El Gobierno pide perdón a las víctimas de la "barbaridad" de las esterilizaciones forzosas

El Gobierno ha pedido perdón a las mujeres y niñas con discapacidad que han sido víctimas en España de esterilizaciones forzosas, una práctica que ha sido legal hasta 2020, "una gravísima vulneración de derechos humanos que no cesó en nuestro país hasta diciembre de 2020, que se ha permitido durante demasiado tiempo".

"En mi nombre y en nombre del Gobierno de España quiero pediros perdón, nunca debió de vulnerarse de esta manera el derecho de las mujeres con discapacidad a decidir sobre sus cuerpos ni debió tardarse tanto en prohibir esta práctica. Sabemos que no podemos cambiar el dolor que os produce lo que pasó, pero queremos que sepáis que lo sentimos de corazón y que estamos determinadas a cambiar para mejor el futuro de mujeres y niñas con discapacidad en España", ha sostenido la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

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Hace justo un año, el Parlamento reformó el Código Penal para acabar con la práctica de esterilizaciones forzosas de mujeres y niñas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Una reforma que tardó muchos años en materializarse: España se comprometió a emprenderla en 2008, al ratificar la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Además, el Convenio de Estambul -ratificado en 2014- califica esta práctica como delito de violencia contra la mujer.

Este jueves, las ministras de Derechos Sociales y de Igualdad, Irene Montero, han participado en un acto institucional con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad en el que han tratado de materializar una reparación simbólica para las mujeres víctimas de esta práctica.

"Una barbaridad"

Montero ha calificado las esterilizaciones forzosas de "barbaridad jurídica" que "además de vulnerar la dignidad como persona y los derechos más fundamentales, incumplía flagrantemente el convenio de Estambul", pues se trata de "un tipo específico de violencia machista: "Es innegable el daño que esta práctica ha causado durante décadas".

La vicepresidenta del Comité contra todas las formas de discriminación de la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw), Ana Peláez, ha explicado que esta "práctica nociva" va más allá de restringir los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas con discapacidad, porque la inmensa mayoría se producen porque previamente ha habido una violencia sexual y esa violencia sexual se da muchas veces en los entornos más cercanos".

En el acto han compartido su testimonio la activista con discapacidad Cristina Paredero y la integrante de Red de Mujeres de Salud Mental Loli Minaño, ambas sometidas a esterilizaciones no consentidas.

"Mis padres lograron manipularme para que accediera a ligarme las trompas. Podría hablar de lo que supusieron para mí las palabras que me dijeron: Cristina, serías una irresponsable si tuvieras hijos biológicos con la misma enfermedad que tú padeces, refiriéndose a mi autismo", ha narrado.

"Yo fui una de las mujeres a las que violentaron genéricamente en las instituciones con contenciones mecánicas, esterilizaciones forzosas y pérdida de hijos. Con 40 años, me ingresaron en un psiquiátrico y cuando se dieron cuenta de que estaba incapacitada legalmente, sin contar conmigo, me esterilizaron, me ataron a la cama, me pusieron pañales y me obligaron a perder la custodia de mi hija. Hay muchos efectos secundarios y secuelas: pierdes la menstruación, empiezas a engordar, pierdes vista, descalcificación de huesos, muchos síntomas que antes no tenía", ha relatado Minaño.

Una realidad invisible

Belarra ha lamentado que estas prácticas nocivas hayan sido una realidad desconocida e invisibilizada: "¿En qué lugar de indefensión se había dejado a las mujeres y niñas que la habían sufrido? No habían sido consultadas sobre sus cuerpos, no habían sido escuchadas y no habían sido percibidas como víctimas por la sociedad".

A pesar del avance legal que ha supuesto la modificación del Código Penal para acabar con estas esterilizaciones, la representante de la ONU ha alertado de que en España se siguen practicando esterilizaciones de mujeres y niñas con discapacidad en otras circunstancias.

"Se dan cuando al dar a luz una mujer con discapacidad, se la esteriliza porque ya tiene bastante con un hijo; cuando en los colegios, especialmente en secundaria, se recomienda a las familias tomar alguna decisión porque no pueden apoyar el cuidado de la higiene menstrual de una adolescente; se exige cuando ingresan en instituciones", denuncia.