Montero tiende la mano al PP para consensuar el sólo sí es sí: “Las mujeres se merecen nuestro acuerdo”

Semana de gestos y puentes tendidos entre el Gobierno y el PP. Si esta mañana socialistas y populares acordaban la renovación de los órganos constitucionales -a excepción del Poder Judicial-, esta tarde la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha ofrecido al PP acercar posturas en torno a la ley del sólo sí es sí, reforzar el acuerdo alcanzado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: “Las mujeres de este país, voten a quien voten, se merecen nuestro acuerdo”.

La titular de Igualdad ha optado por un tono conciliador con los populares, a pesar de que éstos se han opuesto a su gran proyecto legislativo (la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual) con una enmienda a la totalidad del texto, como también ha hecho Vox.

A diferencia de su mensaje hacia el partido de extrema derecha, del que ha denunciado que su rechazo a esta ley y su negacionismo "rozan ya la violencia institucional", la ministra ha llamado al PP a retomar el espíritu del acuerdo que hizo posible el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha prometido que trabajará cuanto haga falta para consensuar la ley contra las violencias sexuales.

“Señorías del Partido Popular, les pido que vuelvan al campo de juego de la democracia, que vuelvan al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Me comprometo hoy como ministra a trabajar con ustedes en lo que sea necesario, en lo que sea necesario, para que vuelvan al terreno juego para que la tramitación de esta ley termine con ustedes votando a favor. Las mujeres de este país, voten a quien voten, se merecen nuestro acuerdo”, ha dicho.

Sin embargo, los populares no han recogido el guante. En una dura intervención, la diputada Marta González ha calificado el trabajo del Ministerio de Igualdad como "hazmerreír", inútil e incapaz, y ha pedido a Montero que "se deje de ocurrencias".

El partido que lidera Pablo Casado ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto del Gobierno porque se opone, al igual que hizo el CGPJ en su informe sobre el texto, a la definición del consentimiento expreso, que considera que va en detrimento de la seguridad jurídica y del principio de presunción de inocencia, y a la supresión de la distinción entre abuso y violación, porque, opinan, supondría eliminar el principio de proporcionalidad del Código Penal. 

Aunque el PP mantiene que comparte el objetivo de lucha contra la violencia sexual, "uno de los problemas más serios que afectan a las mujeres en España", considera que el proyecto del Gobierno es "disparatado" y "un calco" de la ley integral contra la violencia de género.

"Señora ministra, no tiene usted que atender a los requerimientos del grupo parlamentario popular, son los órganos de gobiernos de los jueces los que le recomiendan que en su primer texto legislativo se deje de ocurrencias y elabore junto con esta Cámara un proyecto de ley sensato que atienda tanto al gravísimo problema de la violencia sexual como a los derechos constitucionales de todos los españoles", ha exigido González.

Desde el PSOE conciben la postura del PP de intentar paralizar la ley contra la violencia sexual como un "error" y un acto de "ceguera política" que les posiciona "de espaldas" a la sociedad. La vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, ha advertido tanto a Vox como a PP: "Aprobaremos la ley a pesar de todos ustedes. (...) Su ceguera política les lleva a hacer una oposición infantil que consiste en decir que no a cualquier proyecto de este Gobierno", ha criticado.

Tras el debate, en el que ha quedado patente el rechazo del Congreso a las enmiendas a la totalidad, la diputada del PP Marta González ha indicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que su grupo "por supuesto" trabajará en las enmiendas al articulado de la ley.

EL PP IMPULSÓ LA REFORMA

El proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual llega al Congreso 19 meses después de su primera aprobación como anteproyecto en el Consejo de Ministros en marzo de 2020.

Sin embargo, ya en 2018, el PP se comprometió a revisar los delitos sexuales en el Código Penal después del escándalo generado tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que condenaba a los acusados de la violación múltiple de la manada por abuso y no por agresión sexual, al no apreciar violencia ni intimidación. 

Tras las multitudinarias manifestaciones feministas en las que se acuñó el lema “hermana, yo sí te creo”, el ministro de Justicia Rafael Catalá impulsó la revisión del Código Penal en lo relativo a los delitos contra la indemnidad y libertad sexuales, una regulación sobre el que el Tribunal Supremo ya había dicho que era “farragosa y compleja”.

Catalá reunió a la Comisión General de Codificación para esa tarea y los juristas integrantes concluyeron, ya con Dolores Delgado como ministra, que habría que acabar con el delito de abuso.

Pero no fue hasta la conformación del Gobierno de coalición que esta propuesta se materializó en un anteproyecto de ley: el marzo de 2020, la ministra Montero presentaba un texto que experimentó diversas modificaciones hasta su aprobación como proyecto de ley en julio de este año.

En sus primeros pasos, fue objeto de diferencias entre Montero y su colega de Justicia Juan Carlos Campo después recibió duras críticas por parte del Consejo General del Poder Judicial, que rechazó por unanimidad la redacción de consentimiento expreso y también la supresión del delito de abuso sexual, extremos que ha defendido el PP en su enmienda a la totalidad.

El propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en las Cortes con el acuerdo de todas las fuerzas políticas y la abstención de Unidas Podemos durante el último Gobierno de Mariano Rajoy, establece precisamente que España debe contar con una ley específica e integral contra la violencia sexual.

LA LEY DEL SÓLO SÍ ES SÍ

Tal y como ha llegado a las Cortes, el proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual regula el consentimiento expreso en las relaciones sexuales (un mandato del Convenio de Estambul) y reforma el Código Penal para acabar con la distinción entre los delitos de abuso y violación.

El texto que salió del Consejo de Ministros establece la definición del consentimiento: “sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

Así, se establece que todo acto sexual sin consentimiento será agresión y la nueva redacción de los delitos contra la indemnidad sexual en el Código Penal pretende crear un sistema progresivo de penas y proporcional a la gravedad de los hechos delictivos, con agravantes como las agresiones grupales, la violencia grave, la especial vulneración de la víctima y el uso de armas o medios peligrosos.

En el ámbito de la atención a las víctimas, incluye el impulso de “centros de crisis 24 horas” y la creación de “casas de niños” para atender de forma especializada a los menores víctimas en centros donde se lleven a cabo todas las diligencias y tratamientos necesarios. 

La ley, que pretende ser a la violencia sexual lo que la 1/2004 fue a la violencia de género, considera violencia sexual la agresión, el acoso, el el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genial femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida. 

También dedica un apartado a la lucha contra la impunidad de la industria proxeneta, a través del endurecimiento del Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y la tercería locativa, esto es, el lucro del alquiler de locales donde se explota sexualmente a mujeres y niñas.