente terapias de conversión a personas trans. Tras sendas denuncias de la Asociación de Transexuales de Andalucía y la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Cs, resolvió el pasado lunes, en un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, que su comportamiento puede ser constitutivo de una infracción administrativa muy grave según la ley autonómica de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. 

La norma, aprobada en 2017, cuando en la comunidad gobernaban los socialistas, sanciona la promoción, difusión o ejecución “por cualquier medio de cualquier tipo de terapia para modificar la orientación sexual y la identidad de género con el fin de ajustarla a un patrón heterosexual y/o cisexual”. López Moya se enfrenta ahora a una posible multa de entre 60.000 y 120.000 euros, además de a la prohibición de acceder a ayudas públicas y contratar con la administración, la inhabilitación personal por un periodo de tres a cinco años y el cierre temporal de su actividad. 

“Me estoy enterando ahora mismo por tu llamada. No sabía nada”, dice por teléfono la psicóloga. La notificación con la apertura del expediente sancionador aún no le ha llegado por correo ordinario, así que antes de hablar pide un tiempo para asesorarse. Pasadas unas horas, dice: “Son acusaciones falsas y absurdas. Yo no hago terapias de conversión ni trato a personas trans. Estoy especializada en psicología perinatal y trabajo con mujeres. Soy un chivo expiatorio de quienes me han denunciado. Pero esto es una oportunidad de demostrar que esta gente miente. Ahora me toca a mí”. 

Un caso poco común

El de López Moya es un caso extraño. Las terapias de conversión sexual, que casi siempre funcionan de forma subterránea, suelen ser practicadas por grupos ultrareligiosos, de derechas. El obispado de Alcalá de Henares, por ejemplo, las ofrecía en 2019. Hasta ahora, pese a que varias autonomías prohíben en sus respectivas legislaciones este tipo de prácticas (Aragón, Andalucía, Madrid, Murcia, Valencia y Canarias) el número de sanciones ha sido cero. 

“En el imaginario colectivo, la idea del perpetrador de terapias de conversión siempre ha estado muy asociada a personas ultraconservadoras. Pero ahora, la deriva de grupos autodenominados feministas, con un discurso esencialista de lo que para ellos es la mujer y una lucha contra los derechos de las personas trans, han convergido en el mismo punto en el que están los radicales de Vox o de la Iglesia”, argumenta Saúl Castro, presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. Desde la otra entidad denunciante, la Asociación de Transexuales de Andalucía, su presidenta, Mar Cambrollé, añade: “La resolución de la Junta supone la concreción de que las leyes nos protegen. Es un ejemplo para otras comunidades. Hay que celebrarlo”. 

En la Junta, mientras tanto, aseguran tomarse muy en serio el procedimiento. “Lo que hemos hecho es cumplir con la ley. No podíamos haber hecho otra cosa. Si los hechos son ciertos, resulta imperdonable. Que a estas alturas haya profesionales que digan que pueden reconvertir a personas transexuales… No se puede permitir que algo así exista. Los presuntos hechos suponen un atentado claro a los derechos humanos”, explica Ángel Mora, director general de Violencia de Género e Igualdad de Trato en la comunidad autónoma, que pertenece a Ciudadanos.

Resolución en tres meses

Solo hay un precedente vagamente similar al de López Moya. Elena Lorenzo, que se presenta en su web como una “coach profesional especializada en identidad personal” que trabaja con “personas con atracción al mismo sexo que desean un acompañamiento y crecimiento personal”, fue denunciada en 2016 por llevar a cabo terapias de conversión a personas homosexuales.

Tuvieron que pasar 31 meses hasta que la Comunidad de Madrid le impusiera una multa de 20.001 euros. Lorenzo recaudó en pocos días ese dinero a través de una campaña de ‘crowdfunding’ y presentó un recurso judicial. A finales del pasado julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón, anulando la sanción y declarando que la Consejería de Familia había actuado en fraude de ley, debido a la “duración excesiva” del procedimiento.

Ahora podría pasar lo mismo, pero Mora, el director general de la Junta, niega que algo así vaya a suceder. “Vamos a cumplir los plazos”, asegura. En tres meses, el procedimiento sancionador debería estar resuelto.

“Yo de la Administración no me fío, porque ya estoy curado de espanto”, explica Castro, de la Asociación contra las Terapias de Conversión, quien pone también en duda los verdaderos motivos del Gobierno andaluz para actuar en este caso contra una psicóloga que viene, según ella misma explica, de votar a Podemos. “Suena horrible, y me parece muy triste, que solo importen a las administraciones la investigación de terapias de conversión cuando se producen desde las antípodas ideológicas –concluye-. En Andalucía se sabe que hay un médico jubilado, Miguel Ángel Sánchez Cordón, que ofrece terapias de conversión a través de la asociación Verdad y Libertad, y aquí la Junta no ha puesto el interés que ha puesto en el caso de López Moya. Están aplicando una doble vara de medir e instrumentalizando la lucha contra las terapias de conversión”.