Madrid insta al Gobierno a elaborar un plan contra el "caos" migratorio ante el decreto sobre 'macrocentros' de menores

El enfrentamiento entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid por la acogida de menores migrantes no acompañados es abierto y, como era previsible, el decreto que prepara el Gobierno contra lo que considera 'macrocentros' de menores no va a servir para rebajarlo. Más bien al contrario. Aprobada la reforma de la ley de extranjería que establece los criterios para la redistribución de estos menores migrantes no acompañados cuando en una comunidad autónoma se exceda en tres veces su capacidad ordinaria de acogida, el Ejecutivo plantea también una nueva regulación para fijar unos estándares mínimos sobre los centros de acogida para menores tutelados.

Se señala, entre otras cuestiones, hacia una rebaja de las ratios de número de menores. Una cuestión con la que se parece apuntar a la Comunidad de Madrid. Cuando hace unas semanas se anunció que PSOE y Junts habían llegado a un acuerdo para el reparto y la formación independentista puso sus cálculos sobre la mesa (hasta 700 de los 4.400 irían a Madrid según esas cifras), Sol mencionó el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, como el óptimo para acogerlos. El recinto dispone actualmente de 96 plazas.

"Lo que debería hacer el Gobierno es acoger ya a los 1.000 menores de Canarias que les han obligado a través de los tribunales", trasladan fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. La consejera al frente, Ana Dávila, calificó el acuerdo para el reparto de menores ratificado la semana pasada en el Congreso de los Diputados nada menos que de "la mayor infamia de Pedro Sánchez". Y frente a la noticia de un decreto para limitar el tamaño de los centros de menores, desde el departamento que dirige se insiste en que "es el Gobierno el que tiene que habilitar más espacios de manera urgente para que la gente no esté hacinada en campamentos como el de Carabanchel y Alcalá, o entre bolsas de basura en Barajas…".

Se refieren en particular a los cuarteles de Arteaga, en Carabanchel, y Primo de Rivera, en Alcalá de Henares, habilitados por el Gobierno de Sánchez como centros de estancia temporal para migrantes, no específicamente menores, y por los que a lo largo del año pasado pasaron unas 16.000 personas. Desde la Comunidad de Madrid se reprocha al Ejecutivo que tras dos años de crisis migratoria siga sin haber un plan de inmigración "para que la gente deje de morir en el mar".

La Comunidad de Madrid informó al Gobierno de que en 2024 atendieron a 2.442 menores migrantes no acompañados y que su red asistencial se encuentra tensionada, con una sobreocupación del 132%. El número total de plazas de que dispone la región para coger a menores tutelados, tanto menores no acompañados como chicos y chicas en otras circunstancias que requieran acogida, es de 2.176.

Entretanto, el Gobierno de Ayuso sigue batallando, no solo dialécticamente, contra la política migratoria del Ejecutivo. A finales del pasado mes de marzo, el Consejo de Gobierno madrileño acordó la interposición de un recurso en el Tribunal Constitucional contra el decreto que fija los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados. "Entendemos que este real decreto ley vulnera distintos preceptos y principios constitucionales e invade competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas", declaró entonces el portavoz regional, Miguel Ángel García Martín.