La jueza trunca el intento del Estado de limitar la causa penal contra Adif

El juicio por el accidente del

Alvia 

Juicio por el accidente del Alvia: así es la macrosala para 110 abogados, 500 testigos y 126 peritos

arrancó hoy con momentos de tensión fuera de la sala, tanto al inicio como al final de la primera sesión, mientras en el interior la jornada se desarrolló sin mayores contratiempos y con los letrados intentando crear el mejor escenario para la defensa de los intereses de sus representados. En esta tesitura, el abogado del exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif –uno de los dos acusados–, Ignacio Sánchez, planteó limitar la causa penal que se sigue contra Andrés Cortabitarte, restringiendo así el ámbito de la acusación, tesis que fue respaldada por la Abogacía del Estado. Sin embargo, esta estrategia chocó con la actitud de la jueza, Elena Fernández Currás, que truncó de plano la táctica del Estado 

de vaciar de contenido el juicio en una decisión que compartió el fiscal, Mario Piñeiro, así como la inmensa mayoría de los representantes de las víctimas.

El abogado de Cortabitarte quería que la acción penal se limitase a si el análisis de riesgos en esa línea era correcto o no, dejando fuera del juicio otros elementos clave para dilucidar las responsabilidades, como la señalización, el funcionamiento del ERTMS –el sistema de seguridad más avanzado, pero que estaba desconectado en el Alvia–, la ausencia de balizas de velocidad en la curva del descarrilamiento o que en ese tramo no hubiera ERTMS.

El letrado indicó, para justificar esta pretensión, en que sucesivos autos de la Audiencia Provincial de

A Coruña

durante la fase de instrucción excluyeron estos elementos de seguridad de la acción penal, por lo que no podrían llegar ahora a juicio. El abogado del Estado, que ejerce la defensa de Adif, se adhirió a esta estrategia, de intentar que la causa quedara reducida a valorar el análisis de riesgos en la línea.

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La jueza no aceptó tal propuesta, arguyendo que todo está “interconectado”, que “todo es objeto de debate” y que no era procedente en la primera jornada –en las cuestiones previas– reducir el proceso contra Cortabitarte a solo el análisis de riesgos. “Si quiere le pongo la sentencia. Esto es un juicio penal y no pretenderá que el juez le plantee ya una relación de hechos probados”, ironizó la titular del juzgado. El fiscal compartió esta decisión, indicando por su parte que los autos previos de la Audiencia de A Coruña durante la fase de instrucción no delimitan el objeto del proceso. “La instrucción no es una foto fija”, concluyó.

Error

La línea estratégica del Estado pasa por defender que

Adif

no tuvo responsabilidades en el accidente y que el siniestro se debió a un error del maquinista, de ahí que aún hoy la Abogacía del Estado solicitara la incorporación a la causa de más pruebas que refuercen la culpabilidad de Francisco Garzón, como analizar el historial del Ipad que llevaba para comprobar si antes del curva había consultado el manual –lo que reforzaría el fallo humano–, una prueba policial que no se pudo hacer en su día por falta de avances técnicos. La jueza rechazó esta propuesta ya que dicha pericial, arguyó, debería haberse practicado en todo caso en el marco de la instrucción ya cerrada.

Hubo discusión entre las partes sobre el doble papel de Adif, como responsable civil subsidiario y como acusación para reclamar daños causados por el accidente. Fueron dos abogados de las víctimas los que censuraron esta actitud, ya que la empresa no había presentado una denuncia por daños durante todo el procedimiento. Lo que pretendían los letrados, junto con Manuel Prieto –abogado del maquinista–, es desactivar el papel de la Abogacía del Estado como parte acusadora, ya que tiene convenios de asistencia jurídica firmados con Adif y Renfe con intereses en teoría enfrentados, por lo que entraría en conflicto.

“No puede estar acusando la Abogacía del Estado a un empleado de Renfe y a la vez defender a Adif. No puede defender a Adif contra Renfe y un empleado de Renfe”, ex

Por su parte, Javier Suárez –abogado del Estado– sí defendió la compatibilidad, lo mismo que la jueza y el fiscal, destacando que no había ningún motivo para que se dieran las circunstancias de un juicio nulo, lo que motivó protestas de otras partes que tendrán que ser revisadas, como otras muchas presentadas hoy, por la Audiencia de A Coruña.

Otro tema que suscitó numerosas intervenciones fue el vídeo aportado el pasado mes por el Estado en el que se relatan desde un tren llegando a la curva de Angrois los supuestos fallos cometidos por el maquinista.

La mayoría de los abogados de las víctimas, así como el de Garzón, pidió la impugnación de este vídeo que califican como “montaje” y que tiene “claro ánimo de exculpar a Cortabitarte y establecer la única responsabilidad del maquinista”. La jueza lo admitió como una prueba de parte más que corresponde al interés legítimo de la defensa de Adif y, por ello, no se pronunció sobre su valor probatorio, aunque sí que sembró algunas dudas. El abogado del Estado señaló que el vídeo es tan solo “un documento gráfico explicativo” que corresponde a la “secuencia temporal que precede al accidente” y que “recoge los principales hitos” que suceden durante la llamada telefónica del maquinista.

La primera sesión se dedicó íntegramente a cuestiones previas en las que los abogados plantearon centenares de asuntos, desde la ubicación hasta el número de abogados que podían estar en el estrado, pasando por la impugnación de pruebas e informes médicos presentados por las aseguradoras, o cambio de fechas de las declaraciones de testigos y peritos, como el letrado del maquinista, que reclamó varias veces que sus técnicos fueran los últimos en comparecer, tras los peritos de Adif, que buscan responsabilizar a Francisco Garzón del accidente.